Gobierno busca que se radique ponencia de la pensional antes de terminar la semana
jueves, 16 de mayo de 2024
El gobierno y sus fuerzas en el Congreso trabajan en contrarreloj con la finalidad de radicar ponencia para el tercer debate en Cámara
El 20 de junio es el plazo máximo que tiene el Gobierno Nacional y los miembros del legislativo para que se apruebe la reforma pensional en la Cámara de Representantes, después de que se lograra recibir el visto bueno del Senado. Si esto no se llega a cumplir, el proyecto de ley se hundirá.
Por esa razón, los miembros del Congreso y el Ejecutivo están trabajando a contrarreloj para radicar la ponencia esta misma semana y se pueda iniciar el debate entre los representantes, en medio de las discusiones sobre los cambios que debería tener la reforma.
Una de ellas, es la solicitud del presidente Gustavo Petro de volver a incrementar el umbral de cotización que separará a los regímenes públicos y privados hasta los cuatro salarios mínimos.
El representante Víctor Salcedo, del Partido de la U, le aseguró a LR que el umbral aprobado en el Senado de 2,3 salarios mínimos "es muy alto pensando en la sostenibilidad fiscal del sistema".
Y añadió: "insistiremos en que el Ministerio de Hacienda debe presentarnos el aval fiscal y sustentarlo en la comisión; también creemos que la vigencia debe ser desde 2026 para que el periodo de transición sea sin traumatismos y que Colpensiones esté preparado".
Según afirmó el congresista, podría apoyar la presentación de la ponencia si se llega a consenso con el gobierno en cuatro puntos: el establecimiento del monto de las comisiones que tendrán las administradoras de los recursos del ahorro individual; la entrada en vigencia de la ley; el aval fiscal del Ministerio de Hacienda; y el umbral, el cual según Salcedo, debe ser de 1,5 salarios mínimos.
Para Salcedo, los tiempos de discusión están muy ajustados y desde su partido aún hay puntos sin acordar, a pesar de que el Gobierno pretende radicar la ponencia hoy mismo. "La pelota está en la cancha del Gobierno", dijo.
La representante de la Alianza Verde, Martha Alfonso, será la coordinadora ponente, y señaló que "venimos trabajando con el equipo de ponentes, excepto los de oposición, en la construcción de acuerdos para sacar adelante la ponencia a primer debate en Cámara de Representantes en la Comisión Séptima".
Y agregó que lo se pretenden es "cumplir con la fecha establecida de la Comisión Séptima que es el viernes 17 de mayo. Además, todavía hay acuerdos en temas relacionados con la vigencia de la ley, distribución de cotizaciones y otros temas de redacción de los artículos. Esperamos que hoy podamos entregar un parte de concertación para avanzar en la reforma".
Además se destaca la participación de Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, como otro de los coordinadores de la iniciativa.
Otros responsables del texto serán Héctor Chaparro, del Partido Liberal; Juan Corzo, de Centro Democrático; Betsy Pérez de Cambio Radical; Germán Gómez, de Comunes y Juan Carlos Vargas, de las curules de paz.
También estarán Jorge Quevedo del Partido Conservador y Alexandra Vásquez del Pacto Histórico, quien se ha manifestado sobre este asunto en sus redes sociales.
La postura de Asofondos
Asofondos, el gremio que reúne a los fondos del régimen privado, asegura que ha estado de acuerdo con la necesidad de que haya una reforma, principalmente, porque el actual sistema sigue con una cobertura muy baja, pues solo uno de cada tres trabajadores cotiza y solo uno de cada cuatro se jubila.
Además, asegura Asofondos, el régimen de Colpensiones es financieramente insostenible y el sistema debe ajustarse para enfrentar el envejecimiento de la población, que hará que haya menos cotizantes activos por cada adulto mayor.
Si bien ha destacado la unificación del sistema, la eliminación de los subsidios a las pensiones altas y la ampliación y formalización del Pilar Solidario, que permitirá mejorar el subsidio de Colombia Mayor, considera que el sistema que resultaría de la reforma no es sostenible en el tiempo.
Una de las razones, es que no tiene en cuenta la marcada transición demográfica del país y traslada la mayoría de los afiliados al régimen de reparto, que considera insostenible.