Gremios cuestionaron alza de 9% a la UPC del contributivo e irán a la Corte Constitucional

El incremento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social, generó descontento en diferentes gremios del sector salud, entre ellos, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, las cuales recalcaron que un incremento de 9% en el régimen contributivo no es suficiente.

Acemi

Una de las primeras en reaccionar fue Ana María Vesga, presidenta de Acemi, quien afirmó que el alza de la UPC para el próximo año tiene varias implicaciones y, aunque destacó que el aumento a 16,5% en el régimen subsidiado permite cerrar una brecha histórica y aliviar las problemáticas de más de la mitad de esta población, afirmó que "para el régimen contributivo, no obstante, el aumento está muy lejos de lo que se esperaría, más sobre el hecho de que en este se concentra la mayor cantidad de proporción del gasto en salud".

Vesga aseguró que, en conversaciones pasadas entre el gremio y MinSalud, se había hablado de la necesidad de un aumento cercano a 17%, por lo que el incremento de 9% a la UPC del régimen contributivo "es, en realidad, un aumento real de 4% o 5% sobre la base de inflación para el año 2025".

Por otra parte, la presidenta señaló que el Gobierno no fue consistente y desconoció la crisis financiera y de atención que enfrenta el sistema de salud, pues "no se explica el generoso aumento en salario mínimo, con fuerte impacto sobre el sistema de salud, y el tímido incremento en UPC". Además, afirmó que los estudios para determinar los porcentajes de aumento no tuvieron en cuenta el alza de 23% al mínimo, pues más de 40% del gasto del sistema se va en nómina y gran parte de estos trabajadores recibe este sueldo.

"Desde luego, ese incremento afecta y va a afectar, de manera material, el gasto de salud durante el año 2026", agregó.

Sobre el pronunciamiento de MinSalud con respecto a que los aumentos de UPC de los años 2021 a 2024 fueron suficientes, Vesga indicó que la cartera "no reconoce que hay un rezago actual y muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas que hay entre aseguradoras y prestadores y en toda la crisis que se ha presentado para los pacientes y para la atención en los últimos años".

Sumado a esto, anunció que irá directamente a la Corte Constitucional, con una intención propositiva, para entregar una conclusión técnica sobre el gasto en salud en el país y la necesidad de financiamiento, con el fin de obtener un aumento en los recursos y poder mejorar, de forma sustancial, la atención en salud para los colombianos.

Andi

Por su parte, la Andi detalló que “el ajuste de esta cifra no es una negociación, es una decisión técnica bajo la responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda y el DNP”.

Según sus argumentos, un incremento inferior al que se necesita para reconocer la realidad de los servicios de salud, intercedidos por una población cada vez más deteriorada y por el incremento de los costos de producción de los servicios médicos, que se ven afectados por el incremento del salario mínimo y la inflación, profundizará la crisis de recursos y afectará de manera notable el acceso de los colombianos a su sistema de salud.

“Recordemos que, al cierre de 2025, se proyecta una siniestralidad de 105,9%, lo que significa que por cada $100 pesos que ingresan a las EPS, estas gastan casi $106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos”, añadió.

La Andi sostuvo que tal brecha ha generado un déficit operativo de $10,2 billones solo en este año. Con base en lo anterior y según el Sistema General de Seguridad Social en Salud, advirtió que ,para el próximo año, se requeriría un incremento mínimo de 15,6% en la UPC para estabilizar la operación corriente del sistema.

El gremio, en cabeza de Bruce Mac Master, explicó que, con los aumentos que fijó MinSalud, tanto para el régimen subsidiado como el contributivo, se requieren alrededor $113,4 billones y, con una proyección conservadora de las otras fuentes de ingresos del sistema, el aporte del Presupuesto General de la Nación debería ser de $45,9 billones.

“Este escenario dejaría cerca de $2,5 billones para otros usos. Instamos al Ministerio de Salud a reconsiderar esta decisión y apropiar estos recursos respetando el uso aprobado por parte del Congreso de la República”, afirmó la entidad.

Finalmente, indicó que, con el nivel de incremento de 9%, no se reconocen todos los costos de las atenciones para las personas afiliadas al régimen contributivo. Por lo que, en aquella sección, el déficit sería cercano a los $3,7 billones. “Estos recursos dejarían de llegar a clínicas y hospitales, a médicos y enfermeras y, finalmente, a pacientes y usuarios para cubrir el costo de sus servicios”.

Achc

A su turno, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Achc, compartió su preocupación sobre la brecha entre el incremento del salario mínimo y el ajuste de la UPC, especialmente para el régimen contributivo.

Aseguró que el sector salud esperaba un incremento cercano a 23,8%, en niveles equiparables con el mínimo, partiendo del precepto de que los costos laborales tienen gran incidencia en el gasto total del sistema. "Infortunadamente esto no es así, y por eso le pedimos al Gobierno Nacional que reconsidere especialmente la cifra del régimen contributivo”, agregó.

Giraldo envió un mensaje a MinSalud y le pidió expedir circulares obligatorias que garanticen que el incremento de la UPC se traslade a los contratos y tarifas con las IPC, para preservar el equilibrio; y también insistió en que se debe avanzar urgentemente en un Plan Extraordinario de Liquidez, que puede ser una medida con la que se enfrenten las deficiencias de liquidez del sector.

Afidro

Desde el gremio farmacéutico, se pronunció el presidente ejecutivo de Afidro, Ignacio Gaitán, quien respaldó a Vesga y aseguró que los análisis técnicos apuntaban a un incremento superior a 15% y el ajuste de 9% al régimen contributivo es insuficiente.

A su vez, advirtió que, teniendo en cuenta los rezagos de los años pasados, el sistema de salud todavía atraviesa una crisis de desfinanciación y la decisión de MinSalud creará barreras de acceso e impactará directamente la vida de los pacientes.

Lamentó la falta de concertación y la determinación de una cifra que no fue resultado de un consenso. “No se cumple el mandato de la Corte Constitucional y en las mesas técnicas hubo pocos fundamentos para llegar a ese número”, dijo.