La CCI advierte riesgos tras la terminación anticipada de Autopistas del Caribe
jueves, 15 de enero de 2026
Según el presidente de la Cámara, la reversión del contrato interrumpe un esquema concebido bajo inversión privada y traslada al sector público responsabilidades clave
La terminación anticipada de la concesión Autopistas del Caribe, que opera el corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, implica que una vía estratégica del país pasará a ser asumida directamente por el Estado. Así lo advirtió el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, Juan Martín Caicedo, al referirse a la decisión adoptada por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el concesionario.
De acuerdo con Caicedo, la reversión del contrato interrumpe un esquema concebido bajo inversión privada y traslada al sector público responsabilidades clave. “La reversión interrumpe ese esquema, traslada al sector público la operación, el mantenimiento y la atención de contingencias, y abre interrogantes sobre la continuidad de la gestión técnica y de las inversiones en un eje crítico para la conexión entre los principales puertos del Caribe”, señaló. El directivo agregó que existe preocupación entre los usuarios de la vía y las comunidades de su área de influencia frente al futuro de un corredor que ha demostrado eficiencia y ha contribuido a la competitividad del norte del país.
La terminación anticipada del contrato fue formalizada el 29 de diciembre de 2025, tras un acuerdo de transacción entre Autopistas del Caribe S.A.S. y la ANI, que puso fin al Contrato de Concesión No. 002 de 2021. La decisión se produjo luego de una demanda presentada por el concesionario en mayo de 2024 ante un tribunal comercial internacional, en la que reclamaba perjuicios por $1,29 billones.
El origen del conflicto estuvo en los problemas financieros del proyecto, derivados de protestas sociales contra los peajes. Estas manifestaciones afectaron el recaudo en estaciones como Turbaco, Sabanagrande y Galapa, así como la instalación del peaje de Arroyo de Piedra, en el municipio de Luruaco. El proyecto estaba sustentado en el recaudo de seis peajes existentes y uno nuevo, con el objetivo de financiar obras estimadas en aproximadamente $4,3 billones. Sin embargo, la falta de ingresos impidió alcanzar el cierre financiero.
Durante la ejecución del contrato, la ANI reconoció un Evento Eximente de Responsabilidad, vigente entre el 21 de septiembre de 2022 y el 31 de octubre de 2025, periodo en el que se activaron obligaciones de compensación por menor recaudo a cargo de la entidad. Ante este escenario, ambas partes optaron por una terminación consensuada del contrato.
Según la ANI, el acuerdo permitió un ahorro cercano a 63% de las pretensiones económicas del concesionario y evitó el riesgo de una eventual condena de mayor cuantía para la Nación. Las sumas acordadas serán cubiertas con recursos del Patrimonio Autónomo del proyecto, sin afectar el Presupuesto General de la Nación, y el acuerdo dio por terminado el proceso arbitral internacional.
En cuanto al futuro del corredor, la ANI informó que la etapa de reversión tendrá una duración aproximada de 200 días. Durante este periodo se realizarán recorridos técnicos, inventarios de bienes y el cierre técnico del proyecto. Mientras tanto, Autopistas del Caribe continuará con la operación, el mantenimiento de los 253 kilómetros de la vía y el recaudo de los peajes existentes.
Una vez concluido este proceso, previsto para julio de 2026, la infraestructura del corredor Cartagena–Barranquilla y las estaciones de peaje serán entregadas al Invías, que asumirá su administración.