Fedesarrollo se suma a las voces de alerta por Reforma al Sistema de Participaciones
martes, 22 de octubre de 2024
El centro de pensamiento aseguró que en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían a 8,4% del PIB y representaría un alza de 65%
Se siguen sumando las voces de alerta por el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones, SGP, y que está a punto de aprobarse en el Congreso de la República.
El más reciente fue el centro de estudios Fedesarrollo, que aseguró en un informe que el proyecto busca aumentar la proporción de las transferencias a departamentos y municipios, pasando de 23,8% actual al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un período de diez años. Dijo que esto haría que en 2036 las transferencias del SGP representen 8,4% del PIB, un incremento del 65%.
“Un aumento de 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, advirtió Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
Agregó que este incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal. Con la reforma, el déficit pasaría de 3,1% del PIB a 6,4% en 2036. "Como resultado, la deuda del gobierno superaría el límite del 71% del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenaría una crisis fiscal", dijo el centro de estudios.
En este escenario, Fedesarrollo aseguró que se incrementaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza. Dentro de las propuestas que entregó Mejía está que el aumento en los ingresos corrientes sea de 30%, y no de 46,5% como se propone.
“Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó Mejía.
Las advertencias de Fedesarrollo se suman a las del mismo Ministerio de Hacienda, que negó el aval fiscal al proyecto, y al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que aseguró que golpearía la presión fiscal.