“Hay creciente hostilidad hacia el sector petrolero, la tendencia no es buena”

Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, está en la ACP desde enero de 1994, cuando Colombia producía unos 120.000 barriles diarios. Ha conocido un crecimiento del sector en la última década que no auguraba ni en sus previsiones más optimistas.

Gracias a la seguridad, los cambios en las condiciones impositivas y contractuales, y la subida de los precios del crudo, pasaron de unos 12 pozos exploratorios a 140, el año pasado.

Martínez dejará la presidencia de la ACP luego de 20 años representando al sector privado. Pero, antes de irse el próximo primero de agosto, alerta sobre un peligro que pone en riesgo la expansión del sector.

No consiguieron la meta gubernamental del millón de barriles de petróleo.

Los ataques terroristas no lo permitieron, aunque terminaremos el año en el millón o un poco por debajo. Yo distinguiría entre el tema coyuntural, esos ataques, y las tendencias del largo plazo, que son las preocupantes. Venimos de un crecimiento muy vigoroso y rápido y en los últimos dos años se ha desacelerado. Entrevisté a los presidentes de las compañías y la mayoría quiere mantener o aumentar la inversión y no lo están pudiendo hacer por los ataques terroristas, que han crecido en los últimos tres años en Putumayo, Arauca y Catatumbo; las demoras e incertidumbre en el otorgamiento de la licencia ambiental, y la conflictividad sociopolítica que se está presentando en las regiones petroleras.

¿Les gustó a las compañías petroleras el triunfo de Santos y su proceso de paz?
Creo que sí, pero los atentados no son un problema generalizado, están atacando regiones específicas, el resto opera sin problemas. Soy optimista con que las Fuerzas Militares, que anunciaron que aumentarán el pie de fuerza en esas regiones, y el proceso de paz, van a disminuir los ataques.

Una de las exigencias de las Farc son las Zonas de Reserva Campesina, el Catatumbo entre otras. ¿Le preocupa al inversor extranjero o ni se han enterado?
Claro que sí. Creo que se está planteando en una forma equivocada un conflicto entre el petróleo y el desarrollo agrícola. Nosotros no somos un obstáculo. He visto ejemplos de complementariedad entre ambos. Pero van a tratar de impedir que haya petróleo en ciertas regiones apartadas para hacer un desarrollo minifundista. Si las Farc quieren ejercer política, a Dios gracias política y no balas, y tomar decisiones sobre el uso del suelo, lo harán con la idea de que el petróleo entra en conflicto con la agricultura y van a impedir el desarrollo petrolero.

¿Es un factor que frena la inversión extranjera en esas regiones?
No, lo que creo es que implica un reto. No dejan de invertir, piensan ya vendrá ese momento y se manejará. Y si no se puede, pues no se puede. El problema es de demoras en las licencias. Antes tardaban seis meses en otorgarlas, ahora catorce.

¿Cuál es la razón?
La subjetividad prima, porque la forma de manejar cada expediente depende del profesional al que le caiga, hay una gran discrecionalidad que genera incertidumbre. Se deben estandarizar los procesos. Yo ahí soy optimista porque llevamos tres años trabajando con el Gobierno y creo que se han encontrado las medidas a tomar, lo que pasa es que ha sido demorado. Estamos esperando el último borrador de los términos de referencia.

¿Y la conflictividad social?
Es muy difícil de manejar en unas regiones donde los niveles de gobernabilidad son muy bajos, y se está exacerbado por el cambio en el régimen de regalías, porque sienten que hubo un despojo. Hay una creciente hostilidad hacia el sector petrolero y bloquear las operaciones genera réditos económicos, políticos, es un fenómeno que está creciendo. La tendencia no es buena, solo el año pasado fueron más que 500 bloqueos. Hace cuatro años eran temas ambientales, luego vías, pasó a contratación de mano de obra local. Hoy día el principal disparador de los bloqueos son los temas laborales. Las compañías siguen manteniendo el interés, porque Colombia tiene un potencial interesante, pero no es sostenible en la medida en que no se pueden ejecutar sus presupuestos. Y otros países se están moviendo para atraer inversión como México, Argentina y Estados Unidos.

¿Qué le pediría al nuevo Gobierno?
Acompañamiento al sector en la región para afrontar estos problemas. Cuando tienen que intervenir las instituciones para arbitrar, no están porque hay un problema muy fuerte de debilidad institucional. Y no preocupan los estándares (para otorgar licencias ambientales), solo saber de antemano a qué atenerse.