Fenalco se refirió sobre su decisión de no asistir a la mesa de concertación del mínimo

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, respondió a la carta que el había enviado el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre la decisión del líder gremial de no participar en las sesiones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales para este año.

Allí se indicó que la participación de las organizaciones gremiales en los procesos de concertación constituye un derecho constitucional, "cuyo ejercicio está condicionado a la existencia de garantías reales y verificables de interlocución efectiva, las cuales no dependen de la discrecionalidad del Gobierno, sino que se derivan de la Constitución Política".

Agregaron que la Constitución garantiza la autonomía de las organizaciones de empleadores y prohíbe cualquier forma de injerencia indebida del Estado en su funcionamiento y en sus decisiones.

“Las condiciones mínimas de un diálogo social auténtico se ven comprometidas cuando altos funcionarios del Gobierno anuncian públicamente, antes del inicio formal de la concertación, incrementos del salario mínimo de dos dígitos, como ocurre en el proceso correspondiente para el 2026. Estas declaraciones anticipadas condicionan el escenario deliberativo, afectan la neutralidad del proceso y desnaturalizan la concertación tripartita”, señaló Cabal.

El líder gremial aseguró que no le corresponde al Gobierno calificar, cuestionar o deslegitimar las decisiones de una asociación de empleadores, ni determinar el contenido de las posiciones gremiales.

Cabal agregó que el Gobierno recurre ahora a un "discurso atractivo y populista, dirigido a tenderos y pequeños comerciantes", pero que en la práctica los ha perjudicado con las decisiones como la implementación del "mal llamado impuesto saludable o iniciativas como la reforma tributaria y la reforma laboral, que incluyen disposiciones que afectaron de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los tenderos y a los emprendedores".

Explicaron que los incrementos del mínimo por encima de la inflación y la productividad podrían generar impactos negativos sobre el empleo formal, en especial en los sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la base del comercio nacional.

“La Comisión Permanente de Concertación debe ser un espacio de deliberación real y no un escenario de validación formal de decisiones anunciadas previamente por el Gobierno”, apuntó Cabal.