Justicia tarifaria y universalización son algunas propuestas de reforma a los servicios

El Departamento Nacional de Planeación, DPN, dijo que ya se consolidó el proyecto de ley de servicios públicos, el cual tiene como eje la ‘justicia tarifaria’, la universalización en la prestación de servicios públicos, los usuarios como centro de regulación, fortalecimiento institucional, focalización de subsidios y la participación comunitaria en la prestación del servicio.

Sin embargo, el DNP no avanza solo, sino con varias carteras, tales como Minas y Energía, Vivienda, Ambiente y TICs. Según los datos del DNP, hay 12,8 millones de personas sin acceso al servicio de acueducto de calidad, de las cuales, 3,2 millones no cuentan con fuentes o acceso a agua potable.

En cuanto a energía eléctrica, el sector aumentó en cobertura, alcanzando 94,9%; pero según datos de la misma entidad, aproximadamente 818.000 viviendas o cuatro millones de personas no cuenta con los servicios energía eléctrica. Ahora bien, aunque el DNP mencionó que la cobertura ha aumentado, “la calidad del servicio de energía es cinco veces mayor en Bogotá que en Caquetá”.

“En cuanto a electricidad, hay buena cobertura; pero aquí hay una gran tragedia, y es que estamos hablando de casi cinco millones de colombianos que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica. Ahora hay nuevas realidades del sector por la transición energética y el objetivo del Gobierno es ampliar la cobertura al derecho de acceder a la energía eléctrica”, mencionó Alexander López, director del DNP.

Y agregó, “nosotros consideramos que las perdidas no pueden seguir siendo asumidas por los usuarios, hay $2,7 billones en pérdidas, porque el marco tarifario que establece la Ley 142 de servicios públicos está en contra de los usuarios y a favor de los sectores que están obteniendo utilidades, y si bien no estamos contra eso, esto se tiene que regular, porque cuando hay pérdidas, estas se trasladan a los consumidores”.

Por su parte, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, afirmó que “estamos trabajando en una reforma teniendo en cuenta la crisis tarifaria que hay en varios sectores y la necesidad de garantizar que los servicios públicos sean un derecho. Logramos identificar los principales temas e incluiremos varias opiniones para hacer que la reforma solucione problemas en la prestación de servicios”.

Los contrastes

Para conocer el impacto que tendría este proyecto en caso de que llegue a mayor instancia, LR se comunicó con Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, quién afirmó que, “el proyecto está en borrador; pero lo que me parece preocupante es que el Gobierno pretenda que la regulación pase a manos de Presidencia.

Por otro lado, en cuanto a los gastos que generan las empresas prestadoras del servicio, “se ha dicho mucho de que los precios de la energía están basados en especulaciones; pero no ha habido ninguna investigación o proceso claro que deje evidencia sobre ello, todo se ha quedado en comentarios”, mencionó Acosta.

Luego agregó que, “gracias a la energía sostenible el Gobierno puede ampliar la cobertura de los servicios, no hay necesidad de modificar la ley, sin querer decir que esta es perfecta, y en los últimos años ha habido progresos en la generación de cobertura”.

Luego concluyó que, “si no funciona la Creg, que es el organismo fundamental en materia regulatoria, el sistema no falla por falta de regulación, sino por inoperancia del órgano regulador, y eso es culpa del Gobierno, que además ha sido señalado de desacatar lo que ordenó el Tribunal de Cundinamarca en cuanto al nombramiento de los funcionarios de la comisión reguladora”.

Por su parte, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, mencionó que, “mientras se discuta la modificación legal se puede dar una especie de parálisis o ralentización en la inversión, más si esta no tiene rigor, o no se da un proceso participativo en donde se vislumbren cambios significativos en lo relacionado con la libre competencia e igualdad entre las empresas públicas y privadas”.

¿Qué otros impactos puede tener la reforma y hasta dónde puede llegar?

Fabio Ardila, codirector de Energía en Cuatrecasas Colombia, mencionó que, “el Gobierno quiere dar la puntada a la justicia tarifaria mediante la cual quiere meter mano a las tarifas de energía. Como sus medidas no han sido efectivas o los jueces las han tumbado, este es el último recurso que van a utilizar; se planea volver a incrementar los montos de las sanciones a las empresas del sector, lo que afila los dientes de la Superintendencia. Sin embargo, no es claro que el Gobierno cuente con mayorías para que la ley sea aprobada”.