Más de 30 exministros y expertos alertan por falta de recursos para servicio de salud

Más de 30 exministros y excodirectores del Banco República; ocho ex directores del Departamento Nacional de Planeación, del Dane y de Colpensiones, entre otros expertos, enviaron una carta abierta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el que alertan de una posible desfinanciación de la prestación del servicio de salud para la segunda mitad del año.

En la misiva, los expertos en salud le solicitan al Gobierno trasladar $2,5 billones del Presupuesto General de la Nación, que actualmente están en el rubro de “apoyo a programas de desarrollo de la salud ley 100 de 1993” hacia el de “aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales en salud (ley 100 de 1993 y decreto 780 de 2016)”, que es el que garantiza la financiación de las UPC.

La Unidad de Pago por Capitación, UPC, es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud para cubrir las prestaciones de los servicios y tecnologías que se financian con dicha prima.

"De no efectuarse este traslado, el derecho a la salud estará gravemente comprometido en la segunda mitad del año, en un contexto fiscal adverso con recortes y aplazamientos adicionales", dice la carta.

En total, son 164 expertos quienes firmaron la misiva, entre los que se encuentran, además de los mencionados, siete exviceministros de salud, 43 expertos en seguridad social y ocho expertos como Eduardo Lora.

En el documento aparecen los exministros Germán Arce, Carolina Barco, Gloria María Borrero, Carlos Caballero, Humberto de la Calle, Alejandro Gaviria, Rudolf Hommes y Salomón Kalmanovitz.

También están otros expertos como Jairo Núñez Méndez, María Claudia Lacouture, Francisco Lloreda, Armando Montenegro, Santiago Montenegro, Carolina Soto, Carolina Suárez Otero, María Fernanda Suárez y César E. Tamayo.

Dentro de los 10 fundamentos que entregaron los expertos, dicen que, de manera inédita, el Ministerio de Salud decidió apropiar$5,05 billones para usos distintos a los que se habían planeado originalmente para garantizar el aseguramiento.

Aseguran que los recursos priorizan otras áreas como la financiación de personal e infraestructura en las regiones, que aunque importantes, requieren inversiones con recursos nuevos y no ser objeto del desplazamiento de los recursos que hoy en día se utilizan para prestar servicios de salud.

"Su empleo inapropiado ha afectado la efectiva realización de este derecho. A la fecha se han girado $1,6 billones y se registra una disminución en su apropiación por $900.000 millones (aún a la espera de identificar a qué rubro se adicionarán esos recursos), quedando disponibles $2,5 billones, según información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)", dice la carta.

Añade que el aseguramiento es una prioridad legal y constitucional por su rol en la protección directa del derecho a la salud. "La jurisprudencia constitucional ha insistido en que los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos deben girarse de manera oportuna y prioritaria como medio para proteger el derecho fundamental a la salud", aseguran los expertos.

También alertan que hasta la fecha se necesitan $2,3 billones para financiar la UPC, según el ritmo de gasto hasta mayo. "La UPC financia más del 97% de los servicios de salud y es la garantía del derecho fundamental", dice la carta.

"De no llevarse a cabo este traslado presupuestal, el Ministerio de Salud y Protección Social estaría incumpliendo el mandato legal, puesto que la Ley le exige al Gobierno Nacional destinar los recursos suficientes de manera prioritaria para garantizar la universalización del aseguramiento en salud (artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015). Por consiguiente, es fundamental apropiar los recursos necesarios para garantizar el pago completo de UPC y Presupuestos Máximos de 2024", concluyeron.

La alerta por la falta de recursos para asegurar el servicio de salud al cierre de año se da en vísperas de presentarse un nuevo intento de reforma.

Dos millones de usuarios se verán afectados por falta de recursos

De acuerdo con el investigador de Fedesarrollo, Jairo Núñez Méndez, que también es uno de los firmantes de la carta, alrededor de dos millones de usuarios del sistema de salud se verían afectados por el desvío de recursos que hizo el Ministerio de Salud en su presupuesto.

“Ya se están viendo los efectos porque las EPS saben que los recursos no existen en este momento. Entonces, comienzan a hacer restricción de acceso a consultas, procedimientos, hospitalizaciones, entrega de medicamentos, entre otros”, dijo Núñez.