“La Ocde ha insistido en varios países en implementar un sistema de revisión del gasto”

El panorama económico enfrenta un escenario de estrechez fiscal, con un déficit primario en niveles históricamente altos para 2025. El Carf prevé que este indicador continúe aumentando y cierre 2026 en 3,7%.

A su vez, entidades como Anif estiman que la deuda pública podría superar el límite de 71% del PIB hacia 2028, en un contexto de caída del recaudo tributario en los últimos años, que dificulta el cumplimiento de la regla fiscal.

Luis Fernando Medina, embajador de Colombia ante la Ocde, analizó la situación de la política fiscal y monetaria. Según explicó, el organismo ha insistido en distintos países sobre la necesidad de implementar sistemas permanentes de revisión del gasto público, una recomendación que, en su criterio, también sería pertinente para Colombia con el fin de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

¿Cómo evalúa el panorama fiscal que enfrenta el país?

Colombia ya empieza a mostrar señales de alerta en materia fiscal como resultado de una combinación de factores acumulados durante años: bajos niveles de inversión, presiones sobre el gasto y un deterioro progresivo de las cuentas públicas. Para este año ya se proyecta un déficit superior a 6% del PIB y un déficit primario considerablemente alto.

Aunque el deterioro todavía no puede calificarse como catastrófico, sí comienza a generar preocupaciones. Las tasas observadas en las últimas subastas de deuda han sido una señal de inquietud, aunque por ahora el impacto sobre el stock total de la deuda sigue siendo manejable. Es decir, las tensiones actuales aún no comprometen por completo la sostenibilidad de la deuda pública.

Precisamente por eso, todavía existe margen para corregir el rumbo.

¿Para reencauzar la senda, se deberían hacer ajustes a la regla fiscal?

Reconozco los beneficios de contar con una regla fiscal y considero importante que Colombia vuelva a tener un marco de ese tipo. Sin embargo, nunca me ha convencido del todo el esquema actual de ancla y límite.

Tengo reparos sobre la metodología con la que se construyó, porque genera inconsistencias y termina restringiendo la posibilidad de financiar inversión productiva mediante deuda.

El problema de fondo no es únicamente cuánto se endeuda el país, sino la capacidad de transformar esa deuda en inversión de calidad y crecimiento.

Personalmente, prefiero un sistema de semáforos antes que uno de ancla y límite, aunque reconozco que es una posición minoritaria. Además, hay un elemento central que la Ocde ha venido recomendando en distintos países: implementar sistemas permanentes y periódicos de revisión del gasto público, que permitan evaluar de manera constante la calidad, eficiencia y coherencia del gasto estatal.

¿Cómo evalúa el sistema de inflación objetivo de Colombia?

Con el tiempo, me he empezado a cuestionar si el esquema de inflación objetivo es el más adecuado para el país. Antes pensaba que era un sistema razonable, pero hoy veo con mayor claridad las dificultades que ha tenido Colombia para hacerlo funcionar de manera efectiva.

Parte del problema tiene que ver con la forma en que opera el sistema financiero colombiano. La tasa de interés termina teniendo una transmisión asimétrica: cuando el Banco de la República sube las tasas, los intermediarios financieros reaccionan rápidamente; pero cuando las reduce, eso no necesariamente se traduce en más inversión o mayor dinamismo económico.

Esa desconexión sugiere que existen limitaciones estructurales en los instrumentos de política monetaria.

En ese escenario, vale la pena preguntarse si un esquema tradicional de inflación objetivo sigue siendo suficiente para responder a los desafíos actuales. Entiendo el temor, pero también creo que es necesario reconocer que al país le está costando mucho sostenerlo.

¿Colombia se ha beneficiado de la entrada a la Ocde?

Sí, especialmente por el proceso de fortalecimiento institucional que implicó el acceso. La organización exige una serie de estándares para ingresar, y ese proceso ayudó a mejorar capacidades técnicas, regulatorias y de gestión pública en distintas entidades del Estado.

Sin embargo, también es importante entender cómo funciona la Ocde. Una vez un país ingresa, la organización no actúa como una entidad que esté permanentemente imponiendo decisiones. Colombia mantiene autonomía para definir sus políticas fiscales.

En el debate público, a veces se interpreta erróneamente que la Ocde obliga al país a adoptar determinadas medidas. Lo que sí existe son estándares y recomendaciones orientadas a fortalecer la calidad institucional y la toma de decisiones públicas.

¿Cuál es el rezago de Colombia frente a las prácticas de la Ocde?

No. En este momento, Colombia ya ha cumplido prácticamente todos los compromisos adquiridos en el proceso de postacceso a la Ocde. Solo quedan algunos temas puntuales pendientes, principalmente relacionados con licencias ambientales y ciertos aspectos regulatorios.

¿Cómo evalúa la Ocde a Colombia?

La economía colombiana sigue siendo percibida como una economía relativamente robusta, con fundamentos macroeconómicos sólidos, aunque claramente todavía hay mucho espacio para mejorar. No se trata de una economía en una espiral descendente ni en una situación de colapso estructural.

Su aparato productivo ha mostrado avances y, en general, esa también es la percepción que existe dentro de la Ocde. De hecho, la organización lo ha señalado en distintos informes y evaluaciones recientes.

Sin embargo, sí existen problemas estructurales preocupantes que, de no corregirse, podrían generar dificultades importantes hacia adelante. Particularmente, hay dos fenómenos estrechamente relacionados: por un lado, la caída sostenida de la inversión, que Colombia viene arrastrando desde hace más de una década; y, por otro, el deterioro del espacio fiscal.

Ambos problemas se retroalimentan y terminan limitando la capacidad de crecimiento y sostenibilidad de la economía.

¿Qué resalta puntualmente la Ocde sobre el país?

La organización ha destacado la capacidad que ha tenido la economía colombiana para mantener un crecimiento relativamente sostenido a lo largo del tiempo. Más allá de episodios excepcionales, como la crisis de finales de la década de 1990 o el impacto de la pandemia, Colombia no ha enfrentado grandes recesiones en lo corrido de este siglo, algo que resulta destacable en comparación con otras economías.

Creo también que los informes recientes de la organización no alcanzaban a reflejar completamente algunos cambios positivos, como la diversificación de la matriz exportadora. Después de muchos años en los que la canasta se concentró en sectores mineroenergéticos, esa dinámica comienza lentamente a revertirse.

¿Qué le falta a Colombia para aumentar la productividad?

Yo creo que el camino está trazado, pero todavía falta mucho por hacer. El reto ahora es pasar de esa discusión inicial a la construcción de una política industrial efectiva y bien diseñada.

El principal desafío es definir correctamente el nivel al que debe operar esa política. Lo que se requiere es un enfoque intermedio, de carácter mesoeconómico, que permita identificar sectores con potencial real y con impacto regional significativo.

Además, la política industrial en Colombia debe tener un componente territorial claro, adaptado a las capacidades y particularidades de las regiones.

¿Cómo debe darse la transición energética en el país?

No hay razones para temerle a las energías renovables; al contrario, su desarrollo puede acelerarse a medida que se destraben ciertos cuellos de botella. Si el país avanza en la diversificación de su canasta exportadora, también podrá reducir su dependencia del petróleo.

Además, conviene tener presente que Colombia no es un país con descubrimientos petroleros de gran magnitud ni garantizados a futuro. Por eso, la idea de una dependencia estructural del petróleo puede ser engañosa.