Gremios se oponen a la firma de Petro del decreto que convoca la consulta popular

Ayer el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a la consulta popular que le preguntará a la ciudadanía sobre temas clave laborales y de la salud. La decisión del presidente generó una ola de críticas por parte de los gremios y expertos económicos, quienes advierten que la firma vulnera el orden constitucional.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro, anunció que el decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional y es allí donde se definirá si procede o, por el contrario, lo tumban.

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, expuso su desacuerdo con la firma del documento. "Convocar una consulta popular sin la autorización del Congreso vulnera el orden constitucional y atenta contra la estabilidad institucional del país", comentó el gremio e hizo un llamado a preservar la legalidad.

María Claudia Lacouture, presidente de AmCham, hizo un llamado al respeto por el orden público y la responsabilidad por el uso de los mecanismos de participación. Lacouture agregó que si el Congreso aprueba la reforma laboral, la consulta perdería su razón de ser.

"Adicionalmente, teniendo en cuenta que dicha reforma se encuentra aún en debate, resulta fundamental que, en el marco del ejercicio independiente que le confiere la Constitución, la Corte Constitucional valore la posibilidad de adoptar una medida provisional que evite un daño institucional innecesario y preserve la coherencia del orden jurídico", comentó la presidente del gremio.

Asimismo, el exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, señaló que con esta decisión el presidente no solo rompe el orden constitucional sino que también pone en riesgo la democracia del país.

"Habla además muy mal de usted que pretenda chantajear una decisión del congreso que tiene que tomar en Libertad. Eso es otra forma de romper con la independencia de las ramas del poder público", comentó Restrepo.

"Vamos a radicar demanda contra del Decreto 639 de 2025 a través del cual el Presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo. Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones", publicó la senadora Paloma Valencia en su cuenta de X.

Desde la Andi, el presidente de la asociación, Bruce Mac Master expuso que "el Senado estudió las preguntas presentadas por el gobierno y decidió negar la consulta popular. El gobierno está ignorando lo que el Congreso dijo".

"Esta desafortunada decisión erosiona gravemente nuestro orden constitucional y democrático y determina responsabilidad en cabeza de los servidores públicos por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, en los términos del Artículo 6 de la Constitución Política", se lee en el comunicado de prensa del gremio.

De la misma manera, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que "el ejecutivo, al tomar esta medida, viola flagrantemente el principio de división de poderes y muestra un claro desprecio por la soberanía popular, representada por el Congreso de la República".

Cabal agregó que la decisión sorprende que fue hecha en un momento en el que Colombia sufre una ola terrorista, está luchando contra la violencia y cuando acompañan de corazón a la recuperación de Miguel Uribe.

"Una consulta, con preguntas amañadas, que supone un gasto de más de $750.000 millones, en momentos en los que el déficit fiscal está desbordado por la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y que anticipa el debate electoral, cuando el orden público impide a los candidatos participar en la contienda, es muestra de una gran irresponsabilidad y evidencia escaso amor por la patria y respeto por las instituciones", finalizó el presidente del gremio.