"Las tarifas de energía se han incrementado por el orden de 43% en el estrato cuatro"

Durante su intervención en el Congreso XXIV de Andesco en Cartagena, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez hizo énfasis en la actual coyuntura por el alza de las tarifas en la Costa Caribe.

Indicó que en los últimos cinco semestres, las tarifas de la energía se han incrementado por el orden de 43% para un usuario de estrato 4 en Colombia, que no es ni contribuyente ni beneficiario de subsidios.

Sumó que Colombia que tiene desafíos distintos y no menos preocupantes. Actualmente, hay más de 500.000 familias que a nivel nacional que no tienen acceso a la energía. Situación en la que algunos departamentos presentan una mayor desventaja como son: Vichada y Vaupés que solo alcanzan una cobertura de 48% y 53%, respectivamente.

Aunque este número de familias corresponde solo a 3,7% de los hogares colombianos, la ministra insistió que se trata de un desafío adicional puesto que del total, 73% de esos hogares se localizan en zonas no interconectadas y donde existen las mayores necesidades básicas no satisfechas.

"Los desafíos regionales requieren soluciones diferenciales. En este contexto nuestro compromiso es acelerar la transición energética justa y esto nos lleva a plantear cinco principios de transición energética y una hoja de ruta para generar una acción urgente que hemos llamado Pacto por la Justicia Tarifaria".

Explicó que el primer principio de la transición es la equidad. En este punto resaltó la importancia de democratizar la generación de la energía para buscar actores comunitarios y empresariales que también estén participando. Aunque sostuvo que esto implica desafíos regulatorios y técnicos, también dijo que ya los están asumiendo.

"Es necesario democratizar la cuestión de la energía, de manera que la distribución y la comercialización estén pensadas en los usuarios como un bien común y un derecho que debemos defender".

El segundo principio es la transición energética gradual y segura. En este punto resaltó que el interés del Gobierno Nacional es diversificar la matriz energética desde la soberanía y autosufienciencia. Para ello, agilizarán la entrada de nuevos proyectos renovables no convenciolañes, mientras se ajusta y agiliza la regulación con el apoyo de la Creg.

El tercer principio alude a la transición incluyente y participativa. Un ejemplo de ello, es el Pacto por la Justicia, que según explicó, no es más que "una participación vinculante con comunidades, sindicatos, empresas, agremiaciones y todos los actores del sector minero energético".

"La minería ahora tienen una gran demanda en relación con la transición energética a nivel global, lo que indica que hay nuevos minerales que son de interés y por lo tanto, debemos hacer una prospectiva diferente. Sin embargo, nos interesa saber que estamos conservando los ecosistemas estratégicos y que las comunidades pondrán ser respetadas".

Se evaluará la posibilidad de tener una interconexión latinoamericana para llevar a cabo el intercambio de minerales y que esto conduzca a una soberanía de esos minerales a nivel regional.

Seguido, también en el foco del nuevo Gobierno también está el tema de los encadenamientos productivos para transitar de una economía extractivista en minerales a una economía productiva "donde podamos hacer nuestros propios aerogeneradores y paneles solares, primero como prototipos y luego como industria nacional de energía", puntualizó Irene.

Sin embargo, rconoció que para hacerlos se requiere intensificar el conocimiento, que constituye el quinto principio de esta nueva hoja de ruta. "Eso lo haremos en los diferentes niveles: étnico, profesional, posgrados y en los centros de investigación".

"Nos hemos comprometido con la creación de un instituto de transición energética para asegurar que hay conocimiento para llegar a la industrialización del país, la cual queremos hacer desde las economía populares. es decir que vamos a incentivar las relaciones público-populares y privadas-populares para que los actores tengan y se sientas incluidos en sus territorios".

El Pacto por la Justicia Tarifaria

Es la hoja de ruta del sector que implica una serie de diálogos que arrancaron desde este 8 de septiembre y que entre los primeros resultados ya contempla la definición de un cronograma de trabajo, aprobado por los alcaldes y gobernadores del país.

"A partir de eso vamos a tener reuniones decisorias a los largo de los próximos ocho días. En este tiempo vamos a reunirnos con miembros del Congreso y con los generadores, que son cruciales en la solución que estamos proyectadoen articulación con el agente regulador que es la Creg".

La idea es que en una semana se pueda concretar una decisión y una solución inmediata que solo constituirá la primera fase de una solución en el mediano plazo donde "tenemos que pensarnos en un indicador específico para el sector eléctrico".