La politización de la justicia y su impacto negativo en los negocios

Andrés Otero

Una vez más el Presidente y la Corte se van a ver enfrentados por la elección del Fiscal General.

Es importante que ambas partes entiendan que dicha decisión no solo impacta en el ámbito de política nacional, sino que el desarrollo económico y la confianza inversionista dependen en gran medida de la percepción de seguridad jurídica que exista en el país. Esto no solo se logra con contratos de estabilidad jurídica o beneficios tributarios para algunos sectores de la economía, sino con la seriedad que nuestras ramas del poder público asuman ciertas decisiones críticas para el país.

Uno de los grandes logros de Colombia en los últimos 10 años ha sido no solo recuperar la percepción de seguridad a nivel internacional, sino obtener la calificación de grado de inversión. Los inversionistas perciben hoy que Colombia es un país donde su dinero está seguro. Los ciudadanos y los inversionistas nacionales e internacionales entienden que un país con 40 años de conflicto armado no resuelve todos sus problemas de la noche a la mañana, pero aceptan que para lograr la paz y cerrar la brecha social van a tener que hacer una inversión importante de recursos. Son conscientes de que la amenaza del narcotráfico no va a desaparecer y seguirá mutando y amenazando al país, pero que las autoridades harán todos sus esfuerzos para mitigar el riesgo.

Todo así, lo que es difícil de explicar es como en un país con arraigo institucional y considerado una de las democracias más estables de América Latina, sean las propias instituciones de gobierno las que estén poniendo en riesgo la seguridad jurídica.

Un país como Colombia no se puede dar el lujo de no tener un Fiscal General nombrado en propiedad por más de un año y mucho menos estar cambiando de Fiscal como quien cambia de ropa interior.

Tampoco puede darse el lujo de tener a sus altas cortes en un constante choque de trenes, de tener a ex presidentes de la República despotricando del país y dando opiniones de micrófono como candidatos de oposición en campaña, de tener a funcionarios que ocuparon altos cargos públicos evadiendo la ley y pidiendo asilo en otros países por falta de garantías jurídicas, y de tener a los medios de comunicación convirtiéndose en caja de resonancia de todo tipo de criminales.

Las Altas Cortes siempre tomaran decisiones con un alto impacto político, pero sus decisiones no pueden estar politizadas y mucho menos menoscabar la institucionalidad que ellas mismas reclaman para sí, de lo contrario los capitales privados volaran con la misma velocidad en que llegaron. Por ende, sino queremos un fiscal de bolsillo o una fiscalía politizada no podemos seguir eligiendo políticos en altos cargos judiciales y de control.

La Fiscalía General de la Nación necesita una especie de Plan Colombia para darle un 'startazo' a la Rama Judicial y ponerla a caminar. Requiere del liderazgo para transformar a una institución que nació acéfala en la mitad de la guerra contra Pablo Escobar, sin recursos, sin oficinas, sin profesionales en materia de investigación judicial, y que tuvo que utilizar la justicia sin rostro para poder resistir los embates del narcoterrorismo.

Es necesario fortalecer y reestructurar una institución que desde sus inicios vive una interminable congestión judicial (no por falta de voluntad sino por falta de capacidades técnicas, de recursos humanos y presupuesto). Es necesario crear una institución que sea ejemplo para otros países que hasta ahora comienzan a vivir el vía crucis.

El Fiscal tiene que ser una persona con conocimientos en materia de investigación judicial y el sistema penal, más no necesariamente un penalista. Los inversionistas nacionales y extranjeros esperan una rama judicial que les resuelva sus conflictos de una manera objetiva y técnica y que les dé garantías al momento de entablar una denuncia o ser acusados de algún delito.

Los inversionistas ven en la seguridad jurídica de un país el principal elemento de análisis al momento de decidir llevar e invertir su dinero. Si queremos seguir en el sendero de crecimiento y activar las locomotoras del desarrollo y la prosperidad, es imperante que las altas Cortes y el Presidente asuman el reto de nombrar un Fiscal en propiedad que le de las garantías a todos en las decisiones de la justicia colombiana.