Impuesto al patrimonio de nueva emergencia económica afectará a 15.000 empresas

La tragedia en Córdoba ya llevó al Gobierno a considerar medidas excepcionales. En medio del consejo de ministros realizado en Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se declarará una nueva emergencia económica para poder atender la crisis ocasionada por los fuertes aguaceros. (Sería la cuarta durante este Gobierno).

En esta ocasión, el Ministerio de Hacienda apuntará a un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 uvt, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.

Por encima de este umbral, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas tendría una tarifa de 1,2%. Según cifras del Ministerio de Hacienda, este nuevo tributo afectaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría un recaudo estimado de $8 billones.

“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, dijo Ávila.

Los miembros del gabinete aseguraron que, dadas las condiciones actuales del departamento, la medida sería “excepcional, en el sentido de que resulta sobreviniente frente a la realidad del país y demanda por parte del Gobierno la adopción de este tipo de medidas extraordinarias”.

César Cermeño, socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, señaló que la tributación de excepción no puede ser la vía para reemplazar una discusión seria que debería anteceder a cada modificación del sistema fiscal. “Las cifras dadas por el ministro parecieran repetir los vicios de la improvisación, que han sido castigados en otros escenarios por la ausencia de estudios serios, debate público y consideración de los verdaderos impactos económicos”.

Gobierno culpó al Congreso
El ministro Ávila afirmó que la emergencia económica declarada en diciembre obedecía a dos factores específicos: la decisión del Gobierno del expresidente Iván Duque de no incrementar el precio de la gasolina y abrir una brecha entre el precio internacional y el precio interno, lo que acumuló una deuda sustancial en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc); y la deuda que contrajo el gobierno anterior para enfrentar la pandemia.

“En ese contexto de complejidades se dio el debate para la aprobación de la ley de presupuesto. El Congreso de la República aprobó $546 billones, para lo cual se hizo un primer esfuerzo de reducir en cerca de $10 billones el presupuesto inicialmente estimado. Esto implicó, de entrada, un ejercicio de restricción presupuestal para llegar a un acuerdo en el Congreso”, dijo.

El ministro aseguró que la Ley del Presupuesto General de la Nación fue aprobada asociada directamente a una ley de financiamiento que debía generar ingresos tributarios por cerca de $16 billones, con los cuales se soportaría la financiación de ese presupuesto para este año.

“Sin embargo, el Congreso, en una medida irracional que no permitió siquiera un debate razonable, decidió hundir la ley de financiamiento. Con ello se generó una mayor presión fiscal sobre la situación del país y se estableció la necesidad de que el Gobierno tome decisiones para enfrentar una crisis fiscal que se agrava”.

El decreto de emergencia económica expedido en diciembre fue tumbado provisionalmente por la Corte Constitucional, mientras se adelantaba el estudio de fondo para verificar si cumplía con los requisitos que exige la normativa. Ante este escenario, el Gobierno aseguró que tendría que hacer un recorte presupuestal de $16 billones, días antes de la tragedia que azotó a Córdoba.