“Esta reforma tributaria, tal como la presentó el Gobierno, no va a pasar en el Congreso”

Son muchos los pros y los contras que hay sobre el proyecto de ley de solidaridad sostenible, pero en lo que sí hay consenso es en que se deben mejorar las finanzas de la Nación. De hecho, en entrevista con LR, el presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, habló sobre la necesidad de aumentar los ingresos de la Nación, así como los cambios que se podrían hacer a la propuesta del Gobierno.

¿En qué situación se encuentran las finanzas públicas en este momento?

La crisis económica y social ocasionada por la pandemia del covid-19 no tiene precedentes en la historia moderna. Este es un problema de escala global, todos los países se han visto afectados. En Colombia, generó la contracción económica más profunda de la que se tenga registro, la economía decreció 6,8% en 2020.

La pandemia obligó acciones de emergencia, un incremento del gasto público para adecuar la red de servicios de salud, atender las necesidades de la población más vulnerable, y auxiliar a las empresas que lo requirieron con apoyos a la nómina. Además, los efectos del choque económico, asociado a las medidas de contención de la pandemia (como las cuarentenas), han golpeado los ingresos de las familias y de las empresas, y en consecuencia se ha reducido el recaudo tributario.

En resumen, hay un hueco fiscal, ha crecido el endeudamiento, y se necesita más gasto para apoyar la población que ha caído en pobreza extrema y para recuperar la actividad económica. Estamos en un problema muy serio.

¿Qué cifras nos dan luces sobre este escenario que describe?

En 2020 el déficit fiscal alcanzó 7,8% del PIB y en 2021 podría alcanzar 8,6%, mientras que antes de la pandemia era 3,2% en promedio (2015 – 2019). La deuda pública en Colombia pasó de 32% del PIB en 2012 a 44% en el 2018, la crisis la ha llevado a 55% a cierre de 2020, y llegaría a 65% en 2021.

Esta situación es preocupante porque si no se estabiliza se compromete la sostenibilidad fiscal y el grado de inversión del país, lo cual tiene consecuencias nefastas en el mediano y largo plazo, ya que de estos aspectos depende la llegada de capital, la generación de más empleos, la provisión de bienes públicos, y el financiamiento de programas sociales. Esta situación a la larga tiene consecuencias negativas sobre el futuro y la calidad de vida de las personas y las familias.

¿Es necesaria una reforma tributaria en este momento tan difícil para los colombianos?

Esta reforma, tal cual fue presentada, no va a pasar en el Congreso, es necesario modificarla. Temas que gravan servicios públicos, conectividad, pensiones, la cadena de costos de los alimentos, o salarios bajos, difícilmente pueden ser considerados. Sin embargo, en este escenario, tenemos que mirar todas las alternativas posibles. Existen unas necesidades concretas que demandan soluciones por el bien de todos.

La Ley de Solidaridad Sostenible ha planteado una discusión pública, a la cual nos estábamos demorando en llegar, alrededor de temas fundamentales para el futuro del país. Ya el Gobierno Nacional hizo el ejercicio y presentó una propuesta al Congreso, ahora nos toca a todos discutirla con responsabilidad para lograr los consensos que sean necesarios en la búsqueda de subsanar los problemas que nos ha ocasionado la pandemia.

Este debate debe darse pensando en el bien común, no en una recolecta de votos para las próximas elecciones ni en objetivos ‘cortoplacistas’ que no contribuyen a solucionar problemas estructurales del país.

¿Cuáles son entonces las alternativas que se deben tener en cuenta antes que hacer una reforma tributaria?

En ProBogotá hemos estudiado la situación fiscal del país y hemos recomendado que la austeridad, la eficiencia, y la calidad tienen que ser principios rectores del gasto público. Sin duda es importante que se hagan recortes fiscales.

Si hacemos el ejercicio que algunos sectores políticos proponen de disminuir el tamaño del Congreso y de algunas instituciones judiciales, fusionar ministerios, eliminar consejerías, limitar los gastos en publicidad, entre otras; el ahorro sería de máximo $3 billones, 0.9% del presupuesto total de la Nación. Entonces este tipo de medidas, por sí solas, se quedan cortas en la intención de subsanar el hueco fiscal y conseguir el dinero para solucionar los problemas profundos que ha dejado la pandemia.

El esfuerzo debe ir mas allá del recorte de gastos destinados al funcionamiento del Estado, también hemos estudiado la opción de incrementar el nivel de endeudamiento de Colombia que ha sido tradicionalmente conservador. Comparado con países de la región la deuda como porcentaje del PIB es de 80 % en promedio. Y si miramos economías desarrolladas, su promedio de endeudamiento llega hasta 132 % del PIB.

Colombia mantiene un nivel de endeudamiento de 61,4 % del PIB, que, comparado con países con un ingreso similar, es un nivel de deuda bajo, por eso consideramos que es viable aumentar el endeudamiento hasta un 70 % del PIB. Mire, cuando las calificadoras revisan la capacidad de pago de los países, tienen en consideración, entre otras, las reservas internacionales del país. En nuestro caso, estas se han mantenido en 21,4 % del PIB.

Es importante captar ingresos de regalías fruto del aprovechamiento ambientalmente sostenible de los recursos naturales. Es necesario aprovechar la oportunidad para incrementar la producción en estos sectores, y evitar la explotación ilegal que se encuentran en manos de grupos al margen de la ley, y encaminarlos hacia la inversión en el desarrollo de las regiones.

¿Qué cambios propone a la reforma planteada por el Gobierno Nacional?

Es necesario revisar la estructura del ICA. Al ser un impuesto que grava los ingresos y no las utilidades, es altamente distorsivo y genera asimetría en la competitividad de las ciudades. En especial para Bogotá que es la ciudad que presenta las tarifas más altas, esto desincentiva la formación de un ecosistema empresarial competitivo en la capital, en relación con otras ciudades principales.

Si bien Colombia es el país en la Ocde que menos ingresos recauda por impuestos a las personas naturales, gravar ingresos entre $2,5 y $5 millones tiene un impacto importante sobre el la capacidad adquisitiva de muchas personas. Si se simplifican las tarifas en el impuesto de renta corporativa y a personas a través de un impuesto plano, tendríamos un sistema más simple, más transparente, más claro y, en consecuencia, más proclive a la inversión. Si aplicamos el mismo principio de simplificación al IVA con una tasa generalizada permitiría reducir la tarifa hasta 10%.

Por último, recordando la experiencia exitosa del impuesto al patrimonio para la preservación de la seguridad democrática, debería evaluarse la implementación de un impuesto al patrimonio de carácter limitado y temporal orientado al financiar el gasto social acompañado de un plan transparente de asignaciones que permita medir su impacto.

¿Qué espera el sector privado de esta reforma?

Si se busca incrementar los ingresos de las personas para ampliar la base tributaria, se debe buscar estimular la inversión de capital en el país, no desestimularla conservando un sistema tributario complejo y con tarifas significativamente altas.

En ese sentido, una petición constante cada que se habla de reformas fiscales es el alivio de la carga sobre las empresas para estimular la creación de empleo, que es la verdadera solución a los problemas a los que nos enfrentamos hoy. De los países de la Ocde, Colombia es el que recauda de las empresas el mayor porcentaje de sus ingresos por tributos. Los impuestos corporativos en Colombia representan 24,5% del recaudo total. Adicionalmente, las empresas deben pagar aranceles, estampillas, ICA, entre otros impuestos que terminan generando distorsiones.

¿Cómo afectan la inversión privada en Bogotá esos impuestos que menciona?

Bogotá tiene las tarifas de ICA más altas entre las cuatro ciudades mas grandes del país y eso es un claro desincentivo para la creación de empresas, ya que este impuesto no grava las utilidades sino los ingresos brutos que tengan.

Si tomamos el ejemplo de la tarifa de ICA para actividades financieras, en Bogotá esta alcanza 11.04% de los ingresos, mientras que en Medellín, Cali y Barranquilla no pasan de 5.5%. Esto, sumado a la alta carga impositiva del orden nacional, termina generando que no sea tan atractivo invertir en Bogotá, que, dicho sea de paso, es la ciudad que mas contribuye al recaudo del país. Luego, todos sabemos que menos inversión de capital se traduce en menos empleo y mayores tasas de informalidad.

El proyecto de reforma, en su artículo 156, faculta a las ciudades capitales para instalar peajes urbanos como fuente de financiación de la infraestructura de movilidad. ¿Qué concepto tiene de la medida?

Los Bogotanos, de acuerdo con el INRIX 2020, perdimos 133 horas en trancones y somos la segunda ciudad más congestionada del mundo. Hacer más eficiente la movilidad de nuestras ciudades es una de las tareas más urgentes que debemos acometer para mejorar la calidad de vida, del aire y la competitividad.

La Misión de Ciudades, realizada hace unos años por el DNP, midió el impacto del tiempo ocupado en congestiones viales dentro de las ciudades colombianas y el resultado fue que perdemos 2 % del PIB, cerca de $16 billones anuales.

Con estas cifras, las medidas de gestión de la movilidad son apremiantes, y los peajes urbanos tienen la ventaja que atacan dos problemas estructurales de nuestros sistemas; primero, buscan descongestionar la movilidad al interior de las ciudades incentivando el uso del sistema de transporte público y mitigar los efectos negativos de los trancones. Y segundo, contribuyen a la obtención de recursos adicionales para financiar la infraestructura de movilidad, siendo quiénes la usan los llamados a costear el peaje.

Analizadas desde la perspectiva fiscal, son fuentes alternativas de ingresos necesarias para nuestras municipalidades que cuentan con la virtud de no estar atadas a los resultados del desempeño económico. Y, el hecho de que los alcaldes sean las autoridades tarifarias, con independencia del gobierno nacional, fortalece la autonomía municipal.