Las invasiones y los conflictos de orden público frenan cuatro desarrollos de hidroeléctricas

María Gladys Escobar - mescobar@larepublica.com.co

Los conflictos por desplazamiento de personas a zonas donde se van a realizar las grandes hidroeléctricas y los problemas de orden público tienen en `jaque` a cuatro proyectos de generación hídrica en el país y que representan una capacidad instalada de 2.880 megavatios (MW), vitales para la expansión energética del país.

Este es el caso de El Quimbo de la firma Endesa, Hidroituango y Porce IV de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Amoyá de Isagén, los cuales han tenido que enfrentar diversos inconvenientes.

En el caso de El Quimbo, Hidroituango y Porce IV su mayor traba tiene que ver con la invasión de terrenos por parte de personas que después de realizar el censo para indemnizar la población que estaba en el área, han tenido que afrontar invasiones de más personas que pretenden ganar jugosas sumas por desalojar.

Lucio Rubio Díaz, gerente de Emgesa y director General del Grupo Endesa en Colombia,  explicó que las dificultades se han presentado porque una organización llamada Asoquimbo que tiene una ideología política que no está de acuerdo con que se realicen este tipo de proyectos hidráulicos, razón por la cual la comunidad ha recurrido a las vías de hecho  para obstaculizar  la ejecución de las obras.

El debate por la construcción del proyecto se agudizó este fin de semana por protestas de la comunidad debido  a  la desviación del cauce del río Magdalena para cumplir con uno de los hitos de construcción. Esta situación generó que tanto la Alcaldía de Bogotá, que a través de EEB es socia en un 51% de Emgesa en este proyecto, y la Procuraduría General de la Nación enviaran comisiones a la zona para escuchar a la comunidad, analizar el proceso de contratación y el impacto ambiental de la obra con el fin de destrabar el proyecto.

Rubio aseguró que continuarán adelante y que el cronograma para entregar la obra en diciembre de 2014 se mantiene y que seguirán trabajando con la población censada que son 3.000 personas. En cuanto a  las compensaciones se han destinado US$143 millones y se esperan invertir en la obra US$837 millones.

La firma que tiene actualmente las mayores pérdidas por el tema de invasiones es EPM, porque la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) decidió hacer efectiva la garantía que firmó por $23.680 millones por la construcción de Porce IV.

Las directivas  decidieron suspender el proyecto por la difícil problemática social y de orden público en la zona de ubicación de la obra, por lo que no hay avances desde diciembre de 2010.

Y si bien la Creg definió que la garantía se firma porque las empresas asumen que tienen riesgos manejables, la energética alegó que los problemas de Porce IV desbordan la capacidad de gestión de cualquier entidad porque faltan garantías de seguridad por parte del Gobierno. En este caso la invasión pasó  de un arreglo con 2.799 personas a 14.500.

Hidroituango
Según Jorge Mario Pérez Gallón, gerente de Generación de Energía de EPM, las invasiones ilegales dentro de los terrenos del proyecto hidroeléctrico Ituango han hecho que tengan que cambiarse los programas de trabajo y pasar los contratistas a otros frentes lo que ha generado   dificultades para cumplir el cronograma de obra.

Son 181 familias que deben ser reubicadas y reasentadas, censo que se basó en diferentes fuentes de empresas públicas, como registros del Sisbén, de salud y educación, tanto a nivel municipal como departamental. Así mismo, la empresa debe mitigar y compensar a 1.402 mineros debido a que se les afecta su actividad económica.  

La empresa ha hecho un proceso con los representantes de los propietarios y ya cuenta con un manual de valores tanto para el pago de las mejoras de los predios como para los procesos de financiación cuando se les afecta su actividad económica. Pérez indicó que el proceso de negociación y de concertación con las familias se viene haciendo desde hace año y medio. La meta es que en 2012 y 2013 se pueda concluir esa preparación y en los años de 2014 y 2015 se pueda hacer efectiva la reubicación.

"No obstante, al proyecto ha llegado un grupo de personas buscando beneficio de indemnización", dijo Pérez.

En la zona del proyecto se asentaron 600 personas de manera ilegal, más de 330 de ellas abandonaron los terrenos de manera voluntaria, a través de un trabajo social que emprendió la compañía; otro grupo fue desalojado cumpliendo con los requisitos de ley y teniendo el acompañamiento de la Policía, los alcaldes, entre otros. Pérez indicó que aún quedan 70 personas que están ocupando la zona y esperan que en máximo dos meses se pueda cumplir con el desalojo.

Los conflictos con zonas del proyecto Amoya de Isagén
María Luz Pérez, gerente de proyectos de generación de Isagén, dijo que se han presentado hostigamientos por parte de la Farc en la zona donde se realiza el proyecto Amoya. La firma ha tenido que sortear inconvenientes con sus empleados debido a que han sido amenazados por trabajar en esta obra. La directiva indicó que continúan adelante con la construcción pero que es vital el apoyo de las fuerza pública y evitar que se presenten más hostigamientos. Los últimos ataques en Amoyá han ocurrido en el cañón de Las Hermosas que es un territorio que por tradición han tenido presencia la Farc, pero que desde que se comenzó a realizar no había tenido enfrentamientos, sin embargo el panorama cambió desde finales del año pasado.

Las opiniones

Lucio Rubio Díaz
Director General del Grupo Endesa en Colombia

'Las mayores dificultades se han presentado porque Asoquimbo se opone al proyecto porque no está de acuerdo en que se realice este tipo de obras hidráulicas'.

Mauricio Cárdenas
Ministro de Minas y Energía

'Se necesita seguir ampliando la generación de energía para convertir al país en un exportador neto de electricidad tal como se logró con el petróleo'.

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