Insatisfacción del servicio de salud llegó a máximos con más de dos millones de quejas

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido nueve EPS en medio de la crisis financiera que atraviesa el sector. Gremios como Acemi han advertido en repetidas ocasiones, a lo largo de este mandato, sobre la insuficiencia de la UPC, es decir, el monto mínimo destinado para atender a cada usuario.

Mientras millones de pacientes de entidades prestadoras como Coosalud o Nueva EPS permanecen en incertidumbre sobre la continuidad de sus servicios, la Contraloría General de la República alertó sobre la situación del sector y señaló que en 2025 se alcanzó un nivel histórico de insatisfacción con el sistema de salud, con más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos.

Esto representó un aumento de 27,4% frente a 2024. Nueva EPS, Salud Total y Sanitas fueron las entidades con mayor número de PQR, al acumular 1,06 millones entre las tres.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, se refirió a este panorama y aseguró que “lo que evidenciamos es un grave deterioro, especialmente en las funciones que debe cumplir la Superintendencia de Salud. Las EPS presentan incumplimientos en los controles financieros y jurídicos. En particular, los patrimonios vienen en caída libre y se ha presentado un endeudamiento desbordado. La Nueva EPS, por ejemplo, aún no ha entregado los estados financieros”.

¿Qué está llevando a esta crisis en el sector? En su pronunciamiento, el órgano de control aseguró que “las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema”, por lo que convocará a la Superintendencia de Salud y a las EPS a una mesa de trabajo.

Las EPS sobre las que la Contraloría puso la lupa fueron Nueva EPS, actualmente la de mayor número de afiliados con 11,6 millones, y Famisanar.

Sobre Nueva EPS, el ente de control señaló que identificó un faltante de $4,9 billones en el registro de reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. En el caso de Famisanar, advirtió que el patrimonio pasó de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones al cierre de 2025.

La Contraloría enfatizó que la situación tampoco mejora en otras EPS intervenidas. Por ejemplo, en Coosalud los pasivos aumentaron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025. En Savia Salud, por su parte, el nivel de endeudamiento se disparó “de 4,41 a 11,73, es decir, 166%”.

Con este panorama, Rodríguez aseguró que “la persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”.

Por supuesto, el principal afectado por esta situación es el total de 52,4 millones de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, advirtió sobre el aumento en la incidencia de enfermedades crónicas entre 2015 y 2024, como cáncer, diabetes, enfermedades del sistema nervioso y trastornos mentales, lo que, según aseguró, hace aún más necesario incrementar el nivel de la UPC.

“Las medidas de intervención a nueve EPS, incluida Sanitas, llevaron a un caos en la atención de 24 millones de usuarios. Si la UPC es suficiente, ¿cómo se explica que las EPS intervenidas hayan visto un deterioro de 273% en su patrimonio? Esto sin incluir a Nueva EPS, que, como ya es sabido por la opinión pública, no presenta estados financieros desde hace tres años”, afirmó.

De acuerdo con datos presentados por Vesga como balance de las intervenciones, en promedio, una EPS intervenida pierde 665.000 afiliados tras este proceso. Además, el número de PQR no disminuye, sino que aumenta de manera significativa. Según las cifras expuestas, se calcula un incremento de 17,5% frente al nivel de PQR que registraban en el primer mes de la intervención.