Procuraduría propuso que entrada en vigencia de la reforma pensional sea en 2026

La Procuraduría General de la Nación envió un documento a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, en el que advierte que se deben revisar 45 temas estructurales sobre la reforma pensional que está a un debate de aprobarse en el Congreso.

El Ministerio Público advirtió que, durante su discusión en la Plenaria del Senado, se deben revisar cuatro asuntos que, si no se ajustan, harían inviable la implementación de la reforma.

Uno de los temas principales que la Procuraduría pide revisar tiene que ver con el traslado de los afiliados a Colpensiones. Según el ente de control, Colpensiones "no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas".

También advirtió la necesidad de que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República deben tener en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, datos que además se deberán tener en cuenta en el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y largo plazo.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda entregó ayer un concepto fiscal favorable al proyecto de la reforma pensional que se comenzó a discutir en la Plenaria de la Cámara.

“Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo”, sostiene la misiva firmada y enviada por el viceministro técnico de Hacienda, Diego Guevara.

El documento explica que, con este visto bueno, estos recursos de la reforma “pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno nacional en línea con las restricciones presentadas por el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, y el estricto cumplimiento de la regla fiscal”, dijo Guevara.

Sin embargo, la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social de la Procuraduría dijo que la falta de reglamentación de, al menos, 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros.

La Procuraduría también pidió revisar la entrada en vigencia del articulado y dijo que, actualmente y de cara al 1 de julio de 2025, fecha planteada para iniciar operaciones, Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma.

Agregó que la entidad no cuenta con los requerimientos tecnológicos, presupuestos, ni los tiempos para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios, entre otros aspectos, por lo que sugirió que se considere su implementación de forma gradual a partir de 2026.

Finalmente, la Procuraduría manifestó que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones, que bajo ninguna circunstancia vaya a representar una afectación de los derechos de los afiliados y los pensionados del país.