Gobierno dejará radicado proyecto para prohibir fracking antes del cambio de mandato

A pocos días de concluir su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscará dejar en trámite una de sus principales apuestas en materia energética. Los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente radicarán el próximo 20 de julio un proyecto de ley que propone prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia.

La iniciativa será presentada durante la instalación del Congreso para el periodo legislativo 2026-2030, apenas días antes de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Con ello, la administración saliente pretende que el debate quede en manos del nuevo Legislativo, aunque su futuro dependerá de las mayorías que se conformen y de la posición que adopte el próximo Gobierno.

El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la inauguración de proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar.

Según explicó el funcionario, el proyecto será presentado junto con congresistas del Pacto Histórico y busca impedir el desarrollo de la fracturación hidráulica con base en estudios que, según el Gobierno, evidencian los riesgos ambientales, sociales y de salud pública asociados a esta tecnología.

"Con la ministra de Ambiente acordamos presentar el próximo 20 de julio el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y los ecosistemas", afirmó Palma.

El ministro sostuvo que durante años distintos gobiernos promovieron esta técnica como una alternativa para fortalecer la producción de hidrocarburos, pero aseguró que esa estrategia no produjo los resultados esperados.

"Defenderemos la transición energética y haremos todo lo posible para impedir que esta práctica ponga en riesgo los territorios y el patrimonio ambiental del país", agregó.

Contraste con el gobierno entrante
La propuesta se presenta en un contexto de diferencias entre la administración saliente y el Gobierno que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha manifestado su intención de impulsar nuevamente la exploración y producción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales, entre ellas el fracking, al considerar que podrían fortalecer la seguridad energética y aumentar la producción de petróleo y gas.

No obstante, el mandatario electo ha señalado que cualquier desarrollo deberá respetar la legislación ambiental vigente y excluir zonas de especial protección, como los páramos y otras áreas ambientalmente sensibles.

El anuncio del proyecto de ley coincidió con la puesta en operación de dos iniciativas de energía solar en Cesar, donde el Gobierno entregó 2.494 paneles solares destinados a abastecer de electricidad a más de 4.300 habitantes de Becerril y Curumaní.

Las obras representaron inversiones por $36.000 millones y, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, producirán cerca de 1.870 megavatios hora (MWh) de energía al año.

La cartera también estima que los proyectos evitarán la emisión de aproximadamente 340 toneladas anuales de dióxido de carbono y tendrán una vida útil cercana a los 25 años. Para Palma, este tipo de iniciativas reflejan el alcance social de la transición energética.

"La transición energética solo tiene sentido cuando mejora la calidad de vida de las personas. Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía puede llegar a los territorios históricamente excluidos", afirmó.

Balance del sector
Durante su intervención, el ministro también se refirió al proceso de empalme con la administración entrante y aseguró que, aunque no continuarán algunos espacios de articulación institucional, el Ministerio mantendrá disponibles los canales de información para garantizar la continuidad de la gestión.

Según el balance presentado por la cartera, Colombia cuenta actualmente con 848 comunidades energéticas en funcionamiento, las cuales benefician a más de 567.000 personas, atienden alrededor de 42.200 usuarios y suman una capacidad instalada de 29,68 megavatios pico (MWp), con inversiones superiores a $382.900 millones.

Con la radicación del proyecto antifracking, el Gobierno Petro busca dejar encaminada una de las iniciativas más representativas de su política de transición energética, aunque será el nuevo Congreso y la administración de Abelardo de la Espriella los que definirán el futuro de la propuesta.