Ley de Garantías y falta de aval técnico atrasarían dos años Tren de Cercanías del Valle
jueves, 6 de noviembre de 2025
Habría que recurrir en gastos adicionales por pérdida de vigencia de estudios y diseños, si no se obtiene el aval fiscal y técnico antes del 8 de noviembre
El país se sigue adentrando en las contiendas electorales que se llevarán a cabo en 2026, con las elecciones legislativas y las presidenciales. Para garantizar la transparencia, equidad e imparcialidad en las votaciones, desde el 8 de noviembre entrará en vigencia la Ley de Garantías, consagrada en la Ley 996 de 2005.
La ley establece prohibiciones para la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta el 21 de junio del mismo año en caso de que haya una segunda vuelta presidencial.
En este sentido, proyectos de infraestructura vial como el tren de cercanías del Valle del Cauca podría ver un freno de dos años y se pondría en riesgo una inversión de $34.000 millones si no se concretan el convenio de cofinanciación, el Conpes y el aval técnico antes del sábado.
De acuerdo con María Fernanda Santa, directora de la Cámara Colombiana de la Construcción seccional occidente, la falta de decisión política del gobierno para avanzar con la firma del convenio provocaría que las vigencias de los estudios y diseños del proyecto se pierda, lo que provocaría un gasto adicional de $14.000 millones para extender los tiempos de estudio.
“El Valle del Cauca ya cumplió. El proyecto cuenta con planeación, rigor técnico y ya están listas las vigencias futuras de los entes territoriales, falta la decisión política para al menos contar con el aval técnico y fiscal”, comentó Santa.
En el mismo sentido, la gobernadora del departamento y el alcalde de Cali, Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder, enviaron una carta a las carteras de Hacienda y Transporte y al DNP para priorizar la expedición de los documentos “en pro de la modernización de la estructura férrea regional”.
De no aprobarse, el proyecto también pondría en riesgo la generación de hasta 14.500 puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión total de $12 billones en el proyecto.
El proyecto busca beneficiar a más de un millón de pasajeros y reducir en 33% los tiempos de viaje Además, evitar la emisión de más de 37.000 toneladas de dióxido de carbono al año.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, la Ley de Garantías también prohíbe la contratación directa en general desde el 31 de enero.
Aunque se contemplan excepciones como la contratación para la defensa y seguridad del Estado, contratos de servicios públicos, lo requerido para labores hospitalarias y sanitarias o de atención de desastre naturales, esto implica el congelamiento de 897.000 puestos de trabajo del gobierno, según el Dane, al menos para la entrada de nuevo talento humano.
Otras actividades que no se restringen en razón de la Ley de Garantías son los procesos de selección mediante licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada y mínima cuantía, la prórroga, adición, modificación de contratos firmados antes de las fechas de restricción y la celebración de contratos o convenios de manera directa con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales o con personas de derecho público extranjero.
En cuanto a las restricciones a los medios de comunicación, los concesionarios de los noticieros y los espacios de opinión en televisión, durante la campaña electoral, deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad.
Así mismo, no podrán, en ningún caso, presentar a candidatos a cargos de elección popular durante la época de la campaña. En cuanto al sistema de medios públicos, Rtvc, deberá garantizar la realización de tres debates de hasta 60 minutos entre los candidatos presidenciales y hasta 10 minutos a cada candidato a la presidencia de Colombia ocho días antes del cierre de campaña para dar un balance de dicho proceso.