La ‘transicionitis’ llegó a la reforma a la salud: estos serían puntos clave del articulado

Entre las reformas clave que va a presentar el Gobierno en 2023 está la de la Salud que, según conoció La República, también tendría un periodo de transición, para pasar del actual sistema a uno nuevo que se propone en el articulado.

Uno de los primeros puntos del documento, que se radicaría ante el Congreso este mes, tiene que ver con la creación de una Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, que iniciará funciones 30 días después de que se sancione la Ley y que buscará establecer la inversión para actuar en cuanto a 15 determinantes de salud, dentro de los que se incluyen el acceso a agua potable, la disponibilidad de alimentos y el acceso al transporte.

Luego viene un capítulo que se refiere al financiamiento del sistema, en el que se crearía un Fondo Único Público para la Salud, administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres) y que se financiará con recursos fiscales, tales como del Sistema General de Participaciones, parte del Presupuesto General y recursos provenientes del impuesto a la compra de armas, correspondiente a 20% de un salario mínimo mensual; y con recursos parafiscales, que incluyen las cotizaciones para la seguridad social en salud de empleados y trabajadores independientes, 2% del aporte a las Cajas de Compensación Familiar y rendimientos financieros.

Este apartado también establece que no se podrán poner barreras económicas para acceder a los beneficios del sistema, como los copagos o las cuotas moderadoras. Y también elimina condiciones como preexistencias o exigir periodos mínimos de cotización.

Existiría una figura de fondos territoriales de salud, administrados por las Direcciones Territoriales de Salud, que se encargarían de recibir los recursos de las transferencias del Fondo Único Público para la Salud de cada territorio, sumándolos a los recursos de otros orígenes.

Prestación de servicios

En cuanto a la atención del sistema, se establece que cualquier persona pueda solicitar la atención en salud, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Con este principio, se busca que haya cobertura de la población migrante, tanto la regularizada como la no regularizada.

“Igualmente, a los extranjeros con residencia temporal y los turistas, sin perjuicio de que se le exija a esta cobertura de un seguro de salud internacional, contra el cual los Fondos Regionales de seguridad Social puedan generar recobros por los servicios prestados”.

Uno de los puntos clave, y de los más controversiales, es que el documento buscará que se acabe con la figura de las EPS, pues dice que “culminados los términos de vigencia del periodo de transición, las funciones referentes a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb) quedan derogadas ante la no continuidad de la existencia de estas figuras”.

A este punto, precisamente, se han referido varios de los gremios del sector. Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, señaló que “lo que creemos es que se va a estatizar la salud. El Estado define las políticas, regula, pero el Estado no es un prestador eficiente de los servicios. Aquí se dieron las oportunidades a que entidades públicas, privadas, con y sin animo de lucro, pudieran participar en este esquema de aseguramiento individual y el sistema ha funcionado”.

Pero las opiniones están divididas. “Eliminar las EPS no significa cerrar clínicas y hospitales, que son las IPS. Eliminar las EPS solo elimina la intermediación financiera”, dijo Wilson Arias, senador por el Pacto Histórico.

En el documento también se plantea reglamentar nuevas tecnologías como la telemedicina. El proceso será de dos etapas, en la primera, se hará la reglamentación técnica y operativa de los sistemas de tecnología de la información y la comunicación, con un periodo máximo de un año. Y en la segunda, se reconocerá a la telemedicina como un componente de la autonomía médica, con parámetros definidos en una comisión de expertos.

Otro de los ejes centrales estará en una reforma a la política laboral del sector de la salud. Según se conoció, tras la reunión del Ministerio de Salud con la Comisión Séptima del Senado que se llevó a cabo esta semana, se busca que las personas que trabajan en el sector pasen a ser empleados del Estado.

En concreto, los empleados públicos serán de libre nombramiento y remoción, mientras que en el caso de los gerentes de hospitales se realizarán pruebas para que se escojan a través de meritocracia y, para los demás funcionarios, se creará una categoría especial: ‘trabajadores estatales de la salud’.

Tanto la ciudadanía como los gremios del sector han pedido que el Ministerio publique el documento completo de la reforma a la salud, para que se pueda analizar y discutir.

"Es de la mayor importancia que esta reforma, que afecta de manera directa la atención en salud de todos los colombianos y la sostenibilidad del sistema, cuente con los espacios de construcción, deliberación y concertación con la voz de todos los actores, como lo ha prometido el Gobierno para esta y todas las reformas. Esto comienza por conocer el texto de la reforma, previa su discusión por el Legislativo", se lee en una carta firmada por 11 asociaciones y gremios del sector.