Los departamentos se suman a los reparos al Plan Nacional de Desarrollo

A pesar de que la discusión del denominado ‘Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad’ del Gobierno de Iván Duque apenas acaba de iniciar en el Congreso, son varios los actores que han mostrado sus reparos a algunos puntos de la hoja de ruta del próximo cuatrienio como es el caso de los departamentos.

Las críticas de las regiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo van desde la entrega de la viabilidad de los proyectos regionales al Gobierno, hasta la cantidad de trámites que aparecen para acceder a los recursos de inversión del Sistema General de Regalías o la iniciativa de aplicar una tarifa única por grado de alcohol para los licores y otra para los vinos.

Para la Región Administrativa de Planeación Especial (Rape) Región Central, que engloba a los departamentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca y Tolima, la primera de ellas iría en contravía de la descentralización. Es por eso que el gobernador de Boyacá y también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Amaya, dijo que el próximo martes irán al Congreso para que se modifique. Además, presentarán proposiciones relacionadas con los proyectos para la paz y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura educativa, entre otros.

“Se pretende que los ministerios y departamentos administrativos sean los que le den viabilidad a los proyectos regionales. Sin embargo, ello retrasaría mucho las aprobaciones, por ejemplo, de los recursos de las regalías. Al contrario, lo que hay que hacer es darle mayor autonomía a los departamentos a través de las Ocad”, explicó Fernando Flórez Espinosa, director de la Rape-Región Central.

Además, si bien el Plan establece que los esquemas asociativos como las Regiones Administrativas podrán presentar proyectos de inversión al Sistema General de Regalías, una de sus críticas es que las condiciones son engorrosas y generan desventaja frente a las demás entidades hoy habilitadas para presentarlos.

Adicional a ello, Olga Lucía Alfonso, secretaria de Planeación de la gobernación del Tolima, hizo hincapié en que las finanzas de los departamentos se podrían ver afectadas tanto por el artículo que establece que los departamentos financiarían con recursos propios los gastos derivados de la atención en salud de la población migrante como el cambio en el impuesto a los licores.

En este último, el Plan establece que se elimine el impuesto ad valorem de 20% para vinos y 25% para destilados (según los gobernadores el cálculo había llevado a millonarias pérdidas a los departamentos) y que el tributo específico se aumente de $220 a $500 por grado de alcohol para licores y de $150 a $350 para vinos y aperitivos.

Sin embargo, los departamentos dicen que la renuncia a la progresividad del impuesto conlleva a que los licores que tienen menor precio de venta, como es el caso del aguardiente o los rones nacionales, tengan que pagar más; mientras que los importados, como whiskys, vodkas o tequilas de precios mayores, disminuirían su aporte.

Por su parte, la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba), Asovinos y otros respaldan la decisión del Congreso de eliminar la metodología actual utilizada para calcular el impuesto ad valorem que ha generado un impacto “negativo” en la cadena de producción y comercialización.

“Se deben mantener las diferencias entre espirituosos y vinos, respetar los acuerdos internacionales y lograr una estabilidad tributaria. La industria de vinos está decreciendo por la fórmula”, dijo Luz María González, presidenta de Asovinos.