USO le exigió a la Junta Directiva de Ecopetrol retirar a Ricardo Roa por investigaciones

Apenas una semana después que la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento de lujo en un exclusivo sector de Bogotá, la Unión Sindical Obrera, USO, pidió a la junta directiva de Ecopetrol retirar al funcionario de la presidencia de la principal empresa del país.

La petición no es menor si se tiene en cuenta que en enero la USO logró por primera vez un asiento en la junta directiva, cuando el entonces presidente del sindicato, César Eduardo Loza, obtuvo el séptimo renglón del órgano directivo de la estatal Ecopetrol.

El sindicato, a través de un comunicado alegó que los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra de Roa “agravan la situación de la empresa”, en referencia al balance financiero del último año, los cuales generan riesgos que, de materializarse, pueden afectar aún más su adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento de la estrategia empresarial que requiere Ecopetrol.

“La USO reconoce el importante avance en el modelo de relacionamiento Empresa-Sindicato logrado con la actual administración, así como la voluntad política de su presidente, lo cual ha permitido alcanzar acuerdos relevantes en beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de las personas trabajadoras de la empresa y sus familias”, detallan desde el sindicato.

También alegaron que el entorno retador de la industria plantea grandes desafíos a la compañía y el momento exige grandes esfuerzos para lograr la sostenibilidad de mediano y largo plazo.

“Ecopetrol debe diseñar una reingeniería financiera que asegure los recursos necesarios para fortalecer la línea de negocio tradicional de hidrocarburos, desarrollando una campaña exploratoria de alta potencialidad para adicionar nuevas reservas de gas natural y petróleo”, señalan en el comunicado publicado.

El sindicato aseguró que reconoce la presunción de inocencia de Roa, pero considera que la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos, permitiendo que el directivo concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas en curso.

“La USO le exige al máximo órgano de dirección y gobierno corporativo de la compañía que proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol, en cumplimiento de su deber fundamental de proteger los intereses de la empresa más importante de los colombianos”, agregaron desde el sindicato.

Los detalles del caso

El miércoles 11 de marzo, durante casi una hora, la fiscal Claudia Garrido explicó que Ricardo Roa habría cometido el delito de tráfico de influencias. El directivo no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación.

La Fiscalía expuso varios nombres vinculados al caso por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá. Entre ellos apareció el del vendedor del inmueble, el policía retirado Juan Guillermo Mancera, así como el de un tercero que también habría tenido participación en los hechos investigados.

Esa tercera persona es Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol. Según la Fiscalía, Rojas habría recibido instrucciones de Roa hace cerca de dos años para favorecer a Mancera con oportunidades de negocio dentro de la empresa.

La fiscal del caso señaló que el entonces directivo habría utilizado su posición para intervenir en favor del exuniformado. Según la acusación presentada en la diligencia judicial, Roa habría solicitado a Rojas que facilitara la posibilidad de otorgar contratos o vínculos comerciales a Mancera a través de Hocol.

Durante la lectura de la imputación, la investigadora sostuvo que estas actuaciones habrían constituido un uso indebido del cargo que Roa ocupaba en la petrolera estatal, al emplear su influencia para gestionar beneficios empresariales en favor de un tercero.

Sin embargo, esa misma semana la junta directiva de la petrolera estatal ya se había pronunciado y aseguró que la diligencia no equivale a una condena ni a una decisión de fondo, por lo que el órgano directivo respeta la presunción de inocencia de Roa y su derecho al debido proceso. Por ahora, Ecopetrol no ha tomado decisiones al respecto.