Gobierno buscará cambiar metodología de regulación tarifaria de servicios públicos

Aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gas envió una carta el 14 de febrero a la ministra de Minas, Irene Vélez, en la que se pide principalmente mantener la institucionalidad del sector, ayer se firmó el decreto con el que el presidente, Gustavo Petro, asumirá la regulación de los servicios públicos por tres meses.

Se decretó entonces "reasumir por el término de tres meses a partir de la vigencia del presente decreto, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 de 11 de julio de 1994, serán ejercidas por el Presidente de la República".

Aunque el Presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector, surgen varias dudas para comprender totalmente, por ejemplo, los cambios que se darán en la estructura y funcionamiento de las Comisiones. También quedan preguntas sobre cómo operará el modelo comparado al de hoy, pues en el Decreto no se especifica.

El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, dijo en entrevista con LR que no se bajarán directamente las tarifas, sino que se rediseñarán las metodologías.

"El presidente asume las funciones de carácter general, no particular, y el objetivo es rediseñar las metodologías para fijar y establecer las tarifas de, principalmente, la energía, porque fue el tema más controvertido por el alza desmesurada, pero consideramos que dentro de estas facultades se van a tocar metodologías de tarifas de acueducto y aseo".

Quiroga explicó que la medida solamente durará tres meses porque "no queremos alargar la solución, en vista de que se ha venido hablando con las Comisiones Reguladoras. Especialmente en el caso de la energía se hizo un pacto tarifario, pero no se han dado los resultados que esperábamos".

Se están desarrollando reuniones entre las comisiones técnicas y se acudiría a otras instituciones que tienen personal técnico para definir. "Ya hay propuestas pero deben ser analizadas entre todos a ver cuál es la más conveniente. También venimos hablando con la Asociación Nacional de Prestadores de Servicios de Energía y Gas y otros prestadores, se han recibido observaciones y propuestas porque la metodología que está funcionando hoy no ha servido", dijo el superintendente.

Sin embargo, los expertos señalan riesgos en la injerencia del 'factor político' en las tarifas, quitando independencia. Hemberth Suárez, abogado y socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en sector energético, dice que "la autonomía e independencia que ha caracterizado al regulador para tomar decisiones técnicas se vería afectada en la medida en que tendría una injerencia (un factor político) frente a un mercado que se ha caracterizado por una injerencia de competencia y de desarrollo técnico especializado".

Suárez agrega que el esquema actual para la expedición de las resoluciones funciona, en primer lugar, creando un componente técnico de la resolución, que se socializa y se presenta para comentarios de todos los agentes. Luego, la Creg recibe esos comentarios y hace los ajustes escuchando y atendiendo las sugerencias y, finalmente, se expide la resolución. "El presidente debería hacer lo mismo; estos pasos obedecen a las reglas Ocde que venimos implementando en Colombia".

Otra de las dudas que deja la decisión del Presidente es qué pasará en medio del fenómeno de El Niño, que llegaría en julio. La misma Creg, en su carta a la ministra, aseguró que intervenir los precios del mercado mayorista de energía implica una distorsión en el comportamiento del mercado que elimina la posibilidad de usar el precio como mecanismo de racionalización de los embalses, con lo que se traslada al Estado el riesgo de la operación.

"De esta forma, si se llegase a presentar en el próximo verano una situación de hidrología seca extrema, frente a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de “El Niño”, tendríamos un muy complejo panorama con el riesgo de enfrentar la posibilidad de no atender la demanda en forma continua", dice en el documento.

Pero en cuanto a las inquietudes el superintendente insiste en que no se trata de que el Presidente vaya a sacar un decreto en el que se baje, por ejemplo, 10% de la tarifa. "Las metodologías estarán sujetas a apreciaciones que tengan los generadores", resalta Quiroga.

¿Cuáles serían los pasos a seguir entonces?

Según el superintendente, primero son las reuniones técnicas, se tendrá en cuenta el efecto de incertidumbre y la percepción de riesgo a futuro. Luego seguramente habrá reuniones con los prestadores de servicios públicos y con las organizaciones de usuarios para que presenten observaciones. "El presidente no va a poner en riesgo a las empresas ni habrá un apagón" agrega.

En 1994, según la Creg, el servicio se prestaba a 6,7 millones usuarios y en 2022 lo recibieron 16,5 millones de usuarios, de manera que los sistemas de distribución absorbieron todo el crecimiento demográfico, económico y social de casi tres décadas y pasaron de un nivel de cobertura de 86,3% al 96,41%.