Hay un plazo de dos meses para que Gobierno de Petro logre aprobar sus reformas

El periodo de descanso de la Semana Santa acostumbra a ser de reflexión, donde se busca una pausa de lo cotidiano para meditar y continuar hacia adelante.

En ese mismo concepto y pausa simbólica se encuentran las reformas sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro. Tal como se anticipó a principios de año, su tránsito por el Congreso de la República no iba a ser fácil y, hasta el momento, las ganancias han sido pocas.

“El estado de las reformas enfrentará un reto muy importante en términos de capacidad de negociación y defensa por parte del Gobierno. Sin embargo, la variable tiempo y el desgaste de las últimas semanas agudizan el panorama”, apuntó Ángela Noguera Hidalgo, profesora principal de carrera de la Universidad del Rosario.

De hecho, en las últimas semanas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que el Gobierno debe buscar más consensos para sacar adelante estos proyectos.

José Manuel Restrepo, director de la Universidad EIA, pronostica, por su parte, tres escenarios para los proyectos del Gobierno Nacional.

El primero está relacionado con la viabilidad política. “Los más recientes hechos, como el anuncio de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, han sido realmente un detonante en contra de las reformas y de su tránsito en el Congreso, porque ha generado y ha despertado preocupación en los integrantes de la corporación. Entonces viene un gran desafío y es ¿qué tanto de toda esta coyuntura política puede haber afectado el curso de las reformas en el Congreso?”, se cuestionó Restrepo, también exministro de Comercio y Hacienda.

En segundo lugar, está el papel cuestionado a estos textos sobre su capacidad de contribuir a la reactivación económica que pide el país.

“Viene también una discusión de si esas reformas van o no a contribuir a un escenario económico mucho más enrarecido y en dificultades. Algunos de esos textos, como la laboral, no contribuyen”, aseguró Restrepo.

Un tercer punto es la viabilidad fiscal de estos proyectos en un contexto donde cada vez se estrecha más el espacio fiscal.

“Hay una preocupación que tiene que ser dilucidada aún y es el impacto fiscal de las reformas. Los conceptos emitidos por parte del MinHacienda no han generado calma en los actores que toman decisiones en el Congreso de la República, porque no hay claridad sobre un aval fiscal y los estudios tienen dificultades, incluso en su forma de cálculo”, señaló Restrepo.

La propuesta pensional

El martes de la semana pasada se retomó un debate en el Senado para escuchar en sesión informal a los representantes del sector público, privado y academia, sobre los pros y contras del proyecto de reforma pensional. La inmensa mayoría coincidió en su importancia; sin embargo, la discusión se centra meramente en lo técnico.

Entes académicos como Fedesarrollo o Anif han reiterado sus propuestas de bajar el umbral de cotizaciones, algo que es clave para el avance del proyecto y la financiación a futuro del sistema.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que la reforma pensional va en sentido correcto, pues permite corregir algunos factores, como la cobertura de la población. No obstante, existen preocupaciones en torno al impacto fiscal.

Según cálculos del centro, si la reforma se aprueba tal como está, el valor neto del sistema de protección pasaría de $119,9 billones a $184,5 billones, lo que representaría un alza del pasivo pensional en $64,6 billones.

Al igual que su colega, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también abrió la puerta para discutir el umbral de cotizaciones, que el Gobierno mantiene en tres salarios mínimos.

Se espera que, tras haber finalizado Semana Santa, se reanude en el Senado el debate de la reforma pensional, que tiene en aprietos sus tiempos.

“Espero que el Senado empiece a discutir en forma esta reforma porque solo resta lo que queda del semestre para sacarlo del Senado y que también se apruebe en Cámara de Representantes. Los tiempos los veo difíciles”, reconoció Bonilla a la salida de la sesión del martes de la semana pasada.

La fecha límite para aprobar el proyecto, con todo el trámite pendiente, es el próximo 20 de junio.

Reforma en UCI

Tras una jugada política de los senadores de la Comisión Séptima del Senado, el proyecto de reforma a la salud quedó hundido virtualmente.

Ocho senadores de la Comisión afirmaron su intención de archivar el proyecto y, aunque el Gobierno intentó persuadirlos, resistieron su intención.

No obstante, el proyecto busca salvarse por medio de una ponencia alternativa del senador Fabián Díaz, radicada el martes de la semana pasada.

Uno de los principales cambios que promueve el texto es la transformación de las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, en Gestoras de Salud y Vida. Con la propuesta alternativa, este apartado permanece, salvo que agrega que esta nueva gestora pueda ser creada bajo una nueva persona jurídica y les faculta para la adscripción de las personas en los Centros de Atención Primaria en Salud, Caps de su preferencia.

La propuesta también busca reglamentar los Caps, los cuales deberán, según el texto alternativo, cumplir con metas en resultados en salud de la población asignada.

Otro de los puntos del articulado consiste en nuevas funciones de la Adres, como pagador único del sistema. Este punto se mantiene sin cambios, solo con algunas excepciones como ampliar los tipos de auditoría.

El exministro Alejandro Gaviria señaló que esta ponencia “no añade nada sustancial o modifica. Es una distracción”.

Las propuestas de educación y laboral esperan en silencio

El Gobierno está poniendo toda la carne en el asador en dos de sus cuatro proyectos vigentes. Mientras las propuestas pensional y de salud marcan el rumbo, otras dos continúan sin mucha premura en el Congreso de la República.

Estas son las reformas de educación y la laboral. La primera de estas avanzó en Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora debe ser citada para la plenaria, algo que no ha ocurrido.

La laboral también espera por discutirse, pese a haberse aprobado artículos.