La institucionalidad es otro de los retos que hay para adelantar la transición energética

Uno de los temas en la agenda de la transición energética, como una de las banderas del Gobierno Nacional, es la institucionalidad para adelantar las acciones que enmarcan este propósito, y este tema fue contemplado por analistas durante la VI Cumbre del Petróleo, Energía y Gas, la semana pasada en Cartagena.

Bajo la premisa de que hay una trampa en la transición que resulta en la desinversión, un punto puesto por Orlando Cabrales, CEO de Frontera Energy, está también la institucionalidad para la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión. “La institucionalidad juega un papel muy importante en que los proyectos entren a tiempo, que las obras se puedan ejecutar. No es un tema de este Gobierno, es un tema que lleva muchos años”.

El ejecutivo dijo que ahora la tarea de este Gobierno sí será impulsar que los proyectos entren a tiempo, “y el papel que debe jugar allí la institucionalidad es fundamental, de tal manera que entremos en un ciclo de, por lo menos, mantener las inversiones del sector de petróleo y gas”.

Y es que la infraestructura energética es un reto para la transición en todo el mundo. Frank D. Vanoy, ejecutivo principal del CAF, dijo que “se está viendo a nivel global el impacto de la crisis climática en la infraestructura energética”.

Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, hizo un repaso por el funcionamiento actual de las cuentas y dijo que “no se puede seguir departamentalizando la inversión (...) En la forma como estamos haciendo la planeación en Colombia, sectorializando y departamentalizando no tenemos la institucionalidad”, y es por esa razón que, por ejemplo, en Planeación todavía no hay una cifra estimada de cuánto le cuesta la transición al país.
Las instituciones van a tener que cumplir con la infraestructura, pero al mismo tiempo reducir el hambre y la pobreza.

Como ejemplo en la región, Vanoy resaltó que la institucionalidad es particular en cada uno de los países a los que el CAF atiende. Destacó que en el caso de Chile, “es un caso a resaltar, por el impulso a la industria del hidrógeno verde; es un país que no es hidrocarburífero, pero sí minero, y el sector está siendo un propulsor fuerte del desarrollo de la cadena del hidrógeno y sus derivados”.

Para Vanoy, extrapolar esto en Colombia con la industria del petróleo y el gas y entrar en el desarrollo del hidrógeno verde con estrategias multisectoriales y fomento de reducción y mitigación de riesgos financieros para empresas privadas “puede fomentar desarrollo económico, y esto puede ser un ejemplo a seguir en institucionalidad”.

El director del DNP reconoció que esta institución poco a poco se resultó convirtiendo en “una secretaría técnica del Ministerio de Hacienda”. Dijo, además, que Hacienda tiene dos problemas, “primero que es caja del PGN, y segundo, que no mira la geografía. Planeación tiene que hacer unos presupuestos globales del Estado”.

Para González, la institucionalidad requiere entonces de dos tareas principales, ordenar y tener mayor participación en la discusión pública.

Costo de la transición puede ser 7% del PIB

Y aunque el DNP tiene una amplia tarea por delante para el cálculo de los costos de la transición energética, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, expuso algunos cálculos que oscilan entre 1,5% del PIB y 7% del PIB. Fedesarrollo calculó en 2022 que esto podría ser entre 0,23% y 0,27% del PIB anual. Según expuso Cárdenas, en el corto y mediano plazo el enfoque debe empezar por controlar la deforestación e implementar acciones en agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y, en el largo plazo, en las emisiones asociadas a la energía.