La Fiscalía vuelve a inspeccionar a Air-e por el presunto robo de una mayor cuantía

Se esperaba que ayer la Fiscalía adelantara una investigación contra Air-e con motivo del presunto robo de mayor cuantía, inspeccionando los movimientos contables y los contratos de los agentes interventores que han estado al frente desde la intervención ordenada por el Gobierno en septiembre de 2024 a través de la Superservicios.

Con razón de esto, la Fiscalía envío órdenes de Policía Judicial a Air-e, donde solicitaban estados financieros correspondientes al período de intervención, con el fin de realizar una “evaluación integral de su situación financiera, administrativa, jurídica y operativa durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2024”.

Estas órdenes también se dirigían a la Revisoría Fiscal de la empresa y a la Dian, donde se pedían certificaciones sobre los montos y naturaleza de las deudas previas a la toma, con lo que se detallaba las obligaciones vencidas y no vencidas al 12 de septiembre de 2024 con sus respectivas fechas de vencimiento.

A finales de abril fue cuando la Fiscalía abrió investigación luego de la denuncia del abogado Jaime Lombana, la cual incluía la revisión de balances financieros, pagos a terceros, hojas de vida y contratos de los tres interventores anteriores.

¿Qué pasó con Air-e?

En 2020 se consolidó la intervención y liquidación de Electricaribe, la compañía que brindaba el servicio de energía eléctrica para los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, La Guajira y Atlántico. Para esto, se creó el Consorcio de la Costa, en el que Empresas Públicas de Medellín, EPM, alzó la mano y se metió en este mercado, pero Latin America Corp se quedó con la otra parte de la torta, y para eso creó Air-e.

A finales de 2020, el entonces presidente Iván Duque, oficializó la entrada en el mercado de Air-e y Afinia, que buscaban recuperar la confianza y tranquilidad de los usuarios en la prestación de los servicios de energía.

Air-e se quedó con la operación de 57 municipios en tres departamentos: Atlántico, Magdalena y La Guajira, que en total se traduce en la cobertura de 1,3 millones de usuarios.

La entidad entró a operar con una inversión inicial de $59.729 millones, y para 2021 la cifra se disparó a $473.420 millones, lo que demostraba la intención de mejorar la prestación y garantía del servicio. De hecho, entre el cuarto trimestre de 2020 y el cierre de 2023, estas inversiones crecieron 18 veces, llegando a su pico máximo en 2022, cuando se destinaron $533.919 millones.