Hacienda busca trasladar recursos del PGN al Fondo Milagro para atender el terremoto

El Congreso se tomó hasta el último día del plazo legal para estudiar el Presupuesto General de la Nación de 2024. En esa discusión contrarreloj, uno de los puntos que más se debatieron fue la facultad que la ponencia para segundo debate le daría al Ministerio de Hacienda para financiar la atención de la emergencia que dejó el terremoto.

Para ello, el documento establece que la cartera podría trasladar por decreto al Fondo Milagro tanto los saldos no comprometidos del PGN como otros recursos guardados en fondos especiales, fiducias públicas y demás patrimonios autónomos.

De acuerdo con el artículo 84, esos traslados servirían para la atención, recuperación y reconstrucción de los territorios afectados por el sismo e, incluso, para otras calamidades que se declararan durante 2027.

La ponencia también incorporó un artículo para incluir en el presupuesto de Hacienda una partida para el control del orden público y la prevención y atención de desastres, con la que también podrían financiarse proyectos de inversión registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública.

Según el texto, esos recursos podrían distribuirse durante la ejecución para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, impulsar el desarrollo territorial y fortalecer los programas sociales.

Otro de los frentes de discusión fueron los subsidios energéticos, para los cuales el artículo 52 planteó que puedan financiarse con los recursos que quedaran a cierre de 2026 en los antiguos fondos del sector: Fazni, Faer y Prone y en la Cuota de Fomento de Gas, hoy fusionados en el Fonenergía. Con esos remanentes también podrían cancelarse otros proyectos de fuentes alternativas de energía.

En la misma línea, el artículo 71 de la ponencia debatida le daba dos caminos a Hacienda para atender las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. Primero, usar las apropiaciones del servicio de la deuda que no estuvieran comprometidas; y segundo, compensar los pasivos con los dividendos de Ecopetrol a favor de la Nación.

De otro lado, la discusión del PGN pasó por el artículo 60 de la ponencia, el cual proponía cancelar con deuda pública las obligaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y del Invias surgidas de sentencias y conciliaciones por contratos de concesión. Esas condenas se pagarían con bonos u otros títulos de deuda pública emitidos hasta por $500.000 millones.

Junto con este, otro artículo debatido en el Congreso planteó que lo recaudado en peajes de las vías nacionales no concesionadas sea invertido por el Invias en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la misma vía donde se cobra.

A su vez, la ponencia daba más autonomía a las empresas industriales y comerciales, las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos en las que la Nación tuviera 90% o más de participación, pues estipulaba que decisiones de presupuesto y de vigencias futuras solo estarían a cargo de las juntas directivas, sin necesidad del concepto de ninguna entidad del Gobierno.

En cuanto a la distribución, los parlamentarios discutieron que los recursos liberados con el recorte a la deuda sean repartidos entre varios sectores, dejando al MinHacienda como el más beneficiado, con una adición de más de $4,5 billones.

Detrás aparece Minas y Energía, que recibiría $3 billones adicionales para subsidiar las tarifas de energía, gas por redes y GLP, y el transporte de combustibles en zonas de frontera, con lo que el sector pasaría de $7,5 billones a $10,51 billones.

Aún con todos esos movimientos, la estructura general se mantiene en que Salud conservaría la sección más grande, con $79,07 billones; seguida por Educación, con $78,77 billones, y Trabajo, con $58,82 billones.