Un Registro Universal de Ingresos, entre los consejos para mejorar la competitividad

Hoy el Consejo Privado de Competitividad, CPC, presentará el Informe Nacional de Competitividad. La organización resalta que estos resultados se darán en un momento de "profundas discusiones" a nivel nacional en áreas como educación, salud, empleo y pensiones.

Previo al lanzamiento del informe, en LR le damos a conocer algunos datos que presentará el documento. El informe de este año busca enfatizar el factor de la confianza a lo largo de sus 16 capítulos, y de la separata especial "Confiar para crecer: una red invisible que transforma la sociedad". Así, la organización destaca así la confianza como un factor esencial para la vida productiva en sociedad, para la construcción de colaboraciones y para el diseño de futuros soñados.

Los resultados

Teniendo lo anterior en cuenta, el informe llega a algunos datos clave que dan cuenta si se está incentivando o no a la confianza como un factor de la vida productiva. Por ejemplo, en 2022, 56,1% de las normas emitidas tuvieron un carácter no sustancial, es decir, atendían asuntos procedimentales o administrativos.

Asimismo, se estima que el componente inflexible del gasto del Presupuesto General de la Nación alcanzó 90,9% en 2021, dificultando la optimización de ese gasto. El informe también tiene un capítulo sobre Justicia y seguridad, en el que los principales datos muestran que en Colombia hacer cumplir un contrato comercial tarda 1.288 días, "un tiempo muy largo considerando que, en promedio, los países de la Ocde solo necesitan 609 días".

De acuerdo con el mismo Consejo Privado de Competitividad, los tribunales de las jurisdicciones contencioso-administrativa y ordinaria enfrentan una alta congestión judicial. "Durante 2022, en el primer caso solo se logró evacuar seis de cada 10 casos; y en el segundo, siete de cada 10", dice el informe.

Y agregan que a pesar de que el uso de los mecanismos de resolución de conflictos, MRC, aumentó 10,7% en 2022 con respecto a 2021, las conciliaciones tramitadas representan solo 5,9 % del total de ingresos de la Rama Judicial. "Todos estos datos van en contravía de la certidumbre y confianza en el sistema que permita a su vez entrar en relaciones bilaterales y asumir riesgos necesarios para el desarrollo", sostiene el documento.

En Salud, el consejo destaca la ampliación de la cobertura, llegando a abarcar en julio de 2023 a 99% de la población. Además, en 2022, una de cada cuatro tutelas interpuestas en el país invocó el derecho a la salud, pero las tutelas representan solo 0,02% de las atenciones.

En pensiones, el CPC dice que el principal reto en este caso es la generación de recursos suficientes para financiar ingresos de personas que completan su vida laboral. Entre los principales datos del capítulo de pensiones se encuentra que la reducción en las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida llevarán a que entre 2040 y 2050 la población mayor de 60 años sea superior al resto de grupos etarios.

En segundo lugar, 65,4 % de los subsidios están focalizados en el quintil más alto de ingresos. Es decir, en 20% de la población que cuenta con más ingresos. Finalmente, se encontró que en 2022 el gasto en pensiones del Gobierno nacional central fue de 2,6% del PIB.

Recomendaciones

Con estos resultados, el CPC hace algunas recomendaciones sobre las áreas mencionadas anteriormente. Sobre la eficiencia del Estado, plantean implementar un programa de evaluación y modificación de la regulación basado en la medición de costos.

Asimismo, proponen consolidar el Registro Universal de Ingresos como único instrumento de focalización de los subsidios y programas sociales. Ampliar la oferta de evaluaciones de política pública y garantizar que informen la toma de decisiones.

En Justicia y Seguridad plantean implementar el uso de analítica de datos e inteligencia artificial en el sistema judicial. También proponen incluir en el Registro Social de Hogares la información que recolectan la Fiscalía General de la Nación, Policía, Inpec y la Rama Judicial.

En Salud, plantean usar sistemáticamente tecnologías digitales para favorecer mejores resultados en salud y eficiencia. Preservar el sistema de aseguramiento e introducir un pago por desempeño para las EPS y construir una estrategia para la financiación de largo plazo de la digitalización del sector salud.

En Pensiones, la propuesta consiste en incorporar mecanismos automáticos de monitoreo y ajustes de parámetros anclados a variables como la esperanza de vida, variación de los salarios o rentabilidad de los mercados. Migrar a un esquema multipilar en donde el régimen público asuma las transferencias inferiores a un salario mínimo, y el sistema de capitalización, las pensiones iguales o superiores a dicho ingreso. Además, piden focalizar el uso del gasto público en la población más vulnerable.

Finalmente, en cuanto al sistema tributario, la propuesta consiste en avanzar hacia un sistema con declaración tributaria universal (DTU). La DTU no necesariamente tendría que generar pago para umbrales inferiores a los actuales. Este sistema permitiría consolidar información y cotejar las características de la población.

También proponen implementar un sistema de información unificado y simple, y que integre toda la información de los contribuyentes y de todas sus actividades productivas; así como reducir la tasa estatutaria de renta para las personas jurídicas.