Reunión de emergencia económica entre el Gobierno y Gobernadores termina sin acuerdos

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, afirmó que no es acertado plantear una confrontación entre los gobernadores y el Gobierno nacional y señaló que la reunión sostenida fue un primer paso para expresar las preocupaciones de los territorios, aunque consideró que debió realizarse antes de la expedición del decreto de emergencia económica

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también se pronunció tras la reunión sostenida con el Gobierno nacional y expresó su inconformidad frente a la postura del Ministerio de Hacienda sobre el carácter central de los recursos. Señaló que, si bien Colombia es una nación unitaria, también es un Estado descentralizado con autonomía regional, y recordó que las rentas cedidas a los territorios están establecidas constitucionalmente.

Señaló que estos recursos son indispensables para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte, y advirtió que su afectación pondría en riesgo obligaciones clave de los departamentos, en especial la financiación del régimen subsidiado de salud.

Toro indicó que en el Valle del Cauca el recaudo por el impuesto al cigarrillo ha caído cerca de 40% debido al contrabando, lo que agrava el impacto de cualquier ajuste tributario y limita la capacidad de los territorios para cumplir con estos derechos

Tras la reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el encuentro se limitó a una fotografía y no a un espacio efectivo de discusión.

Indicó que los mandatarios seccionales quedaron a la espera de la decisión de la Corte Constitucional y que, en su caso particular, no había solicitado dicha reunión. Añadió que, durante esta misma semana, acudirán a la Corte para solicitar la suspensión de los efectos del decreto de emergencia económica, especialmente en lo relacionado con los aspectos tributarios.

Rendón sostuvo que, si al finalizar el mes la Corte Constitucional no se ha pronunciado, el departamento de Antioquia mantendrá la posición adoptada y hará uso de los mecanismos jurídicos disponibles frente al decreto de excepción impositiva. A su juicio, las medidas contempladas en la emergencia económica vulneran los artículos 294 y 362 de la Constitución Política y afectan de manera grave las finanzas territoriales.

Tras una jornada de diálogo con autoridades territoriales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que existe un consenso sobre los problemas identificados y que, en caso de que estas cargas tributarias afecten la recaudación destinada a los presupuestos departamentales y municipales, la Nación asumirá los recursos necesarios para cubrir cualquier faltante.

Según explicó el ministro, durante el encuentro quedó claro que la preocupación central de los territorios es la estabilidad de sus finanzas, especialmente en rubros sensibles que dependen en gran medida de estos ingresos. Benedetti destacó que el Gobierno reconoce ese riesgo y que no permitirá que las regiones vean comprometidos sus presupuestos por la aplicación de estas medidas.

“El consenso fue total en torno a los problemas identificados. Si los impuestos al licor y al tabaco llegan a impactar negativamente la recaudación de los entes territoriales, la Nación responderá y garantizará los recursos que hagan falta”, afirmó el jefe de la cartera política.

También participa la Federación Nacional de Departamentos, FND, en la mesa de trabajo que se inició entre los gobiernos departamentales, el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, y el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, con el propósito de analizar las preocupaciones relacionadas con la estabilidad financiera de las regiones ante la implementación del Decreto 1474 de 2025.

A esta hora, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Hacienda, Germán Ávila, siguen en la reunión con los gobernadores para evaluar la situación relacionada con la emergencia económica.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue enfático en que los departamentos no deben decidir de forma selectiva qué normas acatan. “No es competencia de los departamentos, de las autoridades administrativas, juzgar selectivamente qué norma aplicar o no”, afirmó.

Rey explicó que, aunque algunos gobernadores han planteado invocar la excepción de inconstitucionalidad para no aplicar el decreto, su posición es distinta. “Nosotros hemos dicho que no invocaremos esta figura ni este mecanismo”. Para el mandatario, esa decisión corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, que ya estudia el decreto y podría pronunciarse en un plazo de tres a cuatro meses.

Hasta la sede del Ministerio llegó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien advirtió que el aumento de precios podría agravar un problema ya existente y es el contrabando.

“Nosotros ya tenemos una investigación desde la Federación de Departamentos que muestra que el contrabando ha aumentado en 36% y que estas estructuras se han fortalecido financieramente. Sin embargo, el ambiente es bueno para la reunión”, señaló.

La alerta no es menor si se tiene en cuenta que el consumo de cigarrillos y licores, históricamente más alto entre hombres adultos, tiende a desplazarse hacia mercados ilegales cuando los precios suben, lo que reduce el recaudo y fortalece economías criminales.