Gobierno pide investigar a constructoras por alzas injustificadas en el valor de la vivienda
domingo, 4 de enero de 2026
Bajo este contexto, solicitó a la Superintendencia de Vigilancia adelantar las investigaciones correspondientes y aplicar sanciones si se comprueban irregularidades
El presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia contra algunas empresas constructoras por lo que calificó como prácticas engañosas en la fijación de los precios de la vivienda.
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario pidió a las constructoras dejar de afirmar a sus clientes que el valor de los inmuebles debe indexarse al mismo porcentaje del salario vital, señalando que esa práctica constituye una “estafa delictiva”.
Petro argumentó que el costo laboral representa solo una parte del costo total de la construcción y que, además, varios materiales importados utilizados en la vivienda nueva han registrado caídas en sus precios, lo que -según el presidente- contradice los incrementos que estarían trasladándose a los compradores.
Bajo este contexto, solicitó a la Superintendencia de Vigilancia adelantar las investigaciones correspondientes y aplicar sanciones si se comprueban irregularidades.
Por otro lado, el jefe de Estado también pidió al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar recursos de subsidios a aquellas constructoras que, según sus palabras, estén estafando a los clientes en este momento. La advertencia se da en medio de los esfuerzos del Gobierno por controlar los precios de la vivienda y garantizar mayor transparencia en el acceso a subsidios para la compra de inmuebles.
La vivienda será afectada por el aumento del mínimo
El incremento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7%, más allá del impacto directo en los ingresos de los trabajadores, la medida tendrá efectos importantes en múltiples bienes y servicios que están indexados al salario mínimo o dependen de costos laborales; esto reabre el debate sobre el costo de vida para el siguiente año.
El sector vivienda es uno de los más sensibles al aumento del salario mínimo debido a la indexación directa de la Vivienda de Interés Social, VIS, cuyos precios máximos se calculan en salarios mínimos legales mensuales vigentes; con el nuevo salario, los topes aumentan de manera automática y significativa.
Una vivienda VIS de hasta 150 salarios mínimos pasaría de costar aproximadamente $213 millones a $262 millones, lo que representa un incremento cercano a $49 millones. En el caso de viviendas de hasta 135 salarios mínimos, el precio sube de $192 millones a cerca de $236 millones, es decir, más de $44 millones adicionales.
Este ajuste encarece el acceso a vivienda para hogares de ingresos bajos y medios, especialmente si los subsidios estatales no crecen al mismo ritmo.
Por otro lado, este aumento también afecta a la Vivienda de Interés Prioritario, VIP, cuyos precios y subsidios están definidos en salarios mínimos. Desde el Gobierno se ha planteado la posibilidad de desindexar estos topes para evitar que el salario mínimo termine expulsando a más familias del mercado formal de vivienda, aunque por ahora los valores se ajustan automáticamente.
De acuerdo con un informe de Banco Popular, para el gobierno de Gustavo Petro se proyecta un incremento acumulado de $78 millones para VIS y $52,2 millones para VIP, lo que implicaría una variación de 48,6%, tomando en cuenta un aumento salarial de 11% para el otro año.
“Uno de los efectos más preocupantes es el impacto sobre los precios de las viviendas destinadas a población de bajos ingresos”, señaló Julián Cortés, analista económico senior del Banco Popular.
Además, Camacol también aseguró que este choque de costos podría generar un incremento cercano a 4% en los costos totales de construcción, presión que, inevitablemente, termina trasladándose al precio final de la vivienda.
“Mejorar el ingreso de quienes hoy están en el empleo formal no puede hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social. El resultado termina siendo más exclusión y menor bienestar”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.
Por último, el gremio estima que el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse a 10%, afectando directamente a los segmentos que estas políticas buscan proteger.