Energía

Hay retrasos en 82% de los proyectos de energías renovables ubicados en La Guajira

Según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia cayó en el Índice de Transición Energética por el retraso en proyectos de fuentes no convencionales

Juliana Valentina Arenales

En un escenario en el que Colombia cayó 10 puestos en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), expertos aseguraron que el principal factor de esa caída fue el retraso de proyectos de energías renovables. Para el Gobierno, el principal motivo fue el retraso en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (Fncer) en La Guajira.

Según la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Colombia cayó porque “en la subasta que se hizo en 2019 se les dio capacidad a los proyectos, a través de la Upme y, sin embargo, hoy están en el papel, porque se desconoció que era necesario un relacionamiento social y que no podíamos enfocarnos solo en la rentabilidad empresarial y debe ser un gana gana. Este Gobierno tiene una nueva política para precisamente superar el rezago que desde 2019 no se ha superado”.

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El atraso de La Guajira

De hecho, el Decreto 1085 del 2 de julio, en el que se declaró emergencia económica en La Guajira, indica que actualmente existen 17 proyectos de generación de energía renovable en la región. El porcentaje de avance promedio de los proyectos es de 28,81 %; y el porcentaje promedio de desfase de avance de los proyectos es de 54,65%.

El Ministerio asegura en el decreto que solamente dos de los proyectos han cumplido el cronograma trazado en el tiempo y 82% de los proyectos están atrasados. Aquí uno de los más relevantes es Windpeshi, que estaba en manos de Enel pero fue suspendido en mayo por conflictividad social.

“El fracaso de la transición energética en La Guajira deriva en la falta de un mercado que permita la subsistencia de las familias y la comunidad en general”, dice el Decreto. Esto ha afectado al menos 10 proyectos de energías renovables. Para 2031 se espera que 65 parques estén en funcionamiento, estos corresponden a una inversión que puede superar US$ 6.000 millones.

LOS CONTRASTES

  • Marco VeraDirector del Ceera

    “Se espera que con los nuevos acuerdos se logre avanzar, sobre todo en sacar adelante el proyecto de transmisión colectora, que va a ayudar a destrabar los demás”.

Marco Vera, director del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera), destaca que las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena) evidencian que Colombia no ha avanzado en las fuentes renovables.

Según este informe, de 2017 a 2021 las energías renovables crecieron 80%, pero por ejemplo, de 2020 a 2021 solo aumentó 5,4%. “Se tiene el plan de inversiones conforme al plan de subastas en el anterior Gobierno y La Guajira, que ha tenido los inconvenientes. Pero se espera que con los nuevos acuerdos se logre avanzar, sobre todo en sacar adelante el proyecto de transmisión colectora, que va a ayudar a destrabar el desarrollo de los demás proyectos eólicos”.

Vera asegura que esto permitirá avanzar proyectos de energía solar y eólica para Colombia, “no solamente en autogeneración, sino en la masificación de granjas solares. Por ejemplo, en las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) también hay un potencial por desarrollar”.

Las PCH fueron impulsadas en el Plan Nacional de Desarrollo, pues serán consideradas como Fncer para los beneficios tributarios de la Ley 1715.

El pacto por la transición enfrenta retos

Este pacto pretende destrabar 13% de la generación eólica en esta región y lo firmaron comunidades, autoridades regionales, empresas y la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER). La conflictividad social es uno de los desafíos más relevantes. Según Inés Elvira Vesga, socia de Holland & Knight “no se ven en el pacto acciones concretas, parece más un reconocimiento multiparte de la existencia de un conflicto, y se enuncian generalidades que ya están contempladas, comenzando por la Constitución Política como garantía de derechos sociales, económicos y ambientales, participación de las comunidades, inversión social”.

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