“La tecnología sin ética pública está destinada al fracaso y puede incentivar la corrupción”

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, está a menos de 60 días de dejar el cargo. Durante estos cuatro años se enfocó en la modernización y digitalización de la entidad, en aumentar la participación ciudadana y la transparencia en las instituciones públicas. Para hablar más a fondo de sus acciones, y los logros en su gestión gracias a la digitalización, el funcionario estuvo en Inside LR.

¿Cómo resumiría el proceso de modernización de la Procuraduría?

La virtualidad y la digitalización son grandes aliados en la lucha contra la corrupción, siempre y cuando haya unos principios de modernización y unos valores que busquen proteger los recursos públicos y defender los derechos de los ciudadanos. Entonces, no es solo la tecnología por ella misma, es la combinación de la tecnología con una brújula que le pone la ética pública. La tecnología sin ética pública está destinada al fracaso y puede convertirse, por el contrario, en un incentivo para la corrupción.

¿En qué ha consistido el proceso de digitalización?

Yo logré unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), US$40 millones, que se han invertido más o menos en 65%. A la nueva administración le va a quedar 35% de esos recursos y el punto de partida de esa innovación era modernizar la institución por la vía de la tecnología, de la virtualización, de la digitalización.

¿Cuánto ha costado el proceso de transformación digital?

Esta es una institución pública, digámoslo así, con un presupuesto muy modesto. Estamos hablando de $600.000 millones u $800.000 millones y por eso fue que yo decidí acudir a la cooperación internacional. Entonces conseguimos los US$40 millones. En este momento se está tramitando en el BID una operación de crédito de, entre US$100 millones o $150 millones, para la digitalización de todo el poder judicial.

¿Cuántos recursos ha visto que han estado en riesgo por la corrupción?

En el caso del covid-19, en la vigilancia que hemos hecho, la cifra de $1,5 billones la hemos podido vigilar, y por vía de la acción preventiva logramos parar una cantidad de cosas. Le pusimos un freno de mano a la corrupción. En la contratación general la suma asciende a $44 billones gracias a la analítica, son sumas considerables que justifican nuestra acción.

¿Cómo se ha visto el incremento de la participación ciudadana?

Tenemos un portal web con sede electrónica, eso no existía. Vamos a dejar funcionando un expediente electrónico en materia disciplinaria y en materia de conciliación; tenemos una plataforma tecnológica bastante robusta que nos ha permitido renovar toda la infraestructura que era absolutamente arcaica en las procuradurías regionales y territoriales; tenemos sistemas de información interoperables. Esta es una procuraduría ciudadana y para estar en contacto con la ciudadanía hay que facilitar todos los medios electrónicos de acceso a la información de la Procuraduría por las vías electrónicas y eso lo hemos venido consolidando.

¿Cómo será el monitoreo especial a la contratación que se haga para atender la emergencia de San Andrés y Providencia?

Designamos un procurador delegado como agente especial de la Procuraduría para San Andrés, es sanandresano, y ya asumió esas funciones para controlar, además, lo que va a ser todo este proceso de contratación. Por un lado, hemos enviado a un agente especial, por el otro vamos a seguir con todas las herramientas digitales con los cuales disponemos que nos permiten controlar la contratación y fiscalizar las actuaciones de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, para que sea muy claro que de ahora en adelante los gastos que se vayan a hacer se hagan con absoluta transparencia y eficacia.

¿Cuál es el principal riesgo que usted ve de cara a la reconstrucción del Archipiélago y de la atención de la ola invernal?

Hay que tener a los ciudadanos del lado de la administración cuando lo que se está buscando es satisfacer y garantizar los derechos de la gente, me parece que ese es el principal desafío y hay que ponerlo en marcha con acompañamiento preventivo, es decir, poniendo en juego todas las herramientas de las que dispone la Procuraduría en prevención para evitar que se produzcan daños adicionales sobre los derechos de los ciudadanos.

¿Qué le queda pendiente a la Procuraduría?

Lo primero, es haber terminado con la digitalización completa de la entidad, con los recursos del BID avanzamos un 70% de los planes originales. Afortunadamente, le quedan unos recursos a la nueva administración y le queda un camino que ha echado muchas raíces para que siga adelante; lo segundo, es lograr que las entidades de control se conviertan definitivamente. En eso hemos avanzado pero necesitamos seguir trabajando en eso en un referente de la ética pública de Colombia.

¿Cuál es el legado que le deja a Margarita Cabello?

Lo primero es cómo convertimos el diálogo social en la herramienta fundamental de acción de la Procuraduría, diálogo social con todas las comunidades; marginadas del desarrollo, poblaciones étnicas, los campesinos, con los desposeídos, más de 9 millones de víctimas; creamos una procuraduría delegada para las víctimas, para asuntos étnicos y les hemos abierto las puertas. Le hemos dado voz a la ciudadanía.

Segundo, hemos respaldado a las víctimas del conflicto, vigilado los programas que han pretendido garantizar los derechos de las víctimas y los escenarios de reconciliación. Hemos dejado un apoyo y un respaldo a las víctimas, y yo diría a las poblaciones más vulnerables del país.

Tercero, le hemos creado una muralla a la corrupción con todas las herramientas digitales; cuarto, hemos empoderado a los territorios. Tenemos una Procuraduría móvil que está recorriendo el país hace más de un año llegando a las poblaciones donde normalmente no llega el Ministerio Público, recibiendo las inquietudes de la ciudadanía y rompiendo las barreras que existían entre la Procuraduría y la ciudadanía.

Y finalmente, el desaprender para innovar, parte de la innovación es liberarnos de todas esas trabas que se han tenido en el manejo del sector público; la primera, que el sector público ha estado privatizado. Esa noción de lo público hay que aprenderla y desaprender todo lo que han sido escenarios de falta de transparencia, de ineficacia en búsqueda de intereses particulares.

¿Cuáles serán los puntos fuertes de la rendición de cuentas?

Lo que hemos hecho es unos clústers de los grandes avances de la Procuraduría y yo diría que el primero y el más importante es haber recuperado la confianza de los ciudadanos, la gran crisis de la democracia es la desconfianza a las instituciones públicas, no solo porque lo digan las encuestas, sino que lo notamos en el diario contacto con la gente, en la forma como han aumentado las quejas, reclamos, solicitudes de la ciudadanía, eso se ha quintuplicado frente a estándares del pasado, lo que nos obliga, de nuevo, a que sea por la vía digital como tramitemos todo esto. Y lo segundo, cómo en los grandes escándalos de la corrupción generamos resultados. Por ejemplo, en los temas de la salud, nunca antes el Ministerio Público había jugado un papel tan importante en la defensa del derecho a la salud de los colombianos.

¿Está pensando en ir a la contienda presidencial de 2022?

Para hablar en términos económicos en un diario económico, Colombia tiene superávit de candidatos presidenciales y déficit de acuerdos, pactos y consensos. No podemos botarnos al abismo de una competencia electoral con un país completamente fracturado como lo está Colombia. No tengo ningún interés en sumar mi nombre a ese superávit de candidatos, sino más bien, lo que quiero ser es un instrumento para crear puentes y consolidar alianzas.

EL PERFIL
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, es abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó una maestría en “Leyes y Finanzas Públicas” y en “Administración y Políticas Públicas” de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, ambas en la Universidad de Harvard. Ha sido docente a nivel nacional e internacional; autor de más de 14 libros y 80 artículos. Fue promotor del Movimiento Estudiantil que abrió camino a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente durante ese mismo año.