La mitad del gas del Caribe está en riesgo si Canacol cancela contratos de suministro

A la grave crisis del sector energético del Caribe le surgió un nuevo problema: Canacol solicitó la semana pasada a un tribunal de Canadá la cancelación del suministro de gas que la compañía tiene en Colombia.

Las alertas se encendieron porque se trata del segundo productor más grande del país, con una participación cercana a 17% del suministro nacional, y que además representa cerca de 50% del abastecimiento de la demanda en esa región.

Los gremios advirtieron sobre esta decisión, ya que podría tener un impacto significativo en el precio interno del gas natural y generar incrementos en las facturas del servicio.

Ante esto, Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de Asoenergía, aseguró que Canacol hoy es uno de los actores más relevantes del sistema de gas natural colombiano.

“En marzo de 2026 produjo cerca de 70 Gbtud, lo que representa aproximadamente 10% de la producción nacional y cerca de 30% de la oferta de gas de la Costa Caribe. Además, su producción equivale prácticamente al consumo total del Atlántico, uno de los mayores consumidores de gas del país”, aseguró.

Por otro lado, Asoenergía aseguró que esto también traería consecuencias para el sector de generación térmica, que “ante la llegada del fenómeno de El Niño y los eventos geopolíticos que han generado que el gas importado eleve sus precios, requiere condiciones estables y energéticos competitivos, en especial porque la generación de energía eléctrica para la Costa Caribe se sustenta en este tipo de fuentes de generación”.

La entidad enfatizó que, por ejemplo, en el caso de Cerro Matoso, que sustenta cerca de 80% del suministro de las operaciones de Canacol, existen riesgos asociados a la terminación anticipada de contratos de suministro, especialmente en un contexto en el que la estabilidad y el cumplimiento de las cláusulas son fundamentales para garantizar la confianza energética.

“Las afectaciones podrían ser enormes. A diferencia de otras compañías, Cerro Matoso no puede detenerse. Para la producción de ferroníquel, sus hornos deben trabajar 24 horas; detenerlos implicaría costos que van desde $500.000 millones hasta $700.000 millones”, dijo Habib.

Además, las afectaciones se trasladarían a más de 2.000 empleos directos e indirectos, así como a 50.000 habitantes de Córdoba y 25 comunidades vecinas del departamento que, hoy en día, resultan beneficiadas por los proyectos sociales de la compañía.

“De igual manera, tendría un impacto fuerte en los aportes al Estado, que en 2025 recibió $334.570 millones por concepto de regalías e impuestos de Canacol”, agregó la entidad.

Según Julio César Vera, presidente de XUA Energy, el hecho de que Canacol cancele los 19 contratos que tiene con 12 empresas, entre distribuidoras, comercializadoras y consumidores finales, con diferentes periodos de finalización entre el segundo semestre del presente año y 2030, genera un riesgo adicional de disponibilidad y precio para los mercados que hoy son atendidos por dichos contratos.

Además, advirtió sobre posibles afectaciones no solo a la soberanía energética del país, sino también a la seguridad energética nacional.

Ante esto, Asoenergía reiteró la importancia de preservar la seguridad jurídica en las relaciones contractuales y de garantizar condiciones de suministro estables y previsibles para los grandes consumidores de energía.

El gremio señaló que este segmento representa un componente relevante para la generación de empleo, el desarrollo regional y el aporte fiscal del país, por lo que insistió en la necesidad de mantener reglas claras dentro del mercado.

En ese contexto, se hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar la prevalencia del ordenamiento jurídico en las relaciones contractuales que impactan el abastecimiento energético.

“Colombia necesita señales claras de estabilidad y confiabilidad en el suministro energético. Situaciones como esta no solo afectan a una empresa en particular, sino que envían mensajes a toda la industria y a los inversionistas. Es fundamental que prime el ordenamiento jurídico y se proteja la continuidad de operaciones que son clave para el empleo, las regiones y la competitividad del país”, concluyó Habib.