Ley de competencias destinaría 96% de recursos para educación, salud y agua
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El proyecto establece que, durante los próximos 12 años, este presupuesto tendrá un aumento anual de 1%, hasta que 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación se destine al SGP
Aunque con varios meses de retraso, el Gobierno finalmente radicó ante el Congreso el proyecto de ley con el que busca reformar la Ley de Competencias y, con ello, la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP. La iniciativa tiene como objetivo reducir las brechas entre los departamentos y promover una mayor equidad en la asignación de recursos para avanzar en sectores como educación, salud y acceso al agua potable en las regiones.
Si bien se introdujeron algunas modificaciones frente al anteproyecto, se mantiene la esencia del borrador del decreto. La Ley de Competencias establece que 96% de los recursos, que tendrán un aumento gradual hasta 2038, se destinarán a estos componentes: 58,5% a educación; 24,5% a salud; 5,4% a agua apta para consumo humano y saneamiento básico; y 11,6% a la participación de propósito general.
El otro 4% restante del presupuesto se destinará a asignaciones especiales y se distribuirá así: 0,52% para los resguardos indígenas y 0,08% para los municipios cuyos territorios limitan con el río Magdalena, en proporción a la ribera de cada uno, según la certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
El Gobierno resaltó la importancia de cerrar brechas y fortalecer la autonomía territorial, al señalar las disparidades existentes en educación, las dificultades de acceso a los servicios de salud y los obstáculos que enfrentan algunos territorios para garantizar un servicio tan básico como el agua potable.
Como se mencionó, en un periodo de 12 años se incrementará gradualmente la participación de estos recursos. La ley establece un aumento anual de 1 punto porcentual, con el fin de que la participación del Sistema General de Participaciones en los ingresos corrientes de la Nación pase de 28,5% a 39,5%.
Este aumento anual se distribuirá de la siguiente manera: 5% se destinará al Fondo de Estabilización de Ingresos Territoriales del Sistema General de Participaciones, el cual financiará la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control integral del gasto ejecutado por las entidades beneficiarias del sistema, así como los sistemas de información, los procesos de fortalecimiento institucional y los gastos asociados al Sistema de Gobernanza para la Autonomía y la Descentralización Territorial.
Se prevé que 80% de estos recursos se destine a garantizar la prestación de los servicios y al cierre de brechas en salud, educación, agua apta para el consumo humano y saneamiento básico. El otro 20% restante se distribuirá así: 70% para la asignación de propósito general de municipios y distritos y 30% para la asignación destinada al desarrollo económico de los departamentos.
Una vez radicado este proyecto de ley, que será discutido en el primer semestre de 2026 y que, de ser aprobado, entraría en vigencia a partir de 2027, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que, después de la reforma laboral, se trata del proyecto más importante que puede haber en décadas en el país.
“Esta ley elevaría la participación de 28,5% a 39,5%; son cerca de $50 billones que se destinarán durante los próximos 12 años. Se va a redistribuir el Presupuesto del Sistema General de Participaciones”, afirmó el jefe de la cartera.
Lo no tan positivo
Pese a que el borrador fue socializado previamente con gremios y otras entidades competentes, algunos organismos, como Asocapitales, mantienen su preocupación por el impacto que tendría esta ley de competencias en los territorios.
Por ejemplo, advirtió que algunos aspectos relacionados con la salud deberían tramitarse mediante una reforma al sistema de salud, cuyo proyecto fue hundido ayer en su segundo intento de convertirse en ley de la República.
En el componente educativo también identificó riesgos y señaló que actualmente 97% de los recursos del sector se destinan únicamente a funcionamiento, “lo que limita la inversión en aprendizaje, infraestructura y calidad educativa”.
Asocapitales reiteró que ningún rediseño institucional será viable si las capitales no participan activamente en la definición de competencias y de los recursos necesarios para cumplirlas. “La ampliación de instancias poblacionales o de validación nacional podría interferir en la autonomía de las ciudades capitales”, advirtió su director general, Andrés Santamaría.