Los grandes retos fiscales y sectoriales que pide ajustar el Informe de Competitividad

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó su decimosexta edición del Informe Nacional de Competitividad. Una publicación que revisa la situación del país en 16 ejes diferentes y así da unas conclusiones por cada uno para "avanzar en la solución de los problemas estructurales que aquejan nuestra economía".

El documento es claro en que 2021 y 2022 han sido años de fuerte reactivación de la actividad económica después de la pandemia del covid-19. El crecimiento de 10,7 % del PIB en 2021 y esperado para 2022 de 7,6% son muy superiores a los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y del promedio de la región. Pero en el Consejo Privado de Competitividad ven la importancia de evaluarse, analizar en qué se va bien, y en qué se puede mejorar.

“La competitividad promueve la capacidad productiva de las personas y empresas para generar mayores ingresos, abrir puertas para ellos y sus familias para tener una mejor calidad de vida. Avanzar en la construcción de una sociedad más prospera y equitativa requiere que todos asumamos los retos de mejorar la competitividad del país con esa consciencia y estrategias de largo plazo”, dijo la presidente del CPC, Ana Fernanda Maiguashca.

La situación tributaria
Un primer punto de los 16 que reportan llama la atención por la coyuntura y es cómo está Colombia en términos de sistema tributario: el cual según las cifras es bajo. El CPC encontró que el recaudo tributario total como porcentaje del PIB fue 18,7% en 2020, frente a 21,9% del promedio regional y 33,5% de la Ocde. Los impuestos de personas naturales solo alcanzan 1,3% en Colombia, mientras que el promedio del bloque del club de países de buenas prácticas es 8%.

Adicionalmente, otro lunar está en que el gasto tributario por IVA en 2021 fue de 5,8 % del PIB, frente a 5,5% en 2020 según reportó la Dian. 79,9% del recaudo de impuestos directos proviene de personas jurídicas. (Así lo calculó el CPC, con base en reportes Ocde de 2021).

Consecuencia de esto es que el Informe Nacional de Competitividad recomienda que se debe "ampliar la base de declarantes e integrar la información que aquí se genere con la demás que tenga el Gobierno para mejorar la relación del ciudadano con el Estado. Concentrar las exenciones de IVA en la canasta que consumen las personas de menores ingresos. Continuar con la implementación del plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la Dian".

Maiguashca agregó que "tenemos una enorme carga sobre el sector productivo", haciendo referencia a la reciente reforma tributaria. Llamó la atención sobre "el IVA, no es un impuesto progresivo, hay mucho recaudo que estamos perdiendo". "Todas las personas deberíamos declarar y eso no es necesariamente pagar. Todos tenemos que contarle al Estado quiénes somos para que se sepa qué nos debe tributar. Avanzar requiere que todos asumamos los retos de mejorar la competitividad del país".

Pensiones
Esta semana el Gobierno entregó las bases de su reforma pensional que será el gran tema de la agenda legislativa del próximo año, quiere darle más fuerza a Colpensiones y restarle usuarios a las AFP.

Por eso en el CPC entregaron un balance en este sector. Lo primero es que en 2021 solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva. Adicionalmente, 65,4% de los subsidios están focalizados en el quintil más alto de ingresos (y la reciente reforma tributaria que se aprobó no logró incluir el impuesto que iba pensado en esas personas con mesadas de más de $11 millones al mes). Por cuenta de ese último punto, en 2021 el gasto en pensiones del Gobierno Nacional Central fue de 3,7% del PIB.

El Informe Nacional de Competitividad propuso en su entrega de este año, fortalecer un pilar no contributivo de protección a la vejez. Considerar diferentes formas de acceder a la protección social más allá del empleo formal y su anclaje con el salario mínimo.

Justicia y seguridad
El documento le dedica otro eje a la justicia y la seguridad, explicaron que 23% de los ciudadanos desconocen la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales con base en encuestas del Dane. También resalta que 80% consideró que al acceder a la justicia su problema no se soluciona. Más del 50 % de los ciudadanos desconfía de los Jueces y Magistrados, los partidos políticos y el Congreso. A nivel nacional cerca del 44 % de los ciudadanos se sienten inseguros o muy inseguros en sus ciudades o municipios.

En el Consejo destacan que una vía para hacer correcciones debería promover el uso de Mecanismos de Resolución de Conflictos y su implementación virtual. Consolidar un sistema unificado de reporte y acceso a la
información pública de la Rama Judicial. Realizar una depuración normativa y legal con los parámetros de evaluación de costos enunciados en el capítulo de Eficiencia del Estado.

Eficiencia del Estado
La mitad de las normas emitidas en 2021 tuvieron un carácter no sustancial, es decir, atendían asuntos administrativos o procedimentales, reportó el Observatorio de Mejora Normativa del DNP este año. Se estima que el componente inflexible del gasto del Presupuesto General de la Nación alcanzó 90,9% en 2021. Y adicional, en Colombia no se requiere una evaluación sobre el logro de los objetivos de una ley y este requerimiento se aplica solo en el caso de algunas regulaciones, fue una de las conclusiones sobre Colombia que hizo la Ocde el año pasado.

El documento del CPC sugiere implementar un programa de evaluación y modificación de la regulación basado en la medición de costos. "Consolidar el Registro Social de Hogares como sistema integral de información sobre personas receptoras de subsidios y montos asignados. Ampliar la oferta de evaluaciones de política pública y garantizar que informen la toma de decisiones".

Infraestructura, transporte y logística
Otro punto que resalta está en el transporte, allí el CPC explicó que las vías terciarias representan 69% de la red vial del país. Sin embargo, 94 % se encuentra en mal estado a luz del más reciente reporte del MinTransporte del año pasado.

Entre enero de 2019 e igual mes de 2022, los costos de transporte por tonelada aumentaron 24%. De hecho, entre enero de 2019 y abril de 2021, el costo promedio fue de $113.840 por tonelada, y entre mayo de 2021 y febrero de 2022 aumentó a $133.897 (alza de 17,6 %). Por cada $100 de ingresos en ventas, una empresa debe dedicar $12,6 a su costo logístico.

En ese sector, el informe propone: Primero, permitir que el precio de los fletes se genere en condiciones de competencia y buscando eficiencias. Segundo: Definir esquemas de cofinanciación en la construcción
y mantenimiento de vías terciarias. Tercero: Trabajar en la implementación del nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal.

Economía digital
Colombia es el país de la Ocde con menor penetración de internet de banda ancha tanto móvil como fijo (UIT, 2022). En los hogares del cuartil 1 de la distribución solo 21,9% tiene conexión a Internet, mientras que en el cuartil 4 esta cifra asciende a 86,2%,reportó la Ocde. En 17 departamentos del país menos del 50% de los hogares tiene acceso a Internet, mientras en Bogotá este porcentaje asciende a 81,5%.

Como efecto de estos indicadores, Colombia ocupó el lugar 57 entre 63 países en el factor de conocimiento del Ranking Mundial de Competitividad Digital 2022. El CPC recomienda fomentar alianzas público-privadas para extender servicios digitales a zonas rurales y remotas. Acelerar el avance del plan de despliegue de redes de quinta generación (5G) y nuevas tecnologías inalámbricas de wifi. Promover soluciones público-privadas para proveer formación de habilidades digitales y tecnológicas.

Energía
En medio de los altos costos de la energía y la incertidumbre por el futuro de los hidrocarburos, el balance del CPC muestra que las reservas probadas de gas natural en Colombia cuentan con un horizonte de abastecimiento de tan solo 8 años, citando a la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Durante el primer semestre de 2022, los precios de los contratos regulados y no regulados han mantenido una tendencia al alza, ubicándose alrededor de los $250 por kWh según XM. "En 2020, cerca del 44,4% de la energía consumida por la economía fue utilizada de forma ineficiente, mientras que las pérdidas de energía representaron el 21,0 % de la demanda" detalló la Upme este año.

El Consejo Privado de Competitividad recomendó continuar el desarrollo de una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos. Asegurar la confiabilidad y el suministro de energía a través de la diversificación de la matriz de generación nacional. Y por último, potenciar la estrategia nacional de sustitución de leña con fines energéticos.

Educación
El reporte encontró que 73% de los estudiantes de grado 11 quiere conocer más información sobre el paso a la educación superior, pero no sabe cómo obtenerla. Igualmente, 8,4% de los hogares tienen por lo menos un miembro de su hogar mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir a luz del Dane. Y en 2021 hubo un aumento de 5,7% de matriculados respecto respecto al 2020, lo que indica una recuperación en la retención escolar del sistema educativo, así lo calculó el cálculos CPC por el Snies de 2020. Y concluye que otra cifra preocupante está en que solo 30,3% de los jóvenes entre 25 y 34 años cuenta con educación superior.

Las principales recomendaciones dicen que se debe desarrollar una estrategia de implementación de alertas tempranas, para atender a los jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior. Promover el acceso a la oferta de educación posmedia, no solo en nivel universitario, sino también en el nivel técnico y tecnológico a través de programas en el marco del Subsistema de Formación para el Trabajo.

El CPC también ve como relevante que se debe crear el sistema de educación y formación dual en el país y definir un sistema de gobernanza en el que las empresas desempeñen un papel destacado, y que además garantice el cierre de brechas de capital humano.

Salud
El próximo año se conocerá el articulado que propone una modificación al sistema de Salud. Previo al proyecto de ley, hoy el balance del sector muestra que el Sistema General de Seguridad Social en Salud ha ampliado su
cobertura de manera notable en las últimas décadas. A septiembre de 2022, cubría al 98,8 % de la población según el MinSalud. Las barreras como la oportunidad de la cita, la ubicación geográfica del centro de atención o la cantidad de trámites impidieron que 28% de las personas recibiera o solicitara atención médica en 2021.

Entre el año 2000 y 2021, en promedio, 30% de las tutelas interpuestas han invocado el derecho a la salud según registró la Corte Constitucional el año pasado, lo que deja ver las necesidades de las personas frente a los temas generales.

El Informe Nacional de Competitividad sugiere usar sistemáticamente tecnologías digitales para favorecer mejores resultados en salud y eficiencia. Introducir un pago por desempeño para las entidades promotoras de salud (EPS). Evaluar los riesgos de mediano y largo plazo generados o agravados por la pandemia sobre la salud poblacional.

El mercado laboral
La informalidad laboral, medida como el porcentaje de personas que no tienen acceso a seguridad social, representa 61,5% de la población ocupada, según cálculos del CPC, a partir de la Gran encuesta integrada de hogares del Dane.

Adicionalmente, 60% de la población ocupada reporta ingresos laborales inferiores al salario mínimo según el Dane, y por lo menos 20,7% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo para el balance de 2021. En Colombia hay alrededor de 2,9 millones de jóvenes NiNi, de los cuales 67 % son mujeres. Otro punto está en que 27,9% de los trabajadores están en condición de pobreza, alerta el CPC, y 64 % de los empleadores en Colombia reporta dificultades para llenar sus vacantes tal como lo encontró Manpower el año pasado.

El informe entonces, propone para la discusión de la situación laboral, "se tiene que actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y responder adecuadamente a los retos de las nuevas economías colaborativas. Reducir costos laborales no salariales asociados a la contratación formal y regular la estabilidad laboral. Continuar con los avances en la Política Nacional del Cuidado. Crear un seguro de desempleo, reformar el régimen de cesantías para dicho rol".

Productividad agropecuaria
El documento también hace un llamado a que el sector agropecuario ocupa el 60,6 % de la población rural, generando el 15 % del empleo a nivel nacional. La pobreza multidimensional en las ciudades es 11,5% en las zonas rurales registra 31%. La tasa promedio de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) agropecuaria entre los años 2001 y 2016 fue de 0,63%.

Sus recomendaciones explican que se debe avanzar en la implementación del Sistema Nacional Unificado
de Información Agropecuaria Rural y su interoperabilidad con la información de otras fuentes como Mi Registro Rural de Minagricultura; Sisben IV y el Catastro Multipropósito. Avanzar en la implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (Snia). 3. Avanzar en la implementación del catastro multipropósito con enfoque de ordenamiento social de la propiedad rural.

Ciencia, tecnología e innovación
En el bienio 2019-2020, menos del 0,5 % de las empresas del sector manufacturero innovaron en sentido estricto, 25,8 % lo hicieron en sentido amplio, 3,1 % se clasificaron como potencialmente innovadoras y 70,9% fueron clasificadas como no innovadoras. Colombia se ubicó en el puesto 63 de 132 países en el Índice Global de Innovación (GII) 2022 subiendo cuatro posiciones en comparación con el GII 2021.

La inversión en I+D se ha mantenido en la última década en niveles entre 0,20 % y 0,37 % del PIB, alcanzando un máximo en el año 2015. La inversión pública en CTI debe dar un salto en órdenes de magnitud para avanzar hacia la sociedad del conocimiento en línea con la visión de la Misión de Sabios.

El Consejo de Competitividad puntualizó que sugieren que implementar el Marco de Inversión en la CTI para lograr incrementar los recursos públicos hacia la CTI y apropiar su rol transversal en los distintos sectores. Reformar los estímulos a la productividad académica para aumentar su calidad e impacto en innovación. Vincular al sector empresarial en programas relacionados con la apropiación social del conocimiento en el marco de la CTI.