La guerra por el control de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Los líos societarios y económicos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprb), considerado desde siempre como el puerto más importante del país, al mover más de 40% del comercio exterior colombiano, no dan tregua y hoy viven un nuevo capítulo. Al flojo comportamiento que se tuvo en el primer trimestre del año se suma la fuerte puja por el control de la entidad.

El viernes pasado, en asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobó con mayoría absoluta (67%) el cambio de la junta directiva de la sociedad y la realización de una auditoría forense sobre presuntos actos irregulares que haya podido cometer la administración en detrimento de la Sociedad, un episodio que se enmarca en una disputa de varios años.

A estos problemas entre accionistas se suma que las últimas cifras de la Superintendencia de Transporte indican que, en el primer trimestre del año, la movilización de carga por el puerto presentó un decrecimiento notorio de 44,1%.

Esta mala hora se hizo evidente cuando, a inicios de este mes, se conoció la convocatoria a una asamblea extraordinaria que organizaba un grupo de accionistas con el objetivo de lograr el cambio en la administración de la empresa, que llevaba más de cuatro años, por presuntas irregularidades en su manejo.

La convocatoria fue realizada por nueve socios que representan 60% de las acciones. Entre ellos estaban la Alcaldía de Buenaventura, accionista de 15%; Inversiones Ventura Group, con 2%, Grupo Portuario, OPP Graneles, Harinera del Valle, con 30% de participación e Ingenio María Luisa, Portagraneles, Inversiones Chondular y Consultorías de Inversiones.

Quienes lograron que se cambiara la junta directiva de la Sociedad, que iba hasta 2020 (ver gráfico) argumentaron que tenían pruebas de irregularidades que afectaron el patrimonio de la Sprb y del municipio de Buenaventura.

Aseguraron que ha habido una deficiente administración de la empresa, lo que generó el año pasado una disminución de 50% de las utilidades, y pérdidas por $7.000 millones.

Estos socios aseguraron que en los estados financieros se registró, de manera irregular, un supuesto saldo a favor por pago en exceso a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), bajo el concepto “otros ingresos” por un valor de más de $25.000 millones como contraprestación portuaria en 2017 y 2018. Y dijeron que esta afirmación, en su momento, fue desvirtuada por la misma entidad.

Otro de los hechos que preocupaban a estas empresas, que se sumaron en esta pelea por el control de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, era la denuncia sobre prácticas restrictivas de la competencia hacia los operadores, actividades que ya están siendo investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para los convocantes, estas fueron sólo algunas de las irregularidades que se venían presentando desde 2016, “pero existen muchas más que actualmente se encuentran en investigación como el caso penal por la compra de acciones de Tecsa por el delito de administración desleal, en demanda instaurada ante la Fiscalía por los señores Alonso Lucio Escobar y Pedro Gutiérrez Hello”.

Pero ante esto, la contraparte respondió, y uno de los miembros de la ahora antigua Junta Directiva, el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, se defendió y dijo que no hubo las irregularidades que argumentaban los accionistas, ni mucho menos actos de corrupción.

“Es una situación totalmente fabricada, estamos acusados, pero ahí no hay nada. Los accionistas están molestos porque la empresa compró acciones de la empresa Tecsa (2014). Se compró con aprobación de la ANI y están cuestionando el precio. Nos hicieron una demanda penal que está ahí hace cinco años y nunca ha avanzado. Esa es una de las supuestas irregularidades”, dijo Hommes, quien destacó que, “si tuvieran que devolver esa operación quebraban el puerto porque habría que devolver todos los impuestos que nos ahorramos por comprar esa empresa”.

Pero la disputa por el control de uno de los puertos más importantes de América tenía más ingredientes, pues otra de las motivaciones para el cambio de la junta y la investigación que ahora se hará, fue la venta de 51% de las acciones de Puerto Caldera en Costa Rica, sin la presunta aprobación de la Asamblea.

Esta guerra societaria, que se conjuga con el mal desempeño de la principal puerta de Colombia hacia el comercio exterior ha generado preocupación entre varios sectores.

El senador del Valle, Gabriel Velasco ha dicho que, “lo más importante es que esta disputa se pueda resolver de la mejor manera porque lo que se está haciendo es perjudicando al comercio exterior del país. La Sociedad Portuaria de Buenaventura ha sido uno de los baluartes en los procesos de importación y exportación, y las diferencias entre accionistas hacen que el desempeño no sea el adecuado. Al final los más afectados son el municipio de Buenaventura y el país”.

Integración de la nueva junta directiva
Tras nueve horas de deliberación la asamblea votó la nueva junta de la Sociedad Portuaria de Buenaventura en la que entraron representantes de la Alcaldía, Ministerio de Transporte, Harinera del Valle, Ciamsa, Ventura Group y Grupo Parody.