Gobernación del Valle anuncia sanación de sus finanzas departamentales

Tras la presentación del Proyecto de Ordenanza No. 016 “Por medio de la cual se conceden facultades al Gobernador del Valle del Cauca para promover y celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento, en los términos de la Ley 550 de 1999”, la Gobernación del Valle busca salvaguardar la inversión social y estabilizar sus finanzas.

Así lo explicó ante las Comisiones de Plan de Desarrollo y la de Asuntos Económicos y Fiscales, Javier Roldán Barbosa Secretario de Hacienda del Valle.

Roldán Barbosa  expuso las razones que motivaron la iniciativa por parte del Gobierno Departamental, las ventajas de acogerse a la Ley 550 de 1999, el proceso a seguir y cómo se financiará el saneamiento fiscal del Departamento.

“La razón de ser del Departamento es la inversión social y por eso el acogerse a  esta medida nos permitirá rescatarla para atender las necesidades de nuestro territorio y sus comunidades. Por esa y otras ventajas, como por ejemplo, normalizar el pasivo pensional, restablecer la capacidad de pago de la entidad, renegociar la deuda pública con el sector financiero, mantener la categoría especial del Departamento y reorientar las rentas para superar el déficit fiscal, el Gobierno responsablemente debe acogerse a esta Ley”, explicó el funcionario.

Roldán dijo ante los Diputados asistentes, que hasta abril de 2012, el Ente Departamental tiene más de 3.000 procesos y demandas en contra, con pretensiones que superan los  $762. 000 millones.

Además, tiene obligaciones por pagar con más de 1.800 días de mora, por valor de $112.000  millones, medidas cautelares que superan los $40.000  millones, por cuenta de demandas interpuestas por la Unión de Pensionados y Jubilados del Valle; Concesiones de Infraestructura S.A., Empresa Social del Estado Antonio Nariño y el Instituto de Seguros Sociales, y embargos practicados por valor de $83.086 millones.

En el Proyecto de Ordenanza, espera cobijar acreencias  por $560.000 millones, distribuidas así: Empleados y pensionados, $81.549 millones; Entidades Públicas y Seguro Social, $205.596 millones; Entidades Financieras, $137.446 millones y Acreedores y Proveedores, $ 135.682 millones.

“Las acreencias antes mencionadas, serán cubiertas con el 20% de los ingresos corrientes de libre destinación, los cuales corresponden a diversos impuestos recaudados por el Ente, así como el 100% de la sobretasa al Acpm estampilla Prodesarrollo, depósitos judiciales y el Desahorro del Fonpet para el pago de pasivos pensionales”, sostuvo Roldán.

La proyección de los pagos será así: $110.279 millones en el 2012; $127.053 millones, en el 2013; $ 129.210 millones, en el 2014 y $73.001 millones, en el 2015.

Frente a la exposición, los diputados ponentes del proyecto,  Luis Alfonso Chávez Rivera, Hugo Armando Bohórquez Chavarro, Luis Orlando Mina, Carlos Alberto Bejarano Castillo y Luis Arley Ossa González, solicitaron al Gobierno Departamental aclaración en varios puntos del proyecto y acciones a implementar, entre ellas, la consolidación de la información financiera y económica, la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la realización de la Reforma estructural y administrativa, la elaboración del cálculo actuarial, la concreción de las estrategias para mejorar el recaudo de las rentas departamentales y el informe periódico de la implementación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
Otro cuestionamiento por parte de los Asambleístas fue el de si para la formulación del Plan de Desarrollo Departamental se tuvo en cuenta las repercusiones presupuestales del acogerse a la Ley 550.