La ley de competencias daría 30% más recursos a municipios y departamentos

Tras casi nueve meses el Gobierno inició el trámite para la reforma a la ley de competencias, que se deriva de la reforma al Sistema General de Participaciones, que se aprobó en diciembre de 2024, y que pretende otorgar más recursos a las regiones, y a su vez más autonomía, acabando con el centralismo administrativo.

El Gobierno ya arrancó con las consultas previas y las discusiones con ciertos sectores, como las comunidades indígenas, pero se prevé que la discusión del texto que contiene 201 artículos, llegue a escenarios como Fedemunicipios, Fededepartamentos, Asocapitales.

Según el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el proyecto tiene buen tiempo para lograr su aprobación, a pesar que se discuten en el último año de legislatura y que es una época electoral, ya que tiene hasta enero de 2027 para obtener su aval. Detalló que el trámite es mucho más “sencillo” ya que no es una ley constitucional, por lo que solo requerirá de cuatro debates.

“La transferencia de competencias y recursos a los departamentos y municipios es importante que esté regulada, y tiene que ser una transferencia gradual, diferenciada de acuerdo a las capacidades institucionales que tienen distintas regiones del país (…) más o menos del crecimiento anual del SGP, gradual hasta el año 2038, en promedio para cada departamento y municipio va a ser de por lo menos 30% a pesos constantes de este año, que es una inmensa cantidad, pero eso varía dependiendo el territorio y las competencias”, explicó Cristo.

Los principales cambios

Uno de los puntos clave son los cambios en la categorización. El sistema actual contempla la categorización por la densidad poblacional, es decir cuántas personas habitan en el pueblo o departamento, ahora se tendrá en cuenta la capacidad institucional y ejecutiva en materia de recursos.

No obstante, la Nación estará facultada a “retomar” dichas competencias en caso que se verifique que determinado territorio no está cumpliendo con sus tareas, o no tenga la capacidad institucional para hacerlo.

Habrá dos categorizaciones, por así decirlo, uno está destinado a los distritos y municipios, donde se contienen siete denominaciones: distrito capital, ciudades grandes, grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro y grupo cinco.

El segundo grupo va dirigido a los departamentos y se categoriza en: grupo uno, grupo dos y grupo tres.

“Complementaria a la categorización por capacidades, los municipios, distritos y departamentos serán clasificados teniendo en cuenta atributos estructurales tales como prevalencia étnica, ambiental, vocaciones productivas específicas y ruralidad”, detalla el artículo 10 del borrador.

Sobre las asignaciones, el articulado define la repartición de los recursos por participaciones sectoriales, del total se tomará 96% de los recursos y lo repartirá: 58,5% para educación, 24,5% para salud, 11,6% para “propósito general” y 5,4% para agua.

También hay un apartado de asignaciones especiales, que precisamente salen del monto restante, 4%, y que pretenden destinar 2,9% para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, 0,5% al Programa de Alimentación Escolar, 0,52% a los resguardos indígenas y 0,08% a “los municipios cuyos territorios limiten con el Río Grande de la Magdalena”.

Debate de proyecto de ley sin ánimo para discusión en el Congreso

Aunque el proyecto tendría año y medio para surtir su trámite, el tiempo mismo le jugaría en contra, pues en 2026 se cambia el Congreso, y esto supondría problemas para la continuidad del trámite. “El Gobierno podría ponerle mensaje de urgencia para que sesionen las comisiones primeras conjuntas y comience a darse esa discusión en el menor tiempo posible.

No hay que desconocer que el primer semestre del año entrante es totalmente electoral, y es muy difícil que se pueda avanzar”, detalló el exministro Cristo.