“Con la doble calzada, viajar entre Cali y Popayán ahora tomará cerca de 90 minutos”

A principios de mes se concretó el cierre financiero del proyecto Nuevo Cauca, una concesión vial estratégica que contempla la construcción de una segunda calzada y la mejora de la vía existente entre Santander de Quilichao y Popayán.

En palabras de Julián Navarro, gerente general de la concesión Nuevo Cauca, la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, de 77 kilómetros, representa una apuesta por conectar de manera eficiente al suroccidente con el centro del país e impulsar su crecimiento económico

¿En qué consiste el proyecto y qué municipios abarca?

Se trata de un proyecto de cuarta generación de concesiones, adjudicado a Nuevo Cauca mediante el contrato 011 de 2015, y está dividido en cuatro unidades funcionales, de acuerdo con la estructuración de los estudios técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Incluye más de 60 kilómetros de mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente entre los municipios de Popayán, Totoró, Cajibío, Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao.

¿Qué beneficios traerá este proyecto vial?

El departamento del Cauca pasará de tener 13 kilómetros de doble calzada a 90, lo que impulsará el desarrollo, la inversión y la competitividad regional. En términos de tiempo, el recorrido entre Cali y Popayán se reducirá a cerca de una hora y media, frente a las hasta tres horas que puede tomar actualmente. Además, el proyecto impactará a cerca de 700.000 personas.

¿Cuál es el cronograma de entrega de las unidades?

La primera unidad funcional, entre Popayán y Piendamó, con una extensión de 19,08 kilómetros, y la cuarta, entre Mondomo y Santander de Quilichao, de 19,43 kilómetros, serán las primeras en ser entregadas, previsiblemente en 2026. Estas presentan avances de 67% y 79%, respectivamente.

El cronograma del proyecto se ha visto afectado por eventos de orden público. Las unidades dos, entre Piendamó y Pescador, con 21,82 kilómetros, y tres, entre Pescador y Mondomo, de 15,5 kilómetros, se entregarían en 2027.

¿Ya lograron el cierre financiero del proyecto 4G?

Así es. En el transcurso de este año se logró la suscripción de contratos con tres entidades financieras por un monto cercano a $1 billón. La primera de ellas es Grupo Cibest, que aportó aproximadamente 50% de la financiación bancaria, equivalente a $500.000 millones. A esto se suman los recursos del fondo Ashmore CAF, por $387.000 millones, y del fondo Smbc LarrainVial, que ingresó a la estructura de financiación con $117.490 millones.

¿Cuál es la estructura de financiación?

La primera parte de la financiación fue aportada por el accionista, a través de recursos de deuda subordinada y de equity. La segunda corresponde a la financiación por $1 billón, con la que se espera culminar las unidades funcionales uno y cuatro. Finalmente, con los recursos que se liberen por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura se pretende cubrir la financiación de las unidades funcionales dos y tres. Estos recursos ascienden a cerca de US$43 millones, que se liberarían una vez se entreguen las unidades funcionales.

¿Funciona como una alianza público-privada?

Así es. Se trata de una APP bajo el esquema de concesiones 4G, en la que la ANI ha venido depositando las vigencias futuras correspondientes. Existen recursos económicos significativos en las subcuentas del proyecto que se liberarán una vez se tenga derecho a la retribución, la cual se obtendrá tras la entrega de las cuatro unidades funcionales.

Con la caída de la tributaria están en riesgo las 4G, ¿qué garantías tienen para que el proyecto no se frene?

Lo primero es la confianza de los inversionistas, tanto de los bancos como de los accionistas de Nuevo Cauca. Actualmente existen cerca de US$250 millones en el patrimonio autónomo del proyecto, depositados por la ANI a través de vigencias futuras, lo que garantiza los recursos necesarios para su ejecución en el mediano plazo.

Si bien se han presentado algunos retrasos, contamos con la liquidez suficiente para continuar con la financiación y la ejecución del proyecto conforme a lo previsto en el modelo financiero.

¿Se han visto afectados por temas de orden público?

No podemos negar que el departamento del Cauca atraviesa una situación álgida en temas de orden público, bien sea por asuntos de seguridad o por manifestaciones de la comunidad que generan bloqueos.

En resumen, este año hemos tenido 65 eventos de orden público. De ellos, 50 han estado relacionados con seguridad, es decir, atentados, instalación de cilindros bomba, ataques a la Fuerza Pública y manifestaciones armadas por parte de grupos al margen de la ley.

A su vez, se han registrado 15 manifestaciones de las comunidades en lo corrido del año.

¿En qué repercute?

En retrasos e incumplimientos en los plazos del proyecto. Afortunadamente, dentro del contrato de concesión se han extendido algunos plazos para poder terminar y culminar las obras.

Inicialmente, teníamos previsto entregar en junio de 2026, pero por temas de orden público y el traslado de redes, el periodo se extendió hasta mediados de 2027.

Vivimos en medio del conflicto, pero no hemos parado de trabajar. Nuestra idea y compromiso es culminar las obras y entregarle una infraestructura vial moderna al departamento.

¿Cuántos empleos se generan con las obras?

Pese a las demoras en temas de licenciamiento social y ambiental, en 10 años hemos generado más de 5.000 empleos en la región. Hoy generamos 1.800 empleos directos y 250 indirectos.

¿Cómo les ha ido con el proceso de licenciamiento?

Aquí, las licencias ambientales fueron una condición precedente para el inicio de la fase de construcción, como en todo proyecto de infraestructura.

Las cuatro licencias se obtuvieron entre 2019 y 2022. Tenemos planes de compensación por 584 hectáreas alrededor del proyecto, bastante robustos.

También contamos con seis consultas previas protocolizadas, las cuales se están ejecutando y se vienen cumpliendo con la supervisión del Gobierno, a través del Ministerio del Interior.

Aparte del licenciamiento ambiental y de los compromisos sociales y comunitarios establecidos en el contrato de concesión, las entidades financieras involucradas imponen otros estándares de cumplimiento ambiental y social que debemos atender para el desembolso del crédito.