Gremios alertan riesgo sistémico en sector eléctrico y apoyan alza temporal en tarifas

En relación con el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que propone un incremento de $8 por kWh en el componente de restricciones de la fórmula tarifaria del servicio de energía eléctrica, en las últimas horas los Intergremiales del Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, manifiestaron las siguientes consideraciones.

En primera lugar, dicen que "la medida anunciada busca evitar una crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional por el efecto de las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida con generadores, transmisores y otros agentes del mercado, que representan aproximadamente el 40% de la demanda de energía del país. Esas deudas, a corte de diciembre pasado, sumaron $2,5 billones, con crecimiento mensual cercano a los $145.000 millones, según datos del Ministerio de Minas y Energía".

Aseguran que la insuficiencia de caja operativa de Air-e Intervenida se ha trasladado progresivamente a los transmisores y generadores de energía. Esta situación ha llevado a que las termoeléctricas alcancen el límite de su capacidad para adquirir el gas natural requerido para su operación, el cual además debe pagarse de manera anticipada. "De persistir este escenario, existe un alto riesgo de apagones en la Región Caribe por falta de generación, lo que podría materializar un riesgo sistémico para todo el Sistema Eléctrico Nacional".

Agregan que el riesgo que enfrenta actualmente la Región Caribe no constituye un problema aislado de carácter regional, sino una amenaza directa a la continuidad del suministro de energía en todo el país, dado que la generación térmica es un soporte fundamental del sistema eléctrico nacional. Un eventual colapso de Air-e Intervenida y de las termoeléctricas podría conducir a un racionamiento generalizado de energía.

Otra de la recomendación es que "el incremento propuesto en las tarifas representa aproximadamente un 1% adicional sobre el valor que actualmente pagan los usuarios en sus facturas. Este esfuerzo colectivo merece ser valorado, en la medida en que contribuiría a garantizar la continuidad del servicio y a mitigar el riesgo sistémico que podría afectar gravemente la estabilidad del sector eléctrico nacional".

Los Intergremiales del Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, coinciden en que la crisis actual tiene su origen en la suspensión de la medida de limitación de suministro a los comercializadores y distribuidores de la Región Caribe, mecanismo que se aplica cuando estos dejan de pagar a los generadores la energía consumida, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 116 de 1998. "Dicha suspensión, ordenada por el Gobierno nacional, ha alterado las condiciones normales de operación del mercado y ha generado un impacto financiero significativo sobre las termoeléctricas, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Air-e Intervenida".

Para ellos resulta evidente que el Gobierno nacional no contó con un plan de gestión adecuado para respaldar la administración derivada de la intervención de Air-e, ni ha recurrido oportunamente a otras fuentes de recursos disponibles que permitieran dotarla de la liquidez necesaria para operar sin restricciones financieras.

"Con base en lo anterior, y ante la inminencia de que se materialice un riesgo sistémico, así como la urgencia de superarlo, consideramos ineludible aceptar la propuesta del Gobierno nacional de incrementar en $8 por kWh el componente de restricciones en las tarifas de energía, con el fin de atender parcialmente la deuda de Air-e Intervenida con los generadores, transmisores y demás agentes del mercado mayorista".

Condiciones

Agregan que no obstante, su respaldo a esta medida está condicionado a que el proyecto de resolución contemple:

"Un período de aplicación transitorio y claramente definido, que finalice una vez se recauden los recursos necesarios para cubrir total o parcialmente las deudas de Air-e Intervenida con los agentes del mercado. Para ello, la resolución debe establecer de manera explícita el monto total a recaudar, el valor de las obligaciones a pagar y los criterios técnicos, medibles y verificables que sustenten la medida, garantizando así la continuidad del servicio y la normalización de las condiciones financieras del Sistema Eléctrico Nacional".

También, un análisis técnico que demuestre que el impacto del incremento en el costo de las restricciones dentro de la fórmula tarifaria es inferior al costo económico que tendría un eventual racionamiento de energía y la prolongación de la situación extraordinaria sobre la estabilidad del sistema eléctrico del país.

En otra parte del comunicado se lee que es clave, "una aclaración expresa de los fundamentos jurídicos que sustenten que este cargo transitorio no implica que los usuarios de todo el país estén pagando por la energía consumida exclusivamente en los tres departamentos atendidos por Air-e Intervenida; que no constituye un subsidio a los usuarios de la Región Caribe; y que no configura un impuesto, dado que los recursos recaudados no ingresarán al Presupuesto General de la Nación ni financiarán gasto público".

Finalmente, más allá de la medida contemplada en el proyecto de resolución, resulta para ellos urgente avanzar hacia una solución estructural que implique un cambio en el modelo de gestión del sistema eléctrico de la Región Caribe. "Este nuevo enfoque debe reconocer las condiciones de pobreza extrema que superan ampliamente el promedio nacional, la limitada capacidad de pago de los usuarios, la profundización de la pobreza energética y el rezago histórico en la prestación del servicio de energía en la región".