La nueva ley de tarifas abordará el cargo por confiabilidad y la compra por bloques

Hoy se iba a presentar lo que sería la reforma a la ley de servicios públicos, proyecto que pretende intervenir las tarifas, además de reconfigurar el esquema tarifaria, e incluso modificar la aplicación de los subsidios.

No obstante, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que la radicación se aplazará unas semanas, para que el proyecto tenga más consenso entre los sectores y usuarios, para que la iniciativa tenga un trámite sencillo en el Congreso.

¿Qué propondrá el proyecto para reducir las tarifas de energía y cómo se garantizará su sostenibilidad fiscal?

Son distintas medidas porque el componente de la tarifa de energía eléctrica, lo que conocemos en la factura como el costo unitario, es la sumatoria de distintos componentes: la generación, la comercialización, la distribución, la transmisión, las pérdidas, las restricciones, y cada uno de esos factores pudiese ser objeto de intervención.

Incluso algunos pueden ser objeto de intervención solo con regulación y sin necesitar ley. Por ejemplo, en el proyecto de ley nosotros estamos planteando abrir una discusión alrededor de revisar lo que conocemos como cargo por confiabilidad, que hace parte de ese componente de la generación, es 30% de ese componente, que es más o menos 10% de la factura final al usuario, porque es un costo que ya no se debería estar trasladando de la manera como se sigue trasladando; esa es una medida.

Otra es fomentar la contratación a largo plazo de grandes bloques de energía, con el propósito de que las generadoras puedan ofrecer mejores precios a las distribuidoras de energía y ese precio mejor se le pueda trasladar al usuario, y ahí el componente de generación también se impactaría.

Recientemente acabamos de cambiar en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, el componente de comercialización, que llevaba 10 años que no se revisaba, y tiene un impacto también en la reducción de la tarifa de energía. Creo que ahí hay medidas distintas que pueden impactar en la reducción de tarifas de energía eléctrica para el ciudadano.

¿Qué impacto tendrá el proyecto en los usuarios residenciales y empresariales, y en qué plazo se verían reflejadas las reducciones en las facturas en caso de que se convierta en ley?

Muchas medidas que están planteadas en la ley son susceptibles de ser reglamentadas o por el ministerio o por la Creg; eso tiene unos tiempos y unas medidas que deben adoptarse progresivamente.

Creo que es prudente esperar la discusión, y revisar cuáles medidas al final se convierten en una obligación legal. Lo importante es que el país esté hablando de estos temas. Hay muchos ciudadanos que todos los días reciben la factura de energía eléctrica y es un dolor de cabeza para ellos.

¿Qué más traerá el proyecto?

Que no se disparen los precios de la energía eléctrica aún en tiempos como estos, cuando al haber abundante agua debería estar la energía en precios cercanos al piso, que en este caso, según la reglamentación, es cercana a $80. Pero debería haber la posibilidad de que se hicieran ofertas en el mercado incluso por debajo de ese precio, que es parte también de una revisión de la regulación.

Eso en paralelo al programa que tenemos como Gobierno Nacional, esperamos pronto tener un decreto en el marco de la reglamentación de una norma que existe hace 11 años, que permite cambiar subsidios económicos que están destinados a los usuarios a través de las empresas distribuidoras de energía, para convertirlos en paneles.

Si bien es cierto se ha dicho que no es sostenible, nosotros hemos demostrado que no es así. Recientemente hemos inaugurado cerca de 2.000 experiencias en dos barrios de Cali, 2.000 hogares que han demostrado llevar su factura a cero pesos, incluso han generado excedentes que pueden cruzar contra su facturación del servicio de agua potable.

En este caso hemos demostrado que al año estas 2.000 familias ahorran cerca de $1.800 millones, y a su vez el Estado ahorra $1.200 millones en subsidios. Si esto lo extrapolamos a un número superior de usuarios, ojalá un millón, los ciudadanos podrán ver cómo se reducen sus facturas de energía eléctrica.

Esto también lo estamos viendo con comunidades energéticas, en las tiendas, en el programa de economías populares, que también adelanta el ministerio.

¿Cómo avanza el plan de comunidades energéticas?

Esperamos este 2025 poder ejecutar $1 billón en comunidades energéticas, que ojalá cambien para bien la vida de millones de personas, en lo que tiene que ver con el acceso a la energía eléctrica y con la reducción de sus tarifas.

¿Cuándo presentarán el proyecto de reducción de tarifas?

Lo más importante es el diálogo con todos los actores. Hemos tenido conversaciones con los trabajadores y sus organizaciones sindicales, los usuarios, los gremios de las empresas, las generadoras hídricas, térmicas, y actores de las energías renovables.

En ocasiones hay intereses que se encuentran, y por eso al final tenemos que tomar una decisión frente a una norma. Pero esperamos que sea el Congreso en el debate el que al final determine qué es lo que se debe convertir en ley.

Pongo el ejemplo más concreto sobre el cargo por confiabilidad. Hay distintas visiones. Una cosa piensa en las térmicas, otra las hidráulicas y otra las energías renovables. Para nosotros lo más importante es poder llegar a algunos acuerdos que hagan más fácil el debate legislativo.

Lo ideal sería que se construyeran acuerdos entre los agentes. Esperamos antes de que finalice el mes poder presentar la iniciativa, pero no hay una fecha imperativa para nosotros. Le estamos dando prevalencia al debate previo con todos los actores, a la mayor deliberación y concertación posible.

Pero no puede haber una deliberación indefinida. En temas como el cargo por confiabilidad se lleva discutiendo más de 10 o 15 años, pero al final ya debe haber propuestas. Le he pedido a todos los actores, particularmente a los gremios, que pasemos a las propuestas concretas para poder intentar llegar a esos acuerdos.

¿Qué le espera al Ministerio en el último año de gobierno?

El reto más importante en materia de energía es tratar de dejar contratada o prevista la energía que necesita el país en este aumento de demanda para que haya seguridad energética.

Esperamos que esa matriz se diversifique. Estamos en una matriz de más de 10% de energía limpia. Deseamos cerrar el Gobierno en más o menos 20% y tenemos que trabajar en un marco regulatorio para que eso sea posible.

Todo el mundo ha visto las flexibilidades en materia regulatoria, en licenciamientos para proyectos solares y eólicos. Queremos hacerlas para pequeñas centrales hidroeléctricas, para líneas de transmisión, porque podemos avanzar en generación, pero si no tenemos cómo sacar o mover la energía no hacemos nada.

En materia energética, los retos son la seguridad energética y la transición energética. Creo que esos son los dos grandes retos del último año. Le añadiría uno y tiene que ver con la apropiación del derecho a la energía por parte del pueblo.

La gente está entendiendo que pueden ser a través de comunidades energéticas un nuevo actor del sistema, generar su propia energía, autogenerarla, administrar, operar, mantener esos sistemas, sostenerlos en el tiempo, liberarse de esas facturas impagables y de las empresas distribuidoras que en ocasiones prestan un mal servicio en algunas regiones del país y poner recursos públicos. Esperamos poner un $1 billón este 2025 en materia energética.

¿Y en minería?

Seguir avanzando en formalización en distritos mineros, en seguridad, en protección de la pequeña minería, pero el énfasis está en lo que tiene que ver con transición y seguridad energética.