Los puntos clave del articulado de reforma a la salud que se radicará en el Congreso

Después de la tributaria, en 2023 el Gobierno se centrará en tres reformas claves: la laboral, la pensional y la de salud, esta última será de las primeras en ser radicadas en el Congreso, este mes.

La República conoció los puntos clave que se incluirán en dicho articulado, que busca modificar el sistema actual, para generar mayor cobertura. Uno de los primeros tiene que ver con la creación de una Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, que iniciará funciones 30 días después de que se sancione la Ley y que buscará establecer la inversión para actuar en cuanto a 15 determinantes de salud, dentro de los que se incluyen el acceso a agua potable, la disponibilidad de alimentos y el acceso al transporte.

Los presupuestos proyectados por la Comisión para incidir en los determinantes de salud, se incorporarían de forma obligatoria al proyecto de Plan de Desarrollo y Presupuesto Plurianual de inversiones.

Financiación del sistema

En el capítulo que tiene que ver con el financiamiento del sistema, se propone la creación de un Fondo Único Público para la Salud, con persona jurídica de carácter público, administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres), con presupuesto, administración, dirección y personal propios.

Dicho fondo estará adscrito al Ministerio de Salud y fungirá como una Junta Directiva, con una persona que lo administre. Y bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

Entre sus funciones, estará favorecer la eliminación de las inequidades prevalentes en materia de salud, riesgos laborales y accidentes de tránsito; propiciar la asignación, transferencia y gasto equitativo de los recursos, integrar los recursos públicos disponibles para garantizar la Atención Primaria Integral en Salud (Apis), entre otros.

Aunque el fondo no hará parte del Presupuesto General de la Nación, sí de la contabilidad del gasto público. Un porcentaje se financiará con recursos fiscales, tales como el Sistema General de Participaciones, parte del Presupuesto General y recursos provenientes del impuesto a la compra de armas, correspondiente al 20% de un salario mínimo mensual; y con recursos parafiscales, que incluyen las cotizaciones para la seguridad social en salud de empleados y trabajadores independientes, 2% del aporte a las Cajas de Compensación Familiar y rendimientos financieros.

En ese sentido, el documento recalca que la financiación de la seguridad social en salud debe ser tripartita, por lo que todas las empresas deben aportar al Fondo, de conformidad con los contratos de trabajo suscritos y por los contratistas en el caso de la prestación de servicios personales.

"Todos los trabajadores dependientes e independientes, así como los contratistas de prestación de servicios y rentistas de capital deben cotizar a la seguridad social en proporción a su ingreso, cotización que en caso de no hacerse generará una deuda exigible con el sistema y se constituirá en obligación fiscal que generará cobro coactivo", dice en el documento.

Este apartado también establece que no se podrán establecer barreras económicas para acceder a los beneficios del sistema, como los copagos o las cuotas moderadoras. Y también elimina condiciones como preexistencias o exigir periodos mínimos de cotización.

Para el funcionamiento del fondo, se plantea la creación de la Central Única de Recaudo para el Sistema de Seguridad Social en Salud, encargada de recaudar todos los aportes de cotizaciones en salud y accidentes de tránsito en todo el país. El mecanismo de recaudo sería electrónico y con un sistema único de identificación de usuarios.

El fondo tendrá 10 cuentas para la distribución de los recursos, como Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud, Servicios Ambulatorios y Hospitalarios Especializados y la Promoción de la Salud en el Trabajo. El MinSalud estudiará los costos que permitan ajustar semestralmente las proporciones de la asignación de los recursos a las cuentas y podrá presentar al Consejo Nacional de Salud propuesta de incremento de asignaciones.

Existiría una figura de fondos territoriales de salud, administrados por las Direcciones Territoriales de Salud, que se encargarían de recibir los recursos de las transferencias del Fondo Único Público para la Salud de cada territorio, sumándolos a los recursos de otros orígenes.

Con este esquema de financiación, se buscará entonces derogar los artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley 715 de 2001, que definen la distribución de los recursos para la salud.

Administración de los recursos

Una vez definidos los recursos y los fondos de salud a los que llegarán, el documento también establece los administradores. Los fondos territoriales de salud, por un lado, los administrarán las direcciones territoriales de salud, que recaudarán los recursos de los entes territoriales, distribuirlos, organizar el presupuesto y rendir cuentas.

Para garantizar el manejo técnico de los recursos correspondientes a los fondos municipales, se constituirán Unidades Zonales de Planeación y Evaluación en Salud, como organismos técnicos descentralizados de las direcciones departamentales y 31 distritales de salud, que integren municipios o localidades con grupos poblacionales no menores de 100.000 habitantes y no mayores de un millón de habitantes.

Prestación de servicios de salud

En cuanto a la atención del sistema, se establece que cualquier persona pueda solicitar la atención en salud, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Con este principio, se busca que haya cobertura de la población migrante, tanto la regularizada como la no regularizada.

"Igualmente, a los extranjeros con residencia temporal y los turistas, sin perjuicio de que se le exija a esta cobertura de un seguro de salud internacional, contra el cual los Fondos Regionales de seguridad Social puedan generar recobros por los servicios prestados".

Sobre las Empresas Sociales del Estado (ESE), estarán vigentes hasta la reglamentación de las instituciones que en el nuevo sistema entren a cumplir las funciones y competencias asignadas a dichas entidades. Pero se conservará toda la estructura locativa y operativa de las Empresas Sociales del Estado, para la actualización de la capacidad operativa del sistema.

También se reglamentarán nuevas tecnologías como la telemedicina. El proceso será de dos etapas, en la primera, se hará la reglamentación técnica y operativa de los sistemas de tecnología de la información y la comunicación, con un periodo máximo de un año. Y en la segunda, se reconocerá a la telemedicina como un componente de la autonomía médica, con parámetros definidos en una comisión de expertos del área de la salud.

El documento establece la estrategia de Atención Primaria Integral en Salud, que busca, mediante
tecnologías y métodos sociales, clínicos, técnicos, tecnológicos y científicos, promover la salud, prevenir la enfermedad y proveer asistencia esencial. Todos los ciudadanos deberán estar adscritos a un Centro de Atención Primaria en función de la cercanía a su lugar de residencia

¿Y las EPS?

Uno de los puntos clave, y de los más controversiales, es que el documento buscará que se acabe con la figura de las EPS, pues dice que “culminados los términos de vigencia del periodo de transición, las funciones referentes a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb) quedan derogadas ante la no continuidad de la existencia de estas figuras”.

A este punto, precisamente, se han referido varios de los gremios del sector. Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, señaló que “lo que creemos es que se va a estatizar la salud. El Estado define las políticas, regula, pero el Estado no es un prestador eficiente de los servicios. Aquí se dieron las oportunidades a que entidades públicas, privadas, con y sin animo de lucro, pudieran participar en este esquema de aseguramiento individual y el sistema ha funcionado”.

Pero las opiniones están divididas. “Eliminar las EPS no significa cerrar clínicas y hospitales, que son las IPS. Eliminar las EPS solo elimina la intermediación financiera”, dijo Wilson Arias, senador por el Pacto Histórico.

Reformar la política laboral

Otro de los ejes centrales estará en una reforma a la política laboral del sector de la salud. Según se conoció, tras la reunión del Ministerio de Salud con la Comisión Séptima del Senado que se llevó a cabo esta semana, se busca que las personas que trabajan en el sector pasen a ser empleados del Estado.

En concreto, los empleados públicos serán de libre nombramiento y remoción, mientras que en el caso de los gerentes de hospitales se realizarán pruebas para que se escojan a través de meritocracia y, para los demás funcionarios, se creará una categoría especial: ‘trabajadores estatales de la salud’.