Impedimentos de seis magistrados aplazan decisión sobre decretos de emergencia en la Corte
lunes, 27 de abril de 2026
La decisión frenó el avance del análisis en la Sala Plena, que aún no adopta una determinación sobre la exequibilidad de las medidas
Seis magistrados de la Corte Constitucional de Colombia se declararon impedidos para estudiar la suspensión de tres decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica decretada para atender la crisis invernal en Córdoba.
Solo los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Héctor Carvajal y Juan Carlos Cortés no presentaron impedimentos.
La decisión frenó el avance del análisis en la Sala Plena, que aún no adopta una determinación sobre la exequibilidad de las medidas, entre ellas el impuesto al patrimonio establecido como parte de la respuesta gubernamental a la emergencia.
Según lo previsto, este martes los magistrados que no se declararon impedidos se reunirán para definir la designación de conjueces, quienes deberán resolver si se aceptan o no los impedimentos presentados. En caso de que sean rechazados, el miércoles podría producirse una decisión de fondo.
Entre los impedimentos, la magistrada Lina Escobar señaló que su labor como profesora de cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana podría representar un conflicto, dado que la institución estaría sujeta al pago del impuesto. En su escrito indicó que, aunque el tributo no la afecta de manera directa, sí impacta a la universidad en la que ejerce la docencia.
Por su parte, la magistrada y presidenta del alto tribunal, Paola Meneses, manifestó que su esposo, Luis Fernando Lizcano, se desempeña como jefe jurídico de Ecopetrol, entidad que también estaría obligada a pagar el impuesto. Además, señaló su vínculo académico con la Javeriana.
Otros impedimentos fueron presentados por la magistrada Natalia Ángel y los magistrados Carlos Camargo y Miguel Polo. Este último argumentó su actividad docente en la Javeriana y en la Universidad Católica de Colombia, indicando que una eventual decisión podría afectar a dichas instituciones.
Mientras la Sala Plena no resuelva estos impedimentos, el debate sobre la legalidad de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica permanece sin una conclusión.