Gobierno tomará 12% de la energía de las generadoras con decreto de emergencia
sábado, 24 de enero de 2026
El MinHacienda expidió un decreto con el que pretende poner un impuesto de 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de estas empresas
Esta semana, justo antes de cumplirse los 30 días de la emergencia económica, el Gobierno expidió un segundo decreto que, junto con el primero, busca el recaudo de $12 billones, de los $16,3 billones que contemplaba la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso. Las medidas no cayeron nada bien en el sector energético, pues con este decreto, los platos rotos los pagan las empresas generadoras de energía.
El Gobierno creó, para la vigencia fiscal de 2026, un aporte en especie a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios que desarrollen la actividad de generación de energía eléctrica hidráulica en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado.
Con esta medida, deberán entregar energía eléctrica para garantizar la continuidad del servicio en las compañías que están intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El aporte en especie corresponderá a 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista y se distribuirá de manera proporcional entre las empresas intervenidas, con liquidación mensual.
“La contraprestación en energía impuesta a los generadores hidráulicos introduce distorsiones al mercado, improvisación regulatoria y cruces de cuentas que no ofrecen soluciones reales a los problemas de prestación del servicio en la región Caribe”, dijo Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg.
Hemberth Suárez, socio director de OGE Energy, explicó que lo particular de este artículo es que no establece el pago de un impuesto en dinero, sino en especie. “Como generadores, se nos exige entregar un porcentaje de la energía producida a favor de las empresas intervenidas, lo cual constituye otro aspecto claramente desfavorable. En la práctica, esta medida se asemeja a una expropiación encubierta, pues implica quitarle al generador una parte de su energía en especie”, señaló.
El decreto también creó una contribución parafiscal destinada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se aplicará sobre la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025. La contribución será de 2,5% sobre la base gravable definida y deberá pagarse en dos plazos, conforme a lo establecido en la norma.
El primer pago deberá efectuarse el 2 de febrero, por un monto equivalente a 1,25%, y se liquidará inicialmente con base en la información certificada de los estados financieros de la vigencia 2024, reportados a la Superservicios, sin que ello modifique la base gravable correspondiente a la vigencia fiscal 2025.
El segundo pago deberá realizarse el 15 de mayo de 2026, correspondiente a 1,25% relacionado con la presentación de los estados financieros de la vigencia fiscal 2025. Además, el decreto también advierte que la mora en el pago causará intereses a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Castañeda dijo que gravar a las generadoras en medio de una crisis no resuelve los problemas estructurales. “Por el contrario, traslada al sector productivo cargas que no le corresponden, debilita la institucionalidad y rompe las reglas de juego que han garantizado energía para los colombianos”.
El dirigente gremial aseguró que pretender que las generadoras deban autopagarse deudas derivadas de la intervención de empresas como Air-e es una decisión “que erosiona la confianza, castiga a quienes cumplen y envía un mensaje negativo a la inversión nacional e internacional”.
Esta no sería la última medida, pues el Gobierno confirmó que prorrogará la emergencia económica para buscar el faltante de los $16,3 billones.