Hacienda

Ley de Rescate Económico plantea ajuste fiscal de 4,74% del PIB en 2030

En su más reciente informe, Anif explicó que la propuesta plantea un ajuste fiscal que aumenta desde 2,4% del PIB en 2027, equivalente a cerca de $95,5 billones en 2030

David Alejandro Realpe Iregui

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Aunque la Ley de Rescate ha recibido respaldo desde distintas orillas, en especial por sus propuestas para apretarle el cinturón al Estado, uno de los puntos más criticados ha sido el impacto que esta tendría en los ingresos de los hogares.

Según el más reciente informe presentado por Anif, la propuesta plantea un ajuste fiscal que aumenta progresivamente desde 2,4% del PIB en 2027 hasta alcanzar 4,74% del PIB en 2030, equivalente a cerca de $95,5 billones.

“Si bien este monto corresponde al mínimo requerido para estabilizar la deuda, llama la atención su composición, pues 54% del ajuste provendría de mayores impuestos y aportes, 35% de recortes del gasto público y 11% restante del mayor recaudo asociado al crecimiento económico”, explicaron desde el centro de pensamiento.

En materia de renta, la propuesta incorporaría una tarifa de 9% para quienes reciban ingresos entre 720 y 1.090 UVT, limitaría la renta exenta de 25% a 630 UVT y eliminaría las deducciones de 72 UVT por dependiente. Según Anif, esto llevaría a que 2,4 millones de personas que actualmente declaran, pero no pagan el impuesto, comiencen a hacerlo. El recaudo adicional por esta vía alcanzaría $2 billones, mientras que el conjunto de medidas de renta generaría $6,25 billones.

En las cotizaciones a salud, el proyecto reemplazaría la tarifa plana de 4% que pagan los asalariados por una escala progresiva. La medida afectaría a cerca de dos millones de trabajadores, con un incremento promedio de $147.000 mensuales y un costo anual de $3,6 billones. A esto se sumarían 87.000 independientes formales, con un aumento promedio de $60.000 al mes, y mayores aportes para 315.000 afiliados a regímenes especiales y de excepción.

Por otra parte, la modificación de las exoneraciones de aportes parafiscales y de salud de los empleadores elevaría los costos laborales en cerca de $10,9 billones anuales, con efectos sobre 1,3 millones de trabajadores formales. Aunque el mayor costo recaería inicialmente sobre las empresas, Anif advirtió que podría trasladarse parcialmente a los hogares mediante menores incrementos salariales o una reducción de la contratación formal.

LOS CONTRASTES

  • José Ignacio LópezPresidente de Anif

    “Las medidas tributarias, en particular las del IVA, se ven difíciles de aprobar, pese a los planes de devolver en su totalidad el impuesto a los hogares de menores ingresos”.

En cuanto al IVA, los ajustes sobre 26 grupos de alimentos tendrían un mayor peso en el presupuesto de los hogares de menores ingresos, al representar 9,5% de su gasto, frente a 3,3% en los de ingresos altos. Sin embargo, Anif estima que, después de aplicar el mecanismo de devolución EfecIVA, los deciles uno al seis tendrían una ganancia neta de ingresos, mientras que los deciles 7 al 10 asumirían el costo de las medidas. La entidad señala que este resultado dependerá de que las compensaciones lleguen efectivamente a la población beneficiaria.

Las Comisiones Económicas

Tras radicar la Ley de Rescate, el Ejecutivo envió el 3 de noviembre un mensaje de urgencia e insistencia al Legislativo, en el que pidió acelerar el trámite de la iniciativa que buscaría un ajuste de $45 billones en las finanzas públicas mediante recortes al gasto estatal y modificaciones tributarias. En la misiva, firmada por Abelardo de la Espriella y dirigida a los presidentes del Senado, de la Cámara de Representantes y de las Comisiones Económicas, el Gobierno explicó que la urgencia responde a la necesidad de que los instrumentos de estabilización fiscal, la optimización de activos y las nuevas fuentes de recaudo estén disponibles antes de que se profundice el deterioro de las finanzas públicas.

Por ende, se autorizó a las Comisiones Económicas con el fin de estudiar y dar primer debate al proyecto de Ley de Rescate.

Cabe resaltar que la propuesta enfrenta un calendario especialmente ajustado, y las fuerzas en el Congreso serán clave. El Gobierno Nacional solo tiene hasta el 16 de diciembre, más unos días de posibles sesiones extraordinarias, para que se apruebe la iniciativa.

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