Exministro de agricultura explica primer acuerdo de la Habana

En este libro, el exministro junto con Andrés Bernal Morales, exasesor jurídico del Ministerio de Agricultura, sostiene que en La Habana no se está negociando en secreto y que todo lo que se ha acordado en la Mesa de Conversaciones hasta el momento está publicado y es de conocimiento público. 

Restrepo Salazar habló con Colprensa sobre este libro en el que también lanza una alerta por la poca agilidad con que se está llevando a cabo el proceso de restitución de tierras a las víctimas del despojo. 

- ¿Qué objetivo tenían ustedes al publicar este libro? 
El objetivo principal de este libro es responder y desmitificar lo que se dice sobre el proceso de paz, de que hay unas cosas secretas, que se negocia bajo la mesa y esas cosas, porque no es así. Lo que hicimos con Andrés Bernal fue una cosa rigurosa, contando qué es lo que realmente ocurre en la Mesa de Conversaciones. 

- En el libro ustedes dicen que en este gobierno se han hecho algunos avances en términos de reforma agraria. ¿Cuáles fueron esos avances? 
Desde la primera hora de la administración Santos, aún bien antes de que surgiera la idea de tener unos diálogos con la guerrilla en La Habana, se pusieron en marcha una serie de políticas bastante novedosas para lo que es la historia agraria colombiana. 
Entre estas estaba la restitución de tierras, la formalización de la propiedad agraria y una nueva visión del desarrollo rural. Estas se empezaron a ejecutar durante los dos primeros años de gobierno, y luego sirvieron como marco de referencia para sentar el equipo negociador del Gobierno en La Habana a negociar ese punto primero. 
También hemos trabajado en las bases de una nueva visión del desarrollo rural, que quedaron plasmadas en un proyecto de ley que está listo para presentar al Congreso. 

- ¿Esto quiere decir que el Gobierno ya sabía lo que iba a negociar? 
Lo que quiere decir es que el Gobierno no llegó a improvisar a La Habana. En ese sentido estos diálogos son diferentes a los que se llevaron a cabo en El Caguán hace más de 15 años. En estos, el Gobierno llegó muy preparado. 
Cuando uno lee lo que se acordó en La Habana, uno se da cuenta de que eso coincide mucho con lo que se fue haciendo aquí, durante los primeros años del gobierno Santos. Lo de la restitución, lo de la recuperación de baldíos, lo de la formalización de la propiedad, en el libro se ve cómo eso sirvió de insumo a la negociación de La Habana. 

- Ese proyecto que usted mencionó antes, ¿por qué se va a presentar hasta ahora ante el Congreso? 
Ese proyecto lo venimos trabajando desde hace tiempo, pero por los temas que trata, la ley dice que debe pasar por consulta previa con las comunidades, eso es lo que se ha estado haciendo y lo que ha retrasado su formalización ante el Congreso. 

- Ustedes en el libro alertan sobre una desaceleración en el proceso de restitución de tierras. ¿A qué se refiere con eso? 
Lo que ha pasado en los últimos meses es que dos políticas como éstas que son cruciales, la de formalización de tierras y la de recuperación de baldíos, les han puesto el freno de mano, van a media maquina. Especialmente por los lados del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, que es la entidad encargada de ejecutar esas dos políticas. Quizás allí no hay el compromiso político suficiente. 
En los últimos meses hubo un proceso de malsana politización en algunas entidades, siendo una de ellas el Incoder. Entonces, el énfasis y el esfuerzo que se venía haciendo en la ejecución de políticas agrarias, que de por sí son difíciles porque se 'pisan callos' y tienen enemigos, se detuvo. Ahora el Instituto hizo la más fácil que es simplemente acomodar unas burocracias allí, a costo de no avanzar en estos procesos. 

- ¿Qué quiere decir con eso de que “se pisan callos”? 
Que se genera incomodidad e incluso confrontación con varios personajes. Primero de quienes se apoderaron indebidamente de tierras que no eran de ellos, ya sea de campesinos o del mismo Estado. Entonces, naturalmente todo el proceso de recuperación de esas tierras choca con el enemigo que quiere que el Gobierno desista de ello. 
Segundo, hay enemigos que no usan propiamente la violencia sino que utilizan la descalificación, y otras interferencias, porque querrían que no se hiciera nada. Esto para que se mantenga el statu quo de las tierras agrarias. Esa gente es una minoría, pero que tiene poder en los medios de comunicación y en algunos gremios. Lo que hacen ponerle trabas al proceso, para descalificar y deslegitimar estas políticas agrarias. 

- ¿Cuáles son los mitos que hay que derribar sobre el acuerdo agrario? 
Lo primero es que, de ninguna manera compromete la propiedad privada de las tierras bien habidas. Que de ninguna manera éste riñe con la Constitución o con las leyes. De manera que el argumento que se está esgrimiendo ahora mucho de que estas modificaciones agrarias, van a generar inseguridad jurídica, todo lo contrario. 
Lo que buscan es restablecer es una seguridad jurídica que se vulneró, cuando se despojó al campesino de su tierra o al Estado de su baldío, cuando no se han aplicado estos procesos agrarios en estos casos que he mencionado. Ahí es donde se está vulnerando la seguridad jurídica, no cuando se aplican las normas. 
En segundo lugar, el acuerdo de La Habana no es enemigo ni riñe con la empresa agraria de gran escala, no plantea un antagonismo y antes demuestra que en Colombia pueden coexistir los modelos de producción agrícola a gran escala por las grandes empresas, la mediana empresa agrícola y la pequeña empresa campesina. 
En tercer lugar, el acuerdo de La Habana en el fondo es un programa a largo plazo del postconflicto rural. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el postconflicto rural? Un gran programa de desarrollo, cuyas líneas básicas están reflejadas en el acuerdo de La Habana. 

- Usted habla en el libro del otorgamiento de bienes públicos a los campesinos para que sean productivos. ¿Cuáles son esos bienes públicos? 
Son básicamente inversiones públicas, inversiones de bienes públicos, no solo en agricultura, porque no se trata de dar tierras por darlas, sino dar tierras dotadas de servicios. Esto en contraposición de los subsidios directos que siempre se otorgan al que más ruido haga. 
Entre los más importantes están la asistencia técnica, que ya hemos comenzado, hoy 600 municipios cuentan con ésta. Riego y drenaje, que no es solo para grandes fincas como sucedió en el caso de Agro Ingreso Seguro, sino para comunidades pequeñas que se asocien. Ya se han hecho más de 200 emprendimientos de riego comunitario, esto habrá que magnificarlo o multiplicarlo en un postconflicto. 

- Estamos en semana electoral y cualquier cosa que se diga o se haga en público puede afectar alguna de las dos campañas. ¿Por qué publicar este libro ahora, faltando solo cinco días para la segunda vuelta electoral? 
La razón por la que lo lanzamos en esta época es que los tiempos han coincidido, la preparación de ese libro y su impresión nos llevó a lo que tenemos ahora. Pero también pienso que es un buen momento. Esto porque la paz ha sido tema central de este debate. 

- Este primer acuerdo guarda una muy estrecha relación con el tema de los cultivos de uso ilícito, que se acordó en el tercer punto de la agenda. ¿De qué manera involucra usted este tema en su libro? 
Cuando estábamos terminando de escribir este libro, se concluyó la negociación de los cultivos de uso ilícito. Alcanzamos a hacer una referencia y un vínculo de unión entre el desarrollo rural y el tema, pero obviamente no con detalle. 
La cuestión en sí es, por qué hay cultivos ilícitos en Colombia. Están porque hay una demanda de estupefacientes en los países industrializados. La razón por la cual muchos campesinos se dedican a esto es la falta de desarrollo rural. Por falta de alternativas legales, rentables entre las comunidades campesinas. 

- Uno de los temas que generaron más polémica durante la discusión de ese punto fue el de las Zonas de Reserva Campesina. ¿Qué papel van a jugar estas en este nuevo modelo agrario? 
Uno de los éxitos del primer acuerdo de la agenda con las Farc es haber convertido las propuestas, un poco disparatadas de las Farc en cosas factibles. Uno de los mejores ejemplos de esto es el tema de las ZRC. Éstas se crearon con la ley 160 de 1994. Las Zonas de Reserva Campesina son áreas debidamente delimitadas, en las cuales se pueden hacer programas específicos focalizados de apoyo al desarrollo agrario. Actualmente existen seis de ellas, todas creadas en gobiernos anteriores. 
Las Farc pedían 9 millones de hectáreas en ZRC, lo que equivale al doble de la totalidad de área cultivada en Colombia. También insistieron en que, en lugar de las seis zonas, querían 54 de estas en todo el país, todas con autonomía jurídica, política y potestad para hacer lo que yo llamo unas republiquetas. 
Todo eso era un disparate y nada de eso lo aceptó el Gobierno, nada de eso quedó plasmado en el acuerdo. Lo que dice el acuerdo sobre este tema es que “las ZRC pueden ser un elemento de desarrollo útil siempre y cuando se creen de conformidad con la ley que hoy las rige”. Es decir que no se ha cambiado nada respecto a este tema. 

- ¿Qué petición le haría al Gobierno de turno, en caso de que el presidente Santos no sea reelegido? 
Yo le pediría a quien sea que esté en el Gobierno, que no se vaya a cometer la torpeza de terminar con estos diálogos sin haber llegado a un acuerdo de paz. Detrás de todo eso hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucha filigrana que ayudará a avanzar al país. Desestimar lo que se ha hecho sería un error inmenso.