Las cuatro propuestas que entregó Colombia Progresa 2630 para el sistema energético

De cara a los próximos cuatro años y para hacerle frente a las crecientes problemáticas que enfrenta el sector energético, los seis centros de pensamiento que conforman la alianza Colombia Progresa 2630 plantearon una hoja de ruta para enfrentar los desafíos que el país atraviesa en materia de seguridad energética, sostenibilidad fiscal y demás problemas relacionados con el déficit de energía en firme, rezagos en trasmisión y el deterioro financiero de agentes críticos.

Los think tanks explicaron que las propuestas están fundamentadas en un modelo de tres futuros posibles: continuidad, dependencia fósil y descarbonización rápida, los cuales ilustran las tensiones que el próximo Gobierno deberá gestionar, entre las que destacan garantizar el suministro de energía pese a las restricciones, lograr una estabilidad fiscal que dependa de los ingresos fósiles por medio de una diversificación productiva, avanzar en una transición financieramente viable y armonizar las metas de mitigación de emisiones.

Para ello, postularon tener en cuenta cuatro factores. En primer lugar, advirtieron que es necesario universalizar el acceso a energía, teniendo en cuenta que más de 1,3 millones de hogares aún no tienen este servicio, especialmente en zonas donde los costos unitarios son altos, los servicios son de baja calidad y persisten barreras de uso productivo.

"Esta brecha no solo impide el acceso a bienes básicos como iluminación, refrigeración o conectividad; sino que limita el funcionamiento de escuelas, puestos de salud, sistemas de agua potable, actividades económicas y, en general, la integración de estas comunidades al desarrollo", señalaron.

Enfatizaron en que, si el país persiste con operaciones fragmentadas y proyectos aislados y la ausencia de estándares de calidad de servicios homogéneos para todo el territorio nacional, será mucho más complicado "asegurar la legitimidad que requiere el resto de la política energética". Para evitar este escenario, plantearon implementar Subastas de Nivel de Servicio para seleccionar prestadores más eficientes.

Este nuevo esquema permitirá encontrar soluciones energéticas que apunten a una universalización del sistema que no solo expanda la cobertura, sino que también apalanque las condiciones de vida de la población y sus oportunidades económicas. "Su costo fiscal dependerá del diseño específico que se haga de las subastas, pero su impacto en reducción de pobreza multidimensional, equidad territorial y bienestar social la convierte en una de las decisiones más transformadoras que puede tomar el próximo gobierno", recalcaron.

En segundo lugar, los integrantes de Colombia Progresa 2630 indicaron que se debe asegurar una expansión oportuna de la oferta; debido a que la inversión en infraestructura energética atraviesa problemas que comprometen su capacidad de expandirse y reducir riesgos en el suministro. Resaltó que aún existen "cuellos de botella institucionales, demoras en permisos, tiempos de conexión superiores a 1.000 días para proyectos solares, congestión y retrasos de más de cuatro años en la expansión de redes de transmisión".

Advirtieron que, para evitarlo, se debe retomar la declaración de Proyectos de Interés Nacional Estratégico, Pines, sobre aquellas iniciativas que brinden mayor impacto en el suministro, con el objetivo de concentrar trámites en ventanillas únicas y mejorar la coordinación interinstitucional. A esto sumaron la derogación de regulaciones que distorsionan los precios o restringen la competencia en electricidad y gas.

Además, aseguraron que se debe recomponer la agenda regulatoria en aras de recuperar la inversión y avanzar en la modernización de mercados; restablecer acuerdos de estabilidad jurídica para proyectos de gran escala; y fortalecer la capacidad institucional para apoyar esta agenda. Finalmente, propusieron "promover la entrada de nuevos actores en generación, comercialización y producción de hidrocarburos para reducir la alta concentración del sector".

El tercer frente se relaciona con los desequilibrios que tienen en jaque financiero al sistema. Según alertaron, tanto el déficit del Fepc como las deudas del sector público, los pasivos de Air-e de más de $2 billones y los subsidios a combustibles y energía mal focalizados presionan la estabilidad de las finanzas públicas: un problema que exige una agenda de saneamiento urgente.

En primer lugar, propusieron liberar el precio del diésel, el cual tendría un impacto de alrededor de $8 billones que servirían para cancelar deudas del sector público que ascienden a $6 billones, evitando una crisis que compromete la prestación del servicio. "Estos recursos deben redirigirse también a reducir el déficit de cobertura y a modernizar la infraestructura eléctrica y asegurar la prestación del servicio en el Caribe, donde los rezagos históricos de inversión y la vulnerabilidad financiera del mercado han impedido la prestación de un servicio de calidad", puntualizaron.

Añadieron que la siguiente administración también deberá apoyar la producción de hidrocarburos y carbón en zonas productoras para sostener los ingresos fiscales, maximizar la generación de impuestos y las utilidades de Ecopetrol y buscar capital para llevar a cabo la transición.

En último lugar, la alianza postuló repensar la transición energética, pues la actual política "tiene una alta descoordinación, falta de prioridades claras y metas poco realistas frente a las capacidades institucionales y a las necesidades sociales del país"; por lo que corregir su rumbo requiere una articulación de sectores energéticos, industriales, de movilidad y de ordenamiento territorial.

Determinaron que la nueva estrategia deberá sustentarse en tres claves: una política basada en la promoción de eficiencia y la modernización de redes; una expansión de la oferta eléctrica y la adopción de nuevos energéticos; y la maximización de la fiscalidad de los fósiles.

"De igual forma, es fundamental actualizar la política de adaptación del sector energía, incorporando lineamientos que orienten la construcción de infraestructura resiliente frente a eventos cada vez más extremos", concluyeron. Los centros de pensamiento enfatizaron en que la propuesta combina medidas de implementación a corto y largo plazo que permitirán redefinir el suministro, la legitimidad del sector y la naturaleza de la transición.