Gobierno revisaría costos de peajes y combustibles para levantar paro camionero

En total, se negocian 17 temas de los cuales el Ministerio de Transporte recibió objeción de cinco, relacionados con el costo de los peajes, costo de combustibles y chatarrización entre otros.

Sobre el costo de los peajes, el Gobierno elevó dos propuestas, la primera consiste en actualizar de forma inmediata la variable y revisar los costos en puntos como Carimagua, Manguito y San Onofre.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte “con esta estrategia se mitigarán los costos y los incrementos serán graduales para no golpear los costos de los transportadores”.

En el caso de los combustibles, se propuso incluir el valor del ajuste dentro del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

Sobre esta herramienta, la propuesta consiste en modifica su estructura con la cooperación del Observatorio Nacional de Transporte de Carga,  en el cual deben participar todos los actores de la cadena para modernizar la política de carga del país.

Además, el Ministerio de Transporte destinará $150.000 millones para dar continuidad a la chatarrización en 2016, además de asignar $800.000 millones para los próximos años.

El viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, dijo sobre esta contrapropuesta que “entendemos que los doce puntos restantes están acordados y esta propuesta se concentra en presentar las alternativas de solución que esperamos permitan terminar la inmovilización y llegar a un acuerdo”.

Constructores argumentan pérdidas por paro

Camacol señaló que el paro esta afectando la construcción de cerca de de 180.000 viviendas y 5 millones de metros cuadrados de actividad no residencial, sumado a las pérdidas del sector industrial y comercial, que despacha cerca de $70.000 millones diarios en materiales y productos.

Sandra Forero, presidente de Camacol, aseguró que “el impacto es generalizado en todas las regiones y la mayoría de sectores productivos, afectando la operación de las empresas, poniendo en riesgo empleo y a la población civil”.