Gobierno decreta nueva emergencia para recaudar $8 billones con impuesto a empresas

Tras la fuerte temporada de lluvias y la tragedia que está viviendo Córdoba, el Gobierno de Gustavo Petro anunció una nueva emergencia económica para poder atender la crisis, siendo esta la cuarta durante su mandato.

El Ministerio de Hacienda apunta a un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 uvt, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.

Por encima de este umbral, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas tendría una tarifa de 1,2%. Según cifras del Ministerio de Hacienda, este nuevo tributo afectaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría un recaudo estimado de $8 billones.

“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, dijo Ávila previo a publicar el decreto.

Carga impositiva supera 80%

Si bien la intención es clara y pretende ayudar con la crítica situación que vive la región de Montería, este impuesto al patrimonio para personas jurídicas afectará a cerca de 15.000 sociedades. El problema radica en que la carga impositiva, en el balance final de impuestos, supera 80%.

Actualmente, para las sociedades que no tienen ninguna sobretasa, existe una tarifa de renta corporativa para las empresas que es de 35%. Sin embargo, sectores minero-energético y financiero, sí poseen sobretasas en renta, elevando la cifra hasta 40%.

Adicionalmente, cuando una empresa paga renta, lo hace con el objetivo de generar utilidades, pagando un impuesto a los dividendos de las ganancias de hasta 39% para personas naturales y de 20% cuando son personas naturales o jurídicas extranjeras.

A esto se suma el impuesto al valor agregado, IVA, de 19%; el impuesto al patrimonio, vigente tras la Reforma Tributaria, con tarifas entre 0,5% y 5%; el pago del ICA, que oscila entre 0,4% y 1,2% según la jurisdicción donde se generan los ingresos; el impuesto a las ganancias ocasionales; así como el gravamen a los movimientos financieros y los aportes parafiscales, que en conjunto superan 4%.

Asimismo, Julio Toro, socio de Toro Asociados, señaló que a todo ello se suman las contribuciones vinculadas a la seguridad social y demás cargas parafiscales, “lo que incrementa el costo total de operar formalmente”. Con la suma de estos impuestos, la carga impositiva se ubica entre 70% y 80%.