La explotación de oro de aluvión llegó a 118.410 hectáreas en 2025 y aumentó 4,5%

La superficie con evidencia de explotación de oro de aluvión, Evoa, creció 4,5% a cierre del año pasado y llegó a 118.410 hectáreas, frente a las 113.310 hectáreas registradas en 2024. Así lo reveló el informe anual de monitoreo del Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc.

Del total de superficie, 75% corresponde a actividad ilítica, mientras que otro 21% cuenta con permisos técnicos o ambientales y 4% se encuentra en tránsito a la legalidad. Esto significa que cerca de 88.800 hectáreas se explotan por fuera de cualquier marco legal, una proporció que creció 10% en 2025, lo que equivale a más del doble del ritmo al que se expandió el área total.

Con este resultado se acumulan tres años seguidos de crecimiento de esta actividad, luego de que en 2021 y 2022 el monitoreo había registrado una tendencia a la baja. De hecho, el cambio de rumbo empezó en 2023, cuando se detectaron 105.060 hectáreas con explotación en tierra activa, año desde el que la superficie ha sumado más de 13.000 hectáreas, con un aumento de 12,7% en dos años.

Estas operaciones de explotación de oro de aluvión están presente en 15 de los 32 departamentos, aunque la minería ilícita se concentra en tres de ellos, que suman 82% del total: Chocó, con 41.493 hectáreas; Antioquia, con 24.282; y Bolívar, con 7.222. A nivel municipal, diez localidades reúnen 54% de la explotación ilícita: Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba.

Los territorios colectivos de comunidades negras concentran 45% de la explotación nacional y solo explican la mayor parte del crecimiento del último año, pues allí se sumaron 3.096 hectáreas. Chocó aporta 84% de la actividad en estas tierras. En los resguardos indígenas la participación es menor, con 0,4% del total nacional; sin embargo, el área explotada creció 25% entre 2023 y 2025. El informe también halló evidencia directa o cercana de explotación en 30 resguardos y 215 sectores con alertas en 11 ríos de la Amazonía, próximos a 64 resguardos.

Ahora bien, casi la mitad de la explotación, unas 58.216 hectáreas, ocurre en zonas donde la minería está prohibida. De esa área, 43.048 hectáreas están en la Reserva Forestal del Pacífico, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta; al mismo tiempo que dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la explotación en tierra aumentó 153% entre 2023 y 2025.

El estudio también evidencia el vínculo de esta actividad con el conflicto armado: los municipios con explotación de oro de aluvión y presencia de al menos un grupo armado ilegal pasaron de 114 en 2024 a 118 en 2025, lo que equivale a 85,6% del total. Además, 79 de esos municipios también tenían cultivos de coca en 2024, principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó; por lo que la convergencia entre ambas economías abarca 48% del área explotada.

Al respecto, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, señaló que "aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia. Por eso actuaremos en tres frentes: formalizar a quien tiene vocación de legalidad.

A su turno, el representante regional de Unodc para la Región Andina y el Cono Sur, Amado Philip de Andrés, recalcó que Evoa es mucho más que un informe, pues es una herramienta que permite conocer y responder a los fenómenos más complejos. "El reto es que la evidencia del monitoreo se traduzca en decisiones y acciones focalizadas en los territorios".